FRANCISCO DE MIRANDA.

El Trabajo y la Moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el solido sistema de la Libertad.

Páginas sobre el tema de la salud publica

domingo, 27 de diciembre de 2015

Estudio indica que la pobreza se disparó hasta lo más alto desde 1975

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domingo, 20 de diciembre de 2015

Denuncian que gobierno aplica "tortura laboral" por derrota del 6-D

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jueves, 29 de octubre de 2015

Personal de la salud solicitó aumentar tabla salarial

El 21 de octubre trabajadores protestaron frente al Ministerio de Salud para que se firmara el contrato colectivo | Foto Raúl Romero
El 21 de octubre trabajadores protestaron frente al Ministerio de Salud para que se firmara el contrato colectivo | Foto Raúl Romero
Crearon la Comisión Nacional de Reclamo, Conflicto y Contraloría Social para hacer seguimiento a los recursos invertidos en el sector
La Federación de Trabajadores de la Salud y el Movimiento de Sindicatos de Base solicitaron ayer al Ejecutivo que la nueva escala del tabulador salarial parta de 15.000 bolívares. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, señaló que proponen que el bono de alimentación llegue a 10.000 bolívares.
“Eso es lo que gana un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia”.
Zambrano explicó que el empleado del sector salud que más sueldo tiene, percibe alrededor de 10.200 bolívares, salario insuficiente para cubrir sus necesidades. Solicitan que se prioricen las cláusulas económicas en la discusión del contrato colectivo y que les paguen cuatro meses de aguinaldo calculados con base en el último ajuste salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro.
Igualmente el vocero dijo que disposiciones sobre transporte y bono para la compra del Niño Jesús en diciembre están desfasadas. “Proponemos que se cree una figura del ticket juguete, para que los empleados puedan comprarles, al menos, uno de calidad a sus hijos”, dijo.
El representante de Fetrasalud informó que crearon la Comisión Nacional de Reclamo, Conflicto y Contraloría Social para hacerle seguimiento a los recursos asignados al sector: “La Asamblea Nacional y el gobierno dicen que han invertido en hospitales, pero la realidad en infraestructura y equipos es otra. Queremos hacerle seguimiento y averiguar a dónde va ese dinero”, dijo.
Sin insumos. Zambrano recordó que el 21 de octubre, cuando realizaron una protesta frente al Ministerio de Educación, en reunión con Henry Hernández, viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio de Salud, le indicaron que en los hospitales están “limpiando con agua” porque no hay cloro, lo que podría generar un cuadro infeccioso. Sin embargo, a ocho días de que se realizó esa reunión no han recibido respuesta. Le piden a Henry Ventura, Ministro de Salud, que se aboque a buscar una solución. El directivo sindical también denunció que trabajadores del Hospital Clínico Universitario recibirán a fin de año 20% menos de las bonificaciones que el resto de los empleados del sector porque al firmar su contrato en el 2013 no les ajustaron las cláusulas económicas.

Fetrasalud denunció que falta de material de limpieza en hospitales ésta generando cuadros  infeccioso

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domingo, 25 de octubre de 2015

PROFESIONALES NO GANAN PARA CUBRIR CANASTA FAMILIAR


(Foto Archivo)


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Dayrí Blanco



El vallenato está ahí, siempre presente. Es la banda sonora de cada mañana en la buseta a la que sube Luis Baute. Va con su uniforme verde al hospital donde ejerce la residencia desde que se graduó. Ya no lleva la bata blanca puesta. Los primeros días la lucía con orgullo pero llegaba siempre sucia, sudada y contaminada a la emergencia. En el bolso sobre su espalda está todo lo que necesita: comida, agua y el dinero justo en la cartera para el pasaje. Solo a veces cae en el lujo de un café por la tarde. El sueldo no le alcanza para más. Le cubre el 13% de la canasta alimentaria.

En la vida de este médico no había espacio para algún margen de error. Debía ser cirujano. Sus abuelos, padres y tíos habían construido una dinastía en la ciudad. Desde pequeño sabía lo que estudiaría. Se lo decían hasta sus juguetes. Y así fue. Pero la herencia se empobreció con los años. El 80% de los doctores activos gana menos de salario básico. A ese grupo pertenece Luis. La historia se replica con el 90% de los jubilados.



