Diálogo social. Artículo de León Arismendi,

El diálogo social es consustancial a la democracia y constituye un medio eficaz para construir consensos en las relaciones de trabajo, ayudar al progreso con equidad y afianzar la convivencia pacífica.

Para la OIT, “el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas ­e incluso el mero intercambio de información­ entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadoressobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Las condiciones indispensables para su práctica son:
a) La existencia de organizaciones sindicales, de trabajadores y de patronos, sólidas e independientes con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios.
b) Voluntad política y compromiso de los interesados.
c) Respeto a la Libertad Sindical y al Derecho de negociación Colectiva.
d) Un apoyo institucional adecuado.” La República Bolivariana de Venezuela se define como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como derechos fundamentales, lo cual daría pie para pensar en la existencia de una institucionalidad adecuada para que haya diálogo social. Además, de acuerdo con la Constitución, la democracia participativa y protagónica supone la activa intervención de los actores sociales en la determinación de las políticas públicas; en particular, en aquellos que afectan sus derechos e intereses. No obstante, las ejecutorias oficiales se han convertido en obstáculo insalvable para que haya diálogo social. En su obstinado empeño por imponer una ideología que encierra una presunta verdad única e incontrovertible, que nos hará felices así no queramos, el gobierno nacional no admite contradictores y exige aceptación incondicional. El reconocimiento del “otro”, que está en la base de todo diálogo, es inadmisible para la revolución. Por tal razón, los sindicatos autónomos e independientes, por el solo hecho de serlos, son escarnecidos desde el poder. Por eso, las prácticas antisindicales se convirtieron en políticas de Estado; el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público ha sido conculcado y las protestas de quienes lo exigen se criminalizan.
La excusa preferida del gobierno para negarse a negociar nada es la descalificación de los representantes de las organizaciones, de trabajadores y de empleadores, etiquetándolos de “cúpulas”. Desde su peculiar perspectiva, el verdadero diálogo es el que realiza el Presidente con el “pueblo” en sus cadenas, o el que tiene lugar en los órganos del denominado poder popular.
En fin, en nuestro país no se cumple ninguno de los cuatro requisitos arriba enunciados, ni el gobierno tiene el menor interés en cumplirlos. La ausencia de diálogo social y de instituciones que lo propicien no deja lugar a dudas de la responsabilidad oficial en el fomento de la conflictividad y la confrontación.
Menos mal que el 2012 está a la vuelta de la esquina.

Trabajo Decente, estrategia de la OIT para combatir la pobreza.Articulo de Jose Maria Fernandez.

El concepto promueve el diálogo social y el tripartismo que  supone conjugar la competencia de los contrarios con la cooperación.

Trabajo Decente, estrategia de la OIT para combatir la pobreza

La Escuela de Relaciones Industriales de la universidad Católica Andrés Bello sede Guayana ha realizado una serie de eventos con motivo de celebrarse en octubre de cada año la “Jornada Mundial del Trabajo Decente” que han consistido en entrevistas publicadas por los medios escritos de la ciudad, programas de radio, entrevistas televisivas que han culminado con la celebración de un Foro el día 14 del mismo mes. El objetivo de tales actividades consiste en difundir la categoría del Trabajo Decente acuñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los habitantes de Ciudad Guayana y en promover lugares de encuentro entre los actores sociales (empleadores, trabajadores, universidades y gobierno) para activar acciones y acuerdos que nos impulsen a la creación de empleos dignos y productivos.
Pero ¿qué es el Trabajo Decente? A mucha gente le causa sorpresa el término pues asignan al adjetivo decente una connotación moral y les sugiere preguntas como ¿es que nuestro trabajo es indecente? Así mismo otros prefieren hablar de empleo en vez de trabajo pues este lo sufrimos siempre pero el empleo no. Sin embargo la Real Academia de la Lengua  define también “trabajo” como ocupación retribuida, y “decente” como suficiente en cantidad y calidad. En todo caso la OIT acuñó esta categoría internacionalmente y le asignó el siguiente significado: “Trabajo Decente es trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT 1999).
Este concepto supone una concentración y síntesis de los derechos, avances, y logros alcanzados por los trabajadores y empleadores con respecto al mundo laboral y su relación con el desarrollo económico y social de los países.
Los países miembros de la OIT institucionalizaron el concepto de Trabajo Decente en la “Declaración conjunta de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” (2008) y se comprometieron a promover el Programa de Trabajo Decente como estrategia del Desarrollo y superación de la pobreza.
A este programa le asigna cuatro objetivos que son los componentes esenciales del mismo:
1. Promover el empleo creando un entorno económico sostenible. En medio de la crisis económica y social que sufre el mundo, la prioridad en la agenda del desarrollo será la creación de nuevos y mejores empleos productivos que aporten valor agregado a la economía y que la hagan sustentable en el tiempo. Para ello es necesario preparar a las personas para la empleabilidad en un mundo en que las demandas cambian rápidamente y donde el conocimiento es elemento esencial de las nuevas demandas de personal. La urgencia de crear un Sistema Nacional de cualificaciones de oficios por competencias y la necesidad de invertir fundamentalmente en formación de recursos humanos para nuevas profesiones que demanda la sociedad es tarea impostergable.
Simultáneamente se debe promover el emprendedurismo y se deben aplicar políticas para que las empresas sean sostenibles en el tiempo y puedan generar por medio de la investigación e innovación nuevas fuentes de trabajo decente.
2. Adoptar medidas de protección social: Este objetivo supone crear un sistema de seguridad social que garantice unas condiciones saludables y seguras en el trabajo, protección de los trabajadores y su familia frente a problemas de salud y educación, asistencia y jubilación digna para disfrutar la  tercera edad, justa distribución de salarios y ganancias para llevar una vida digna.
3. Promover el diálogo social y el tripartismo: En un mundo posmoderno donde las visiones del mundo son tan diversas, y los intereses de grupo tienden a confrontar y dominar al adversario, es necesario crear espacios de encuentro y acuerdos básicos fundamentales para lograr objetivos superiores que a la larga beneficiarán a todas las organizaciones en conflicto. El tripartismo supone conjugar la competencia de los contrarios con la cooperación. Sólo logrando consensos en función de objetivos comunes un país podrá alcanzar niveles superiores de desarrollo. Por ello es fundamental para lograr un crecimiento sostenible que exista una mesa de diálogo y acuerdos entre empleadores, trabajadores y gobierno.
4. Respetar y promover los principios fundamentales en el trabajo: El derecho de los trabajadores y empleadores de asociarse libremente para defender sus intereses es un derecho humano fundamental. La libertad de asociación, libertad sindical, y el derecho a la negociación colectiva han sido conquistas logradas por trabajadores y empleadores. Es esencial a estas organizaciones su autonomía de funcionamiento sin ningún tipo de dependencia de gobierno o ideología. La agenda del trabajo decente promueve el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales autónomas y la facultad que tengan estas de forma independiente a suscribir convenciones colectivas de trabajo donde se fijen las normas de relación laboral empleador-empleado.
Estos cuatro objetivos constituyen el reto principal planteado en función de lograr trabajo decente para todos.

