FRANCISCO DE MIRANDA.

El Trabajo y la Moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el solido sistema de la Libertad.

Páginas sobre el tema de la salud publica

lunes, 10 de junio de 2013

LA GRAN HUELGA PETROLERA DE 1936.

La gran huelga petrolera de 1936
sábado, 31 de marzo de 2012
Fuente: runrun.es / Lo que significó para la democracia naciente la gran huelga petrolera de 1936
Entre los dirigentes más connotados de la huelga, además de JBF, figuraron los líderes políticos Valmore Rodríguez,
gran fundador de sindicatos en el Zulia, José Antonio Mayobre, Isidro Valles y Felipe Hernández y los sindicalistas
Manuel Taborda, Jesús Faría, Luis Emilio Arrieta y Max García. Organizadores de la huelga fueron el Bloque de Abril,
cuyo dirigente era Valmore, y el PCV, liderado por Fuenmayor, desde la clandestinidad. Valmore, uno de los grandes
periodistas del siglo, fue detenido el 9 de diciembre. Aún cuando a la huelga se incorporaron otros campos zulianos
como los de Lagunillas, la Concepción y Casigua, contando con la solidaridad de los marinos petroleros, “no logró,
sin embargo, como escribió Ramón J. Velásquez, el respaldo de los campos petroleros del oriente del país que eran para
la época, Caripito, El Tigre, San Tomé, Quiriquire”. Por esta razón no fue absoluta la huelga en toda Venezuela.
 El 22 de enero el Presidente López Contreras decretó “la reanudación de las faenas en las ramas de la industria
petrolera, cuyos trabajadores se encuentran actualmente en huelga”. En el decreto presidencial se expresó que,
según “las observaciones realizadas por el Inspector del Trabajo del estado Zulia, se desprende la necesidad
de un aumento para los obreros que devenguen 7, 8 y 9 bolívares diarios. Se les aumentó un bolívar a las tres escalas, y
un bolívar adicional “para los trabajadores que no ocupan habitaciones de las empresas en conflicto”.
 Para una comprensión de la trascendencia de la gran huelga petrolera de 1936, el juicio de Juan Bautista Fuenmayor
tiene también valor de testimonio: “No se trataba simplemente de un encuentro entre patronos y obreros, sino
de una batalla campal entre toda la nación venezolana y los insaciables mercaderes extranjeros del petróleo. Jamás
Venezuela había contemplado un frente unido más amplio, fervoroso y combativo que aquel de diciembre de 1936,
todo lo cual hacía presagiar una victoria popular en toda la línea, pues se trataba de un auténtico frente nacional contra
el imperialismo”. Asimismo, es preciso retener su pensamiento sobre la conducta del Presidente López Contreras
frente al acontecimiento. Fuenmayor escribió: “La actitud del gobierno fue de una discreta expectación y
neutralidad, al mismo tiempo que de respeto a los derechos legítimos que los trabajadores ejercían”.
 Magras fueron, ciertamente, las reivindicaciones materiales; no obstante, los sindicatos, como expresión de los obreros
organizados, quedaron insertos en la historia del país como un factor necesario e indispensable de la época que se
inició en Venezuela en 1936, y de las décadas por venir. Valmore Rodríguez expresó por entonces: “El obrero 
explotado de las petroleas no tiene otro recurso ni otra arma que su sindicato. Allí está concentrada su más preciosa y
única conquista.
 Que a él ha de servirle de instrumento para elevarse al nivel humano que de derecho le corresponde”. Es una
historia por escribirse, y una contribución esencial por reconocerse. Sólo pueden ignorarla aquellos que suponen que con
ellos empieza el mundo. 70 años después de tan singulares jornadas, parece inevitable preguntarse y preguntar ¿qué
ha sucedido con el movimiento obrero venezolano que tanto le dio al país?
 ¿Por qué se ha decretado su muerte? ¿Por qué ciertos “revolucionarios del siglo XXI” piensan igual que
los ejecutivos de las compañías petroleras extranjeras de 1936? No hace duda, para la comprensión de lo que significó la
huelga petrolera de 1936, a un año apenas de la muerte del dictador, es preciso leer la historia de la época, los textos
de Betancourt, Fuenmayor y del propio Presidente López Contreras, tres personajes con tres ideologías diferentes,
antagónicas, pero sin duda con un sentido de reconocimiento de la realidad.
 En suma, los trabajadores venezolanos dieron por primera vez una demostración inequívoca de conciencia de clase, los
dirigentes políticos de entonces demostraron solidez, e incluso, moderación, y el Presidente de la República del
necesario equilibrio de un magistrado que venía de la dictadura, pero entendía la profundidad de los grandes cambios 
sociales y políticos.

sábado, 1 de junio de 2013

Inicia juicio contra Rubén González.