El profesional de la medicina que depende del Ministerio de la Salud que más gana en el país, hasta el 15 de octubre, es el jefe de salud pública 3. Para llegar a ese cargo debe tener entre 15 y 20 años de servicio y cumplir con estudios de especialización de maestría y doctorados. Todo eso por ocho mil 800 bolívares al mes, que apenas cubre el 17,38% de la canasta alimentaria calculada por el Cendas-FVM en septiembre, y el 11,19 de la básica familiar que está en 78 mil 611 bolívares.

Los médicos que forman parte de la misión estatal Barrio Adentro no gozan de mayores beneficios. Cobran cinco mil 720 bolívares mensuales, lo que equivale a tres días de alimentación básica. Ellos, como el cirujano de la dinastía Baute, también sacan cuentas con el vallenato o algún merengue de los 80 de fondo.



Pobre educación

Sin el sueldo de sus dos hijos sería imposible para María Ortega mantener su hogar. Ella tiene 20 años de servicio como docente de primaria. Cada mes queda en mora con el pago de algún servicio para poder cumplir con otro.100 bolívares más que el salario mínimo vigente hasta septiembre es lo que cobra. Se ayuda con los siete mil 421 que gana cada uno de sus hijos. En total, con los ingresos de los tres solo cubren el 28,48% de la canasta familiar, lo que es igual al pago de las necesidades fundamentales del hogar por ocho días.

Los profesores universitarios ganan más, pero tampoco es suficiente. De acuerdo a la última contratación colectiva que el gremio rechaza, un docente que acaba de ganar el concurso recibe al mes 21 mil 671 bolívares, y uno con 30 años de servicio y estudios de cuarto nivel cobra 36 mil 812 bolívares que no le alcanzan ni para la cesta alimentaria que está 37,52% por encima del dinero con el que cuenta, en 50 mil 625 bolívares.



Títulos devaluados

La vida para un recién graduado en Venezuela no es fácil. Luciano Orellano lo confirma a diario. Con su gran título de ingeniero industrial adornando la sala de la casa de sus abuelos, pasa más de ocho horas al día en una oficina entre cálculos y números para recibir un depósito mensual de 25 mil 300 bolívares, que es lo que establece el tabulador elaborado por el Centro de Ingenieros de Venezuela. Con eso solo logra costear el 50% de la canasta alimentaria. Pero él es afortunado. Su colega y compañero de grado, Alonso Guzmán, solo recibe 13 mil 500 por el mismo trabajo en otra empresa. Las tablas salariales no siempre se respetan, y este joven apenas cubre el 17,17% de la cesta familiar.

Los billetes son los mismos. Su valor no cambia en los bolsillos de acuerdo al título universitario de quien los porte. Las profesiones en Venezuela son desestimadas. En la administración pública un abogado gana salario mínimo. No hay presupuesto para más. Distinta es la realidad de quienes asumen la carrera a libre ejercicio. Un abogado mercantil puede alcanzar la suma de los 35 mil bolívares mensuales, pero antes debe haber cosechado años de experiencia y reputación para mantener una buena cartera de clientes. Un esfuerzo que solo le cubre 13 días de las necesidades elementales.



El peor salario de Suramérica

Venezuela es el único país en Suramérica que experimenta un retroceso salarial, seguido por Chile, que tuvo una variación de 4% del salario mínimo sin llegar a ser una contracción, en contraste con Brasil que es el país con mayor crecimiento de sueldos al registrar una variación de 92,5% en los últimos cinco años.

El concepto del salario mínimo en Venezuela y su masificación lo creó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, cuando estipuló en ese momento que la remuneración básica para los trabajadores de mil 200 bolívares, en una época en la que el dólar se cotizaba a una tasa de 4,30, lo que significaba un sueldo de 280 dólares. Con ese ingreso se podían comprar mil 200 arepas a un bolívar cada una.

En la actualidad, a la tasa Simadi que en promedio se ha mantenido en 200 bolívares, se pueden comprar solo 37 billetes verdes. Al cambio libre el salario mínimo en el país es igual a 10 dólares. Esto significa que la remuneración que recibe el cirujano Luis Baute y la maestra de primaria María Ortega se ha contraído en 96,43% durante los últimos 40 años y ahora solo pueden comprar 37 arepas al mes a 200 bolívares. 