No puede dejarse ninguno de lado. Bien articulados y aplicados contribuyen al desarrollo de un círculo virtuoso de crecimiento económico que impulsa un desarrollo social y éste de nuevo induce a un crecimiento económico sostenible.
Es hora de que autoridades, sindicatos, cámaras de empleadores y universidades se sumen en Venezuela y Ciudad Guayana a la tarea de promover el trabajo decente como estrategia para superar la pobreza y lograr un desarrollo humano sostenible y calidad de vida para la población.jfernandar@cantv.net

Informe sobre el derecho a la libertad sindical en Venezuela presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por

conflictove

– Viernes, 28 de octubre de 2011Publicado en: Criminalización de la protesta, Informes y Documentos, Laboral

PROVEA, Espacio Público, FADESS y el Sindicato Carbonorca presentaron un informe sobre la libertad sindical en Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La  judicialización de la Libertad Sindical en Venezuela y el asesinato de sindicalistas.

El Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos (Fades), el Sindicato Carbonorca, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA),  y la organización Espacio Público tenemos el honor de dirigirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Ilustre Comisión”, “la Comisión” “la Comisión Interamericana”), para exponer la preocupante situación del  creciente proceso de restricciones a la libertad sindical incluyendo la apertura de juicios penales a a líderes sindicales y asociados de sindicatos por ejercer el derecho a la huelga y el derecho a la manifestación pacífica e igualmente aportar información sobre  el asesinato de sindicalistas en Venezuela.

Como bien lo expresó  la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela,  una de las preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos es  el uso de figuras penales para detener a personas en el marco de manifestaciones contra políticas oficiales. Uso que se extiende a quienes participan en paros y huelgas.

El uso de tales figuras viene afectando a líderes campesinos, estudiantiles, comunitarios y sindicales.

Si bien no podemos afirmar que en nuestro país los sindicalistas no tienen la posibilidad de ejercer sus funciones, asociarse y realizar procesos de exigibilidad de derechos, si existe un progresivo proceso de restricción a la garantía del ejercicio de la libertad sindical y un incremento de los riesgos a la vida, la integridad persona y la libertad por desarrollar acciones de naturaleza sindical.

Se desarrollan por patrones públicos y privados y por funcionarios del Estado un conjunto de medidas antisindicales que se expresan entre otras formas a través de: descalificación pública por parte de funcionarios, amenazas públicas o privadas, apertura de juicios penales, medidas cautelares dictadas por jueces penales que prohíben a los sindicalistas acercarse a los centros de trabajo, amenaza de despido a trabajadores si participan en asambleas, prohibición de realización de asambleas en jornada laboral, despidos injustificados y asesinato de sindicalistas.

Uno de los aspectos más preocupantes es la  política de Estado  de judicialización del ejercicio de la libertad sindical. Se somete a sindicalistas a investigaciones penales, se les procesa y en algunos casos se les encarcela por convocar concentraciones, paros o huelgas en reclamos de derechos laborales.  Esta política es un componente del proceso de criminalización de la protesta pacífica, que viene siendo denunciada desde 2009 por diversas organizaciones sociales en el país. (1)

A la fecha más de 2500 activistas sociales se encuentran sometidos a juicios de naturaleza penal por ejercer el derecho a la manifestación pacífica o participar en acciones sindicales.

Aproximadamente 150 sindicalistas están sometidos a procesos penales. Es una política que pretende intimidar a la dirigencia sindical del país y obstaculizar los procesos de exigibilidad que desarrollan trabajadores y trabajadoras de distintos sectores y regiones de Venezuela.

El sector laboral encabeza las protestas en el país. Las acciones de exigibilidad de derechos a través de paros, huelgas, tomas de establecimientos, cierre de calle, concentraciones y otras modalidades sumaron durante todo el 2010 la cantidad de 1121 de un total de 3114 equivalente al 36% (2). En el primer semestre de 2011 de un total de 2365 protestas, el sector laboral protagonizó 989, es decir, el 41,82%, lo cual evidencia una línea ascendente de descontento y disposición a exigir los derechos. (3)

Frente a esa incesante exigencias de derechos, la apertura de procesos penales pretender intimidar a los sindicalistas y a los afiliados de las organizaciones sindicales como una manera de generar desmovilización en el sector laboral.

Las acusaciones más frecuentes son delitos contra la seguridad de la nación, violación de zonas de seguridad, asociación para delinquir,  obstrucción de vías y restricción a la  libertad del trabajo.

