El drama de seis trabajadoras del Hospital Dr. Pastor Oropeza que fueron despedidas sin justificación por las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, parece recrudecerse con el paso de las horas mientras realizan una huelga de hambre en el centro asistencial.
Como se informó días atrás, cinco enfermeras y una camarera fueron suspendidas de sus puestos de trabajo en el año 2002 sin recibir mayores explicaciones. En consecuencia, solicitaron ayuda en los organismos con competencia en aras de alcanzar una solución que les permitiera regresar a sus labores.
Sin embargo, ocho años pasaron sin que ningún ente se preocupara por hacer cumplir la ley, o ejecutar la orden de reincorporación emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y la Inspectoría del Trabajo.
Desde el pasado lunes la enfermera Norma Hernández inició la huelga de hambre, sumándose el día martes otra de las afectadas, Yesenia Chávez.
Al respecto, la camarera despedida Osmary Escalona explicó que la falta de ingesta de alimentos y líquidos, comienza a pasar factura a la salud de las enfermeras. "Son más de 50 horas sin probar bocado, deteriorando el estado anímico de nuestras colegas que exigen respeto al derecho al trabajo. Comenzaron a presentar deshidratación, tensión alta y decaimiento general", dijo.
Pudo conocerse que la segunda enfermera sumada a la protesta decidió no aceptar ningún tipo de hidratación mientras no sean escuchados sus requerimientos.
Tres peticiones
El grupo de trabajadoras despedidas exige tres beneficios específicos. El primero corresponde a la reincorporación a sus puestos de trabajo.
Igualmente reclaman la inclusión de las seis agraviadas a la nómina fija del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y demandan la cancelación inmediata de sus salarios caídos.
Por otra parte, Osmary Escalona afirmó que la jefa de Recursos Humanos del centro de salud, licencia Norcarid Sequera, ofreció a dos de las trabajadoras la reincorporación a sus puestos de trabajo con el fin de debilitar el espíritu de lucha sostenido hasta el momento. "Creen que sembrando división podrán apaciguar nuestra lucha", sentenció.
El despliegue policial se evidencia en las áreas internas y externas del Hospital Dr. Pastor Oropeza, impidiendo el acceso a algunos dirigentes e incluso medios de comunicación.
En este sentido, Escalona denunció un rumor sobre la supuesta intervención de la Guardia Nacional a propósito de desalojar a las huelguistas. "De tomar acciones violentas, seremos mucho más radicales en nuestra protesta. Rechazamos cualquier amedrentamiento que se levante contra nosotras", dijo
Apoyo gremial
Las demostraciones de solidaridad de diferentes asociaciones gremiales no se han hecho esperar.
Escalona agradeció el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Sutivss), así como la presencia de diferentes organizaciones sindicales. "El Colegio de Enfermeras a nivel nacional nos dio su apoyo y también el Sindicato de Obreros Educacionales, demostrando que tenemos gente dispuesta a dar la cara por nosotras", informaron.
Las agraviadas no descartan la posibilidad de mantener un diálogo franco con una Comisión Especial enviada desde la sede del IVSS, proveniente de Caracas.
Finalmente, el grupo de trabajadoras hizo un llamado a los organismos con competencia, autoridades gubernamentales y municipales, a tomar las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud y al trabajo, consagrados en la constitución nacional.
Interrupción a la labor periodística
Cuando el equipo reporteril intentó ingresar a las instalaciones del Hospital Dr. Pastor Oropeza, el cuerpo de seguridad del centro asistencial no permitió su entrada bajo ningún concepto.
Pese a las explicaciones emitidas por los periodistas, los vigilantes impidieron el acceso tras una orden emitida por Orlando López, Jefe de prevención y pérdidas del IVSS.
Es importante destacar que ningún ciudadano en toda la geografía nacional puede ser privado de ingresar a un centro de salud.
Además, la libertad de información es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y cualquier vulneración a sus disposiciones se considera un delito grave. ¿Qué esconden?.
Las huelguistas hablaron
Norkys Hernández: "Ocho años de lucha"
Tenía seis meses ofreciendo mis servicios cuando sin ninguna contemplación me despidieron. Llevo ocho años luchando por volver a mi trabajo, porque tengo muchas necesidades económicas. La licenciada Norcarid Sequera me ofreció el reenganche junto a otra compañera, pero lo rechazamos porque la lucha es por todas.
Belkys Suárez: "No me pagaron mis beneficios"
Ofrecí 18 años de servicio y me despidieron sin decirme el porqué. Hoy día tengo que hacer muchas guardias para lograr subsistir y llevar dinero a mi casa. En el 2005 me reengancharon y me despidieron tres meses después, cancelándome solo una parte de lo que me debían, esto es un atropello.
Osmary Escalona: "Ya no más"
Trabajé durante seis meses en el Instituto y formo parte del grupo que quedó sin empleo. Exigimos una respuesta rápida inmediata de las autoridades pues somos gente honesta que merece respeto. Nuestras compañeras comenzaron a deteriorarse por esta ardua lucha.
Haydeluz Cardozo
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