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Precios de pinturas consumirán utilidades de los barineses - La Prensa de Barinas

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jueves, 22 de octubre de 2015

300 mil trabajadores del sector salud denuncian falta de insumos

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domingo, 5 de julio de 2015

Venezuela ante la OIT (2015)

5 DE JULIO 2015 - 12:01 AM


Durante el mes de junio de 2015 tuvo lugar en Ginebra la 104ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, donde la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) atendió los casos individuales de los convenios ratificados por los países miembros. De dicha reunión, emanó el Acta Provisional número 14, cuya segunda parte refiere a la situación de Venezuela en materia de la libertad sindical a tenor de lo establecido en el Convenio 87 de la referida organización. Siete fueron las conclusiones de la mencionada Comisión de Expertos de la OIT con relación a nuestro país, las cuales a la fecha no son lo suficientemente conocidas entre nuestros conciudadanos, razón por la cual he decidido dedicarle esta columna dominical.
En primer lugar, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la OIT instó al gobierno a que “…dé cumplimiento sin más demoras a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó la República Bolivariana de Venezuela en enero de 2014 y al plan de acción que propuso”. Es decir, según la OIT a la fecha estamos en mora con las conclusiones contenidas en el afamado informe que se hizo público en la 320ª Reunión del Consejo de Administración en marzo de 2014 y que, entre otras cosas, había tomado nota sobre situaciones de violencia, graves acusaciones contra miembros de cámaras empresariales, así como también de la urgencia de retomar el diálogo social como medio para concertar diferencias en el ámbito de las relaciones de trabajo bajo un esquema tripartito.
En segundo lugar, el Acta Provisional in comento, pidió al gobierno venezolano que “cese inmediatamente todo acto de injerencia, agresión y estigmatización contra Fedecámaras, sus organizaciones afiliadas y sus dirigentes perpetrados por el gobierno” muy a despecho de lo sostenido por la representación del Estado ante dicha organización y de lo cual se espera rinda cuentas Venezuela en la reunión pautada para noviembre-diciembre del año en curso. En tercer lugar, la OIT solicitó al gobierno venezolano que ponga fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los trabajadores de la construcción, flagelo por todos conocidos y que desde hace tiempo tolera de la anarquía de las relaciones laborales en el conocido sector.


En cuarto orden, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la OIT, requirió al gobierno venezolano que revisara la práctica de entregar a las autoridades públicas las listas de afiliados sindicales, tras haber interpretado dicho que con proceder se pone en riesgo el cabal ejercicio de la libertad sindical. En quinto lugar, la OIT instó nuevamente al gobierno que “ponga término a la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales” algo que se viene exigiendo desde la 91ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo donde incluso se solicitó la modificación de la Constitución venezolana, toda vez que involucrar al Poder Electoral en un acto de democracia sindical interna (como lo es las elecciones de sus miembros) es a todas luces una injerencia indebida que afecta la libertad sindical como derecho humano fundamental.
En sexto lugar, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas requirió al gobierno venezolano que fije “…sin más demoras el diálogo social, a través del establecimiento de una mesa de diálogo tripartito auspiciada por la OIT”. Sobre el particular, sugirió la Comisión que la mesa esté presida por un presidente independiente que cuente con la confianza de todos los sectores, siendo que la misma toque “…todas las cuestiones relativas a las relaciones laborales que decidan las partes, lo cual incluye la realización de consultas sobre toda la nueva legislación que se pretenda adoptar en temas laborales, sociales o económicos (incluida cualquier legislación al respecto en el marco de la Ley Habilitante)”. ¿Qué les parece?
Finalmente, la OIT instó al gobierno a que presente una memoria detallada al respecto en la próxima reunión de la Comisión de Expertos que tendrá lugar en los meses de noviembre-diciembre de 2015. Desde luego que lo anterior no recibió tanta publicidad oficial como cuando la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, según siglas en inglés) premió a nuestro país por la lucha contra la radicación del hambre (en un contexto de escasez, inflación y pobreza). Aunque al final el representante gubernamental indicó que no estaba de acuerdo con las conclusiones analizadas, esa es la realidad actual de Venezuela ante la OIT.