Entre los dispositivos legales que se usan para iniciar procedimientos penales están: el artículo 139 del Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; el Código Penal Venezolano reformado el 13 de abril de 2005 y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Esta última Ley y el mencionado artículo 139 del Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes, prácticamente eliminan el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadores. Dicha normativa castiga con prisión a quienes paralicen servicios públicos o impidan el traslado de bienes esenciales para la población. Cualquier acción sindical que paralice parcial o totalmente un establecimiento que preste servicio público puede dar lugar a un proceso de naturaleza penal. De la misma manera una acción de calle que sea considerada la causa por la cual no fue posible el traslado de bienes esenciales  (combustible, alimentos, medicinas, etc) puede ser usada por el Ministerio Público para imputar a cualquier persona que participe de la protesta.

Caso emblemático de judicialización del ejercicio de la libertad sindical lo constituye la sentencia  mediante la cual se condenó al sindicalista Rubén González, Secretario General del Sindicato que agrupa a los trabajadores de la empresa del Estado Ferrominera del Orinoco, a la pena de siete (7) años, seis (6) meses, veintidós (22) días y doce (12) horas de prisión. (4)

Se le imputaron los delitos de Instigación a Delinquir, establecido en el artículo 283 del Código Penal, Restricción a la Libertad del Trabajo, establecido en el artículo 191 en concordancia con los artículos 192 y 193 del Código Penal (5), e Incumplimiento del Régimen Especial de la Zona de Seguridad, establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en concordancia con los artículos 83 y 80 del Código Penal. La sentencia se dictó cuando el sindicalista tenía más de 12 meses encarcelado.

La decisión judicial produjo una reacción inmediata y contundente de las organizaciones sindicales del país. Dirigentes de casi todas las corrientes laborales y sindicales se pronunciaron en su contra y exhortaron a la realización de un paro nacional para exigir la libertad inmediata de Rubén González.

El repudio generalizado a dicho fallo judicial y la posibilidad que se produjera una situación de protesta a escala nacional, motivó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia  a utilizar el recurso previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (6) y con ello, avocarse a conocer la causa de Rubén González.

Expresó la Sala Penal lo siguiente:

“se procedió al examen de las actas que integran la presente; observándose que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia, en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, se encuentra inmersa en el vicio de inmotivación que infringe principios y garantías constitucionales, como lo son la Tutela Judicial Efectiva y el derecho al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y  49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo necesario el avocamiento y nulidad del referido fallo”  (7)

Del texto se desprende que ademásdel injusto proceso y detención por más de un año, el tribunal dictó sentencia violando varias garantía el derecho humano a la justicia.

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia decretó la libertad restringida de Rubén González quien quedó sometido a régimen de presentación en tribunales cada 45 días.

Como respuesta a su libertad Rubén González expresó: “aunque estoy en la calle la sentencia de la Sala Penal también es injusta pues se debió declarar mi libertad plena ya que lo único que he hecho y continuaré realizando es defender los intereses de los trabajadores en el marco de los derechos que me concede la Constitución”. (8)

Otro caso de judicialización del ejercicio de la libertad sindical es el de los trabajadores de Sintra Callao, en el estado Bolívar. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público en la población de Tumeremo, estado Bolívar imputó a cuatro trabajadores por participar en la paralización de la mina Isidora donde opera la empresa de capital mixto Venrus  (9). Los trabajadores exigían se discutiera la convención colectiva que tiene más de seis años vencida. Se les imputó los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir e impedimento al trabajo. (10)

El 05.09.2011 cumplieron cuatro años bajo régimen de libertad restringida y presentación periódica en tribunales 3 dirigentes sindicales y 11 trabajadores de la empresa Transporte Camila, del estado Bolìvar. El juicio ha sido suspendido en varias oportunidades. (11)

Los sindicalistas y trabajadores de esta empresa al estar sometidos a régimen de presentación no pueden trasladarse fuera de la región donde habitan sin autorización del tribunal, no pueden participar en asambleas y acciones laborales y no pueden declarar públicamente sobre su caso.

Hay que resaltar que entre los años 2009 y 2011 sindicalistas de varias empresas e instituciones públicas antes de recibir libertad condicional bajo régimen de presentación estuvieron varios meses encarcelados. Es el caso por ejemplo de 11  trabajadores de Petróleos de Venezuela sección Anaco detenidos por realizar una toma pacífica del Ministerio del Trabajo  y 10 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas detenidos por realizar una manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia.

El uso de los tribunales penales para perseguir a sindicalistas no se limita solo a someterlos a libertad restringida y controlada. Jueces dictan medidas cautelas mediante las cuales se impide a sindicalistas convocar asambleas o acercarse a las empresas. La consecuencia de desobedecer la medida es abrir un juicio penal al dirigente sindical.

Es el caso por ejemplo de sindicalistas de la empresa ALENTUY en el Estado Lara en el año 2009 sobre quienes se dictó una medida que les impedía acercarse a las instalaciones de la empresa y conversar con las trabajadoras y trabajadores (12). También ese mismo año se dictó medidas de igual naturaleza a sindicalistas del sector petrolero y de industrias básicas metalmecánicas.

Las amenazas de funcionarios del Estado es otra manera de actuación antisindical. Tales amenazas incluyen la de despedir al dirigente y a quienes acaten sus llamados a asamblea o paros y también amenazas de muerte. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Acosta, Presidente del Sindicato de Empleados del Municipio Sotillo, estado Anzoátegui, quien acusó al Alcalde Stalin Fuentes de amenazas a su persona y afiliados. (13)

Amenazas de despido acompañada de campaña de desprestigio sufre actualmente el sindicalista Carlos Patiño del Sindicato  Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES). El dirigente es uno de los peticionarios de la presente audiencia. Esta Institución del Estado amenaza a los trabajadores y trabajadores de despido si participan en las asambleas o actividades que organiza el sindicato.