El Ministerio Público presentó un testigo de Ferrominera Orinoco (FMO) y el secretario general de Sintraferrominera llevó 20 trabajadores para la audiencia.
A5RUBENGONZALEZ
El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, discute. Foto cortesía
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Dos años y dos meses después de la anulación del juicio y un agotador régimen de presentación cada 15 días en Caracas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, asiste a un nuevo proceso por los mismos delitos por los cuales se le encarceló en el 2009.
Acompañado de dirigentes sindicales del país y asistido por el Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y los abogados de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), comenzó este viernes la primera audiencia de juicio postergada en cinco oportunidades durante este año.
Recuento del caso
11 de agosto de 2009. Inicia en Ciudad Piar y en el área de Ferrocarril de Puerto Ordaz una paralización de 16 días, debido al incumplimiento en el pago de pasivos laborales, retroactivo y beneficios de la recién aprobada convención colectiva.
La convención colectiva había sido homologada por el presidente de la República, Hugo Chávez, el 1 de junio de 2009. El contrato había sido firmado en el 2008.
24 de septiembre de 2009. El secretario general de Sintraferrominera es detenido en Ciudad Bolívar y trasladado al Cicpc de Ciudad Guayana. Estuvo en los calabozos de Guaiparo una semana y, posteriormente, se le dicta casa por cárcel.
26 de septiembre de 2009.González es recluido en la sede de Patrulleros de Caroní y allí permanece detenido 17 meses.
28 de febrero de 2011. La jueza Magda Hidalgo, a cargo del Tribunal Sexto de Juicio, condena a González a siete años, seis meses y 22 días de cárcel.
3 de marzo de 2011. González es dejado en libertad bajo régimen de presentación, tras la decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que consideró la existencia del vicio de inmotivación en la sentencia condenatoria.
González fue acusado el pasado10 de mayo por los delitos de instigación a delinquir, restricción al trabajo, agavillamiento y transgresión a las zonas de seguridad por la huelga de 16 días que los trabajadores de Ferrominera Orinoco (FMO) ejercieron en agosto de 2009 en Ciudad Piar.
En esta primera audiencia el Ministerio Público presentó como testigo un trabajador de FMO quien dijo desconocer del caso por encontrarse de vacaciones para el momento de la protesta.
González llevó al tribunal a 20 trabajadores, de los cuales sólo cinco pudieron rendir declaraciones este viernes.
El Tribunal Vigésimo Cuarto de Juicio en Caracas retomará la audiencia el próximo 21 de junio.
Dirigentes sindicales de Caracas y de Guayana asistieron a la sede de los tribunales para expresar su respaldo al dirigente y su rechazo a la criminalización de la protesta.
Demora injustificada
En la tarde de este viernes, el dirigente sindical se reunió con el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos.
El caso de Rubén González es considerado por Provea como el más emblemático de la criminalización de la protesta en Venezuela y ha sido denunciado ante la OIT a través de la queja 2.763 presentada por el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep-CVG) en el 2009.
En el organismo de las Naciones Unidas el gobierno ha justificado la detención atribuyéndolo a un proceso penal.
En su última reunión en marzo de este año la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, un órgano independiente constituido por juristas que examinan la aplicación de los convenios, lamentó una vez más la demora en los procedimientos penales relativos al dirigente sindical “y la falta de motivación adecuada en la sentencia de la jueza que conoció el caso”.
Los juristas observaron que el Gobierno no ha explicado las medidas que habría tenido para sancionar a la Fiscalía por haber presentado el cargo de “asociación ilícita” que, según la información disponible ante el Comité, no tiene justificación.
Para el gobierno el inicio de un nuevo juicio se da por “diversos vicios”, entre ellos el de la inmotivación, que contenía la decisión dictada en primera instancia por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.