domingo, 12 de abril de 2015

La justicia no llega y el hospital de niños empeora

Wuilaudy Colla duerme en un colchón tirado en el suelo con su hijo de seis años de edad que tiene un tumor cerebral | Williams Marrero/El Nacional
Wuilaudy Colla duerme en un colchón tirado en el suelo con su hijo de seis años de edad que tiene un tumor cerebral | Williams Marrero/El Nacional
El Ministerio de Salud no ha cumplido las recomendaciones que le hizo la Contraloría General de la República en agosto de 2014 para superar las fallas de infraestructura, personal e insumos. Desde entonces las deficiencias se han profundizado, y la acción judicial que intentaron Cecodap, Provea y Luz y Vida en mayo del año pasado se frustró por formalidades jurídicas. Las madres de los pacientes consideran como primera opción irse a clínicas privadas, pero muy pocas pueden hacerlo. La vida de los 800 menores de edad que a diario acuden al principal centro de salud pediátrico del país está en juego
12 DE ABRIL 2015 - 12:01 AM


Descalza y con la ropa ensangrentada llegó Yeniré Páez a la emergencia del Hospital de Niños J. M. de los Ríos el 26 de marzo, a las 9:15 pm.
“Está sangrando mucho, necesito, por el amor de Dios, que la atiendan rápido”, imploraba la joven mujer a todo el que encontraba a su paso para que auxiliaran a su hija de 6 años de edad. “Estábamos en una cola en el 23 de Enero, unos malandros comenzaron a disparar como locos y una bala le perforó el abdomen a mi muchachita”.
Era necesaria una operación exploratoria para determinar la gravedad de las lesiones internas. Pero los médicos y enfermeras no podían hacer más que tomarle una radiografía a la pequeña (con uno de los dos equipos con que se cuenta para todo el hospital) y aplicarle respiración artificial. Esa noche no había cirujano de guardia.
Aunque estaba consciente, lucía muy pálida y no hablaba. Como en emergencia no hay parabanes que permitan algo de privacidad, otra menor de edad que estaba en la cama de al lado se vio involucrada en la tragedia y preguntaba: “¿Se va a morir?, ¿esa niñita se va a morir?”. La angustia de todos aumentó cuando se supo que en el Hospital Universitario de Caracas, adonde la niña podría ser trasladada, tampoco había cirujano de guardia. Una médica residente hacía llamadas y llamadas desde su celular con la esperanza de que algún cirujano amigo acudiera.
Con muchísima rabia, un familiar de la niña gritó: “¡Vámonos para una clínica y en el camino vemos de dónde sacamos los reales!”. El traslado, sin destino preciso, tendría que ser en una ambulancia de los bomberos del Distrito Capital, porque las tres del hospital no sirven. Páez y su hija salieron del J. M. de los Ríos revictimizadas: primero por el hampa y, encima, por la negación de su derecho a una asistencia médica oportuna y adecuada.
 
Huida


Irse del hospital también fue la opción de Wuilaudy Colla, luego de sobrevivir durante un mes a las carencias del centro de salud. Estaba en una de las dos habitaciones habilitadas en el servicio de Medicina IV y contó su historia desde el colchón tirado en el suelo donde duerme con su hijo de seis años de edad que tiene un tumor cerebral.
“Le pusieron una válvula que costó mucho para conseguirla. Mi niño necesita una segunda operación, pero no se la han podido hacer: primero, porque no funcionaba terapia intensiva; después, porque clausuraron los quirófanos por fallas en los aires acondicionados y filtraciones. Todo el mundo aquí dice que esos quirófanos están contaminados y que los niños que operan se pueden enfermar más y hasta morir. Nosotros logramos obtener una ayuda económica y, gracias a Dios, la segunda operación se la van a hacer en una clínica por 1.250.000 bolívares”, dijo.
Las otras madres también duermen en el piso y todas comparten los temores de Wuilaudy Colla. Sin embargo, no todas podían asumir los costos de la atención en centros de salud privados.
Las fallas en la infraestructura del J. M. de los Ríos se perciben a simple vista. Abundan los espacios clausurados por filtraciones o porque van a ser reparados, como ocurre en el servicio de Neurocirugía, cuyos pacientes están temporalmente reubicados en Nefrología. 
Donde funcionaba Oncología hay un olor nauseabundo que emana de un espacio convertido en