Amenazas también recibieron varios dirigentes sindicales de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas. Algunos de ellos además fueron objeto de despidos violándose el fuero sindical. Se les desalojó por la fuerza de las sedes sindicales requiriendo para ello la actuación de organismos policiales. (14)

El dirigente sindical Alexis Polanco, Coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores en el estado Carabobo denunció a principios del año 2011 amenazas de muerte por parte de funcionarios militares y civiles en cargos públicos, que lo obligaron a salir del país por varios meses (15). El sindicalista de amplia trayectoria en el estado Carabobo realizó denuncias sobre hechos de corrupción en los trámites que se realizan en el puerto de Puerto Cabello. Ante las amenazas y falta de garantías por parte de las instituciones del Estado para garantizar su vida, se vio obligado a salir del país.

Varios dirigentes sindicales fueron despedidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura violando el fuero sindical y no garantizando el debido proceso en instancias administrativas.

Hace una semana apenas 49 Trabajadores de la empresa básica Carbonorca, en Puerto Ordaz, estado Bolívar fueron sometidos a calificación de despido por participar en un paro que duró 50 días exigiendo cumplimiento a la contratación colectiva. La misma empresa anunció que se solicitará el despido de 100 trabajadores más. Esta situación impidió que su Secretario General el sindicalista Emilio Campos pudiera estar presente en la audiencia ante esta instancia internacional.

Ante toda esta situación de violación a la libertad sindical y convenciones colectivas un conjunto de sindicatos agrupados en el El Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos (Fades) convocaron el pasado 20 de octubre a una jornada nacional obrera de protesta. La convocatoria pretendió ser descalificada por funcionarios públicos acusando a la dirigencia sindical de ser parte de un plan de desestabilización. Aunque en esta oportunidad no se conoce se hayan iniciado acciones penales contra los sindicalistas que convocaron la protesta, advertimos que tal situación pudiese presentarse ya que la mencionada coalición sindical tiene previsto realizar otras convocatorias.

Violencia sindical

La violencia entre sindicalistas (16) o contra sindicalistas cometidas por terceras personas año tras año  deja un saldo de víctimas tanto de muertos como heridos (17). De octubre 2010 a septiembre 2011 fueron asesinados presuntamente por hechos relacionados a  asuntos sindicales un total de 37 sindicalistas.  (18)

Esta situación de violencia que produce muertes de líderes sindicales y trabajadores asociados a los sindicatos se empezó a agravar a partir del año 2005. En un número significativo de los casos, el presunto motivo es la venta de puestos de trabajo por parte de sindicalistas, hecho en el que según denuncian se moviliza una importante cantidad de dinero que se le cobra al trabajador beneficiado.

Para diciembre de 2005 la cifra de personas asesinadas por conflictos relacionados a la venta de puestos de trabajo se elevaba a 45 la mayoría de ellas en el estado Bolívar. Al año siguiente la cifra aumentó a 48 en todo el país. Para septiembre de 2007 el monitoreo realizado por la organización Provea indicó que la cifra bajó a 29homicidios la mayoría bajo la modalidad de sicariato.

En 2008 se incrementó de nuevo hasta 46 trabajadores asesinados.  Ante esta situación, la respuesta de las autoridades ha sido ambigua. Ese año, por primera vez, el Presidente de la República se refirió a la situación del asesinato de sindicalistas.

El propio Presidente ha emitido señales contradictorias. No fue la cifra total de homicidios de sindicalistas lo que motivó su pronunciamiento, sino el asesinato simultáneo de tres dirigentes sindicales de reconocida trayectoria en el estado Aragua. En aquella oportunidad (2008) ordenó se constituyera una Comisión de Alto Nivel que analizara el problema y adoptara medidas adecuadas. La Comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos continuó incrementándose.

Contradictoriamente, el 1 de agosto del 2010, en su columna “Las líneas de Chávez”, negaba la existencia de sindicalistas asesinados en el país: “Debe entender el pueblo colombiano, que en la Venezuela bolivariana no tenemos ni sindicalistas asesinados, ni desplazados, ni fuerzas insurgentes a lo largo y ancho del país; no tenemos grupos paramilitares, ni importantes extensiones de tierra al servicio de la producción de drogas, ni bases militares estadounidenses, ni fosas comunes ahítas de cadáveres. Nadie puede ignorar que éstos sí son elementos definitorios de la realidad colombiana”.

La Defensoría del Pueblo en su último Informe no dedica ni una sola línea al problema. La Fiscal General tampoco se refiere al asunto.

La Comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos se incrementó considerablemente.

De octubre de 2009 a septiembre 2010 se registraron 68 trabajadores asesinados incluyendo varios dirigentes sindicales.

En total desde 2005 hasta la fecha han sido asesinados 273 trabajadores entre líderes sindicales y asociados a sindicatos la mayoría afiliados al sindicato de la construcción.

Un caso emblemático de la violencia sindical durante el año 2011 lo constituyó el asesinato del trabajador de la empresa Ferrominera del Orinoco, ROJAS Renny ocurrido el 09.06.11, a las puertas de la empresa, en medio de una concentración de trabajadores que elegirían la comisión Electoral del Sindicato (19). Un enfrentamiento entre trabajadores de la empresa dejó como saldo el asesinato del trabajador y 2 personas heridas de bala, identificadas como GUILIARTE Luis y LEZAMA Agustín (20). Las investigaciones preliminares señalaron al sindicalista Héctor Maicán como culpable, razón por la cual fue detenido inmediatamente, pero posteriormente quedó en libertad (21). Días después fue detenido un trabajador de la empresa de nombre Rodney Álvarez Rodríguez (22) a quien el Ministerio Público imputó por el homicidio (23).

En un caso similar resultó herido de bala el sindicalista MOROCOIMA José Luis Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Alumina (Sutralumina) (24). En momentos en que se realizaba una asamblea de trabajadores de la empresa CVG Bauxilum personas ajenas a la empresa golpearon a varios trabajadores y dispararon contra el sindicalista. (25)

El estado Bolívar continúa concentrando los mayores hechos de violencia intrasindical y contra los sindicalistas. Sin embargo los asesinatos de sindicalistas en el 2011 se produjeron en el Distrito Capital y en los Estados Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Monagas, Zulia, Mérida  y Falcón.

Según el diagnóstico realizado por diferentes organizaciones de derechos humanos esta posee varias causas. Una de ellas es el debilitamiento del sindicalismo como herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, acumulando vicios e irregularidades que condenan a buena parte de la masa laboral del país al desamparo.

Esta minusvalía ha sido profundizada por los consecutivos ataques a la libertad y autonomía sindical, realizados por algunos voceros del alto gobierno, y la promoción del llamado “paralelismo” sindical, mediante el cual de manera artificial y por decreto se ordena la creación de nuevas organizaciones obreras dentro de las empresas, las cuales rápidamente asumen y extienden las prácticas desviadas  del ejercicio sindical .El Ministerio del Trabajo durante años se ha convertido en un ente promotor del paralelismo sindical en el país y a él se debe una cuota de responsabilidad en la creciente rivalidad intersincal.

Toda la situación de violencia en el campo sindical se ha caracterizado en los últimos años por una alta impunidad. Los asesinatos ocurren, las investigaciones no se realizan o tardan años y quienes ejecutan la violencia se ven favorecidos para repetir hechos violentos.

Según un estudio realizado por las organizaciones de derechos humanos Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y Provea, de 52 casos estudiados hasta el año 2007 apenas 3, es decir sólo el 5.7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esta impunidad es posible, como sugieren las denuncias, por la complicidad no sólo de funcionarios policiales sino también de encargados de los órganos de investigación y administración de justicia. La violencia contra sindicalistas, además, refleja la propia situación de orfandad del derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la vida en el país.

La Ilustre Comisión en sus informes ha realizado una serie de recomendaciones frente a toda esta situación. Igualmente lo ha expresado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Queremos transmitirle a la Comisión algunas de las preocupaciones manifestadas también por la OIT

En febrero de 2001 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo manifestó una vez más preocupación por los asesinatos de sindicalistas, la judicialización del ejercicio de la libertad sindical y la criminalización de las protestas de los y las trabajadoras.

“La Comisión pide al Gobierno  que  comunique  informaciones sobre la totalidad de los casos de violencia antisindical en el país, sobre la apertura de investigaciones y procesos penales contra los responsables, las órdenes de detención emitidas y las sentencias dictadas

La Comisión deplora el elevado número de asesinatos de dirigentes sindicales y de sindicalistas y expresa su grave preocupación ante esta situación y ante el hecho de que las cifras sobre el número de asesinatos alegados por las organizaciones sindicales divergen notablemente con las que derivan de las informaciones suministradas por el Gobierno. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno señala que los autores provienen del «sicariato» y del crimen organizado; toma nota también de la identificación y detención de cierto número de autores, así como de la creación de una mesa de trabajo sobre la violencia en el sector de la construcción y de una comisión especial a petición de la UNT. Sin embargo, la Comisión debe subrayar que corresponde al Gobierno garantizar la vida y la seguridad de todos los dirigentes sindicales. El panorama descrito por las organizaciones sindicales incluye también alegatos de represión de manifestaciones, detenciones, amenazas de muerte y numerosos despidos antisindicales, así como restricciones al derecho de huelga y a la libertad de las personas derivadas de la aplicación de una serie de leyes, desde el Código Penal hasta otras leyes que persiguen garantizar el derecho de las personas en el acceso a bienes y servicios, la lucha contra el acaparamiento, la defensa de la soberanía agroalimentaria, o leyes relativas a productos de primera necesidad o sometidos al control de precios. La Comisión observa que los comentarios de las organizaciones sindicales se refieren también a un número muy elevado de medidas cautelares de presentación periódica ante los tribunales que tienen un efecto intimidatorio en el ejercicio de los derechos sindicales.

La Comisión urge al Gobierno a que cree una comisión tripartita nacional sobre las situaciones de violencia y de violación de derechos fundamentales de los sindicalistas y de las organizaciones de empleadores y sus dirigentes — incluido el examen de las disposiciones penales (y su aplicación) criticadas por las organizaciones sindicales — y que le informe al respecto.

La Comisión pide al Gobierno que se asegure que sean garantizados el derecho a la vida y a la seguridad de las personas, el derecho de manifestación y  el de libre  expresión, así como que se garantice que  el «régimen de presentación» ante la autoridad judicial penal  no se utilice con fines de control o de intimidación de los dirigentes sindicales o empleadores. La Comisión pide además al Gobierno que se asegure  que los derechos sindicales como el derecho de huelga no sean restringidos en base a disposiciones  legales penales ambiguas, invocando  la defensa de otros derechos constitucionales. La Comisión pide al Gobierno que evalúe con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas el impacto de tales disposiciones en sus derechos y en los de sus dirigentes, así como que la informe al respecto  (26)

Aún cuando el Estado de Venezuela continúa desacatando las distantas recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, reiteramos la importancia de continuar orientando y exhortando al Estado para que adopte políticas y medidas que permitan el ejercicio por parte de trabajadores y trabajadores de la libertad sindical sin riesgo a la vida, la integridad física y la libertad.

Peticiones:

1.-Se solicite al Estado de Venezuela una investigación pronta, transparente, imparcial y eficaz sobre los asesinatos de sindicalistas, se establezcan responsabilidades y se impongan sanciones.

2.-Se recomiende al Estado de Venezuela se abstenga de continuar usando tipos penales para procesar a sindicalistas y trabajadores por participar en protestas pacíficas, paros y huelgas.

3.-Se exhorte al Estado de Venezuela garantice el pleno ejercicio de la libertad sindical, cese la política de promover sindicatos paralelos y se respete el fuero sindical.

4.-Cese en las empresas e instituciones del Estado los despidos de dirigentes sindicales o de trabajadores y trabajadoras por participar en actividades convocadas por las organizaciones sindicales y se exhorte a las Inspectorías del Trabajo a impedir estas prácticas en el sector privado.

5. Se recomiende al Estado de Venezuela genere espacios para el diálogo con la dirigencia sindical para canalizar por mecanismos democráticos los reclamos del sector laboral.

Octubre 28 de 2011

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Notas:

1 En el año 2009 organizaciones sindicales, estudiantiles y organizaciones de derechos humanos promovieron una intensa campaña contra la criminalización de la protesta que obligó a pronunciamientos de altos funcionarios del Estado y coadyuvó para que el Ministerio del Interior y Justicia dictara una Resolución que regula la actuación de los organismos policiales en manifestaciones públicas

2 Informe de las organizaciones Espacio Público y Provea sobre manifestaciones en el país durante el año 2010. Disponible en: http://bit.ly/ezq9CF

3 Informe de las organizaciones Espacio Público y Provea sobre manifestaciones en el país durante el primer semestre de 2011. Disponible en: http://bit.ly/pk7JJU

4 La sentencia fue dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia, en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz

5 Idem

6 Artículo 106. Competencia. Cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si se avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Artículo 107. Procedencia. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz  pública o la institucionalidad democrática.

7 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Penal. Sentencia de fecha 03.03.11. Exp Nro 11-88 (en línea) <  HYPERLINK “http://bit.ly/hDRRZK” http://bit.ly/hDRRZK>. Consulta del 19.09.11

8 Entrevista concedida por Rubén González a Provea en fecha 07.07.11

9 Empresa de capital mixto desde 2008 con capitales venezolanos y  de la República Federativa de Rusia

10 Los sindicalistas imputados fueron: Edwar López Secretario General, Ruby Chirinos Secretario de Actas, Alan Ortega  Secretario de Organización y José Infante Secretario de Reclamos.

11 Se les imputan los delitos de violación a la zona de seguridad, apropiación indebida calificada, obstaculización al ejercicio del derecho laboral y hacerse justicia por sus propias manos

12 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Memoria y Cuenta 2010. Capítulo III. Logros institucionales. Versión digital.

13 El Tiempo. Sindicalista dijo que ha recibido amenazas. 09.04.11 pág. 3

14 testimonio presentado ante la organización Provea por los sindicalistas Lexis Vegas, Alexander García y Carlos Salazar en fecha  23.05.11

15 Testimonio de Alexis Polanco ante Provea el 15.06.11

16 Durante seis años organizaciones sindicales y de derechos humanos vienen denunciando enfrentamientos violentos entre sindicalistas por el control de la venta de puestos de trabajo y otras desviaciones de la actividad sindical.

17 Se presume que en muy pocos casos las muertes o heridos son resultado de la acción de funcionarios del Estado o por mandato de éstos.

18 Corresponde al Ministerio Público investigar las causas de los homicidios y determinar responsabilidades

19 Agencia venezolana de Noticias. CICPC y órganos de seguridad de Bolívar investigan muerte de trabajador de Ferrominera (en línea)  Consulta del 16.08.11

20 Los sindicalistas del sindicato de Ferrominera Rubén González como Alfreddo Spooner se acusaron mutuamente de ser responsables de los hechos violentos

21 El sindicalista quedó bajo régimen de presentación cada quince días acusado de porte ilícito de arma de fuego.

22 MINISTERIO PÚBLICO. (en línea) http://www.ministeriopublico.gob.ve” www.ministeriopublico.gob.ve Ministerio Público acusó a hombre por  muerte de trabajador de Ferrominera.   Consulta del 16.08.11

23 El sindicalista Rubén González en entrevista concedida a Provea en fecha 08.07.09 afirmó que el trabajador Rodney Álvarez había sido torturado y se le había prometido libertad si lo acusaba de ser el autor intelectual del homicidio.

24 Agencia Venezolana de Noticias. (en línea)  www.avn. info.ve Mibam rechaza acciones de violencia en portones de empresas básicas  Consulta del 16.08.11

25 En entrevista concedida a Provea  en fecha 10.07.11 el sindicalista acusó a integrantes del grupo Muralla Roja del sector construcción de ser los responsables de los hechos violentos. Por el caso están procesados dos personas uno de ellos Jorge Alejandro Martínez Escalona hijo del líder del sindicato Muralla Roja Andrés Escalona..

26 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. pág 208-223 (en línea) Consulta 12.08.11

ZAPATA

La Causa R oficializó su apoyo a Capriles Radonski.

viernes 21 de octubre de 2011  03:38 PM

Caracas.- La Causa R oficializó su apoyo a la candidatura de Henrique Capriles Radonski. Durante el acto efectuado en Caracas, el aspirante presidencial recordó el esfuerzo que se ha hecho en Miranda para privilegiar a los trabajadores. "Cuando llegamos a Miranda nos encontramos con menos recursos que los demás estados, aún así todos nuestros trabajadores han ido avanzando".

Capriles Radonski aseguró que durante su gestión en la entidad se ha privilegiado el tema laboral y social. "Cada año hemos beneficiado a nuestros trabajadores, cuando el pueblo nos otorgó el mandato en la entidad, una de las primeras cosas que hicimos fue firmar un nuevo contrato colectivo, ratificando nuestro compromiso con el futuro de nuestros trabajadores. Estamos seguros que el trabajo que hemos hecho en Miranda podemos hacerlo en todo el país, por eso los invito a todos ustedes a que recorramos cada rincón de Venezuela, porque sí hay un camino y ese camino se llama progreso, un progreso que nos incluye a todos sin distinción política" recalcó.

Destacó la lucha que ha tenido por muchos años la Causa R en pro de las reivindicaciones laborales. "Esa lucha por los derechos de nuestros trabajadores se mantiene y nuestro compromiso significa respeto a la libertad sindical, a que cada grupo pueda organizarse y a que el Estado no pueda perseguirlos".

Asimismo, reconoció la labor y la presencia en el acto de los sindicatos Venalum, Fetratel, la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, el Sindicato de la Salud del Distrito Federal, Federación de Mineros del estado Bolívar, Colegios de Enfermeras de Bolívar, Dirección Técnica de Radiólogos de Bolívar, Bausilum, Sindicato del Pan, Sindicato de Transporte de La Guaira, Sindicato de Trabajadores del Municipio Sucre, Sindicato de la Alcaldía Metropolitana, Organización Indígena Nacional Tawala, Sindicato de la Alcaldía Metropolitana Simón Acuña, Sindicatos de Obreros del Ipasme, Presidentes Concejo Municipal del Municipio Rocío Bolívar.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la Gobernación del estado Bolívar, Andrés Velásquez, aseguró que en estos últimos 13 años los trabajadores no han sido tomados en cuenta por el Gobierno nacional. "En Venezuela tiene que acabarse que nuestros trabajadores tengan un pensamiento único para poder tener un empleo, no es posible que los venezolanos tengan un Gobierno que lo que hace es engañar al sector más empobrecido del país, lo único que hace son promesas e ir en contra de los sindicatos y de nuestros trabajadores. Hoy queremos transmitir al país nuestro optimismo y nuestra fe de todas las victorias que lograremos en los próximos meses":

Sindicatos entregarán documento a Comisión de Desarrollo de la AN

Primicias24.com (Prensa Solidaridad) - Orlando Chirinos, representante del Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), se dirigió a país para invitar a los trabajadores a participar en la “Jornada de protesta nacional” con el objetivo de consolidar una referencia democrática y autónoma que luche por las reivindicaciones salariales, el derecho a la discusión de los contratos colectivos y la autonomía de los sindicatos. El dirigente sindical manifestó que “La jornada de protesta consiste en que los dirigentes sindicales de cada estado, en asamblea, planifiquen marchas, ruedas de prensa y paros colectivos. Además aquí en Caracas se entregará la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional, a María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo y al presidente Hugo Chávez, un documento con un pliego de peticiones sobre los problemas más urgentes de los trabajadores”. Chirinos afirmó “Este 20 de Octubre a partir de las seis de la mañana, se iniciarán en todo el territorio nacional actividades de protestas que finalizarán en Caracas, con una concentración en el Hospital Vargas”. El representante gremial aseguró, “En el contenido de éste documento denuncian los ataques brutales que se le ha venido haciendo al movimiento sindical además de un repudio a las políticas antiobreras que ha utilizado el gobierno para destruir el salario de los trabajadores, empeorado sus condiciones laborales”. Chirinos aseguró que más de 300 organizaciones sindicales y de base apoyarán con acciones independientes en todo el territorio Nacional las exigencias que el Fadess viene haciendo al gobierno nacional como es el aumento del salario mínimo, el cual “debería cubrir al menos los costos de la cesta básica. Nosotros no somos partidarios de legitimar el hambre de los venezolanos. Este frente no acepta que el trabajador sólo labore para comer, nosotros exigimos calidad de vida, que cuenten con un ingreso suficiente para sus gastos primarios y garanticen su educación, la salud y el esparcimiento”. Por su parte Kate Stephany, representante de la Federación de asociaciones de profesores universitarios de Venezuela, señaló que los profesores y la comunidad universitaria se sumará a la “Jornada nacional de protesta” en apoyo al pueblo trabajador e invitó a una clase magistral en la Plaza Venezuela sobre “Trabajo decente” que será dictada por el profesor Carlos Navarro a las 10 am.

La comunidad internacional preocupada por serios problemas con DDHH en Venezuela.

Comunicado de Prensa
Miami, Octubre 7,2011

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,Ginebra, durante el Examen Periódico Universal (EPU) correspondiente a Venezuela, la comunidad internacional expresó su preocupación por serios problemas que atraviesa el país y que son inocultables, temas que fueron detallados en forma clara durante el examen, basándose en información recibida por organizaciones no gubernamentales y por el Estado Venezolano.

Venezuela Awareness Foundation se siente complacida que la comunidad internacional está informada de la violación a los derechos humanos en Venezuela, y la deplorable situación que viven los venezolanos en su
vida cotidiana al serle irrespetadas sus leyes empezando por la constitucion

Esto es el resultado de las negativas del Estado venezolano cuando ha negado aceptar las recomendaciones
que han provenido de organismos como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la consecuencia es visible: ya Venezuela no puede negarle a paises alrededor del mundo la grave crisis de derechos humanos porque los países participantes del EPU en Ginebra estaban bien claros y expresaban en forma específica cuáles eran éstos.

La respuesta del Estado venezolano a través de sus intervenciones, se limitaba a un monólogo donde repetían el discurso prefabricado revolucionario, y nunca respondió a las críticas, observaciones y recomendaciones de los países participantes en el EPU, y las preguntas de la prensa en ese sentido, fueron evadidas, mostrando como es costumbre, el desprecio y burla a los derechos humanos y a las organizaciones internacionales, en este caso, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Temas que hemos reiterado, como lo es la falta de independencia del Poder Judicial que abre el camino a la
persecución de quien tenga pensamiento opositor o crítico,encarcelamiento como el de la Juez Maria Lourdes Afiuni, las leyes que criminalizan la libertad de expresión, la censura a los medios de comunicación y opinión, persecución y encarcelamiento a periodistas,un Estado de Derecho venezolano débil, la alta tasa de criminalidad asi como los índices de impunidad (Bélgica mencionó la estadística de tres cuartas partes de crímenes impunes), la grave situación carcelaria(hacinamientos y 400 muertos anuales), ataques a los defensores de derechos humanos y testigos a las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de funcionarios venezolanos, la falta de garantías a la integridad, el derecho a la vida, la trata y esclavitud de niños y la falta de ejecución de sentencias de instancias internacionales fueron una constante expresada por los alrededor de 60 países que participaron en el EPU.

Otro tema insistente por parte de los paises participantes durante el EPU fue la necesidad de que Venezuela
reciba la visita de Relatores Especiales para la libertad de expresión, torturas y otros tratos crueles y degradantes y para los defensores de derechos humanos, así como para el proceso electoral por paises que tienen dudas sobre las elecciones asi como la apertura al monitoreo internacional, a la visita de otras organizaciones internacionales que se les ha prohibido el ingreso.

Venezuela Awareness Foundation, quien presentó el reporte sobre la falta de imparcialidad del Poder
Judicial, perseguidos,torturados y presos políticos, recomendó la visita del Relator sobre Independencia de Jueces y Abogados y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias asi como el Relator de la ONU sobre la Tortura a Venezuela.

El despliegue de la delegación venezolana incluyendo la orden del Presidente Chávez ,”la toma de Ginebra”no tuvo influencia en los países que mantuvieron sus preocupaciones y recomendaciones para Venezuela.

Esperamos que para el martes, cuando se de lectura a las recomendaciones de la troika de países, Venezuela ponga en práctica las redomendaciones y no se niegue a cumplirlas, de lo contrario, Venezuela estaría de espaldas a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y pisoteando como hasta ahora los derechos humanos.

Mataron a sindicalista de tres tiros en Santa Cruz de Aragua .

Maracay, octubre 3 (María Quintero).- Dimas Manuel Silva de 41 años de edad, quien era el secretario general de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), del municipio José Ángel Lamas, fue asesinado de tres impactos de bala, a eso de las 10:00 de la noche de este domingo, en el sector Andrés Eloy Blanco, de Santa Cruz de Aragua.

La versión policial del caso indica que Silva estaba con su esposa y dos compadres en la casa reunidos, al parecer salió un momento a visitar a una hermana quien vive cerca del callejón 16 del referido sector.

Según los datos cuando estaba en la casa de su hermana lo llamaron por teléfono, salió a contestar la llamada, en ese momento fue interceptados por varios hombres quienes sin mediar palabras le cayeron a tiros.

El sindicalista quedó tendido en plena calle, mientras que los agresores huyeron del lugar.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación Cagua, acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas correspondientes.

Familiares y vecinos, quienes se encontraban en las adyacencias de la morgue aseguraron que Dimas Manuel era un buen hombre, colaborador y apreciado en la zona.

El cadáver del hombre fue ingresado a la morgue del Cicpc en Caña de Azúcar, donde le realizarían la necropsia correspondiente de ley.

12 homicidios el fin

de semana en Aragua

Un total de doce homicidios se registraron el estado Aragua, de acuerdo con el reporte de ingresos que maneja el Departamento de Patología Forense del Cicpc, en el lapso comprendido entre las 6:00 de la tarde del viernes 30 de septiembre y las 6:00 de la mañana de este lunes.

Reportes policiales indican que siete homicidios se registraron en el municipio Girardot, tres en Santiago Mariño y dos en Sucre.

Las autoridades investigan todos estos hechos de sangre.

Aveledo ratificó a los trabajadores compromiso con la Unidad Nacional.

El secretario ejecutivo de la Unidad sostuvo una reunión con coordinadores del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), para entregarles el documento firmado el pasado 26 de septiembre. Insistió en la importancia del diálogo para la elaboración de decisiones

UNIDAD VENEZUELA.- Los representantes del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess): Rodrigo Penso y Pablo Zambrano; sostuvieron este lunes 3 de octubre, una reunión con el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo.

El encuentro dio inicio a una serie de reuniones con los distintos sectores del país, para ratificarles el compromiso con la Unidad Nacional, asumido el pasado lunes 26 de septiembre. Al concluir la reunión, Aveledo expresó: “Estoy muy contento de haber comenzado con Fadess la entrega que estamos haciendo del Compromiso por un gobierno de Unidad Nacional, a todos los sectores del país. En estos 12 años, se ha gobernado contra los trabajadores en nombre de los trabajadores. Es una ironía cruel que el gobierno de Unidad Nacional tiene la obligación de resolver y superar”.

Además, citó parte del texto del compromiso, en el que se asegura que el diálogo y la concertación con todos los sectores será un principio cardinal para la elaboración de las decisiones. “No habrá una política que se adopte sin oír y sin considerar el criterio de las organizaciones, instituciones e individualidades relevantes que tengan algo que decir en la materia o que se vean afectados por ella”, dijo Aveledo, citando el mencionado documento.

Por su parte, Penso expresó en nombre de Fadess que examinarán la propuesta que se hace desde la Unidad, y que oportunamente opinarán al respecto. “Nada de lo que se proponga que tenga que ver con el país, con los trabajadores y, en general, con el pueblo venezolano, nos es extraño”, aseguró.

“Haremos del conocimiento de la Unidad y del país, nuestra opinión sobre cómo reconstruir las relaciones laborales en Venezuela, la convivencia, los derechos laborales y la búsqueda de una mayor justicia social”, concluyó Penso.

Este martes, el secretario ejecutivo de la Unidad se reunirá con representantes de Fedecámaras, y  con representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); para entregarles formalmente el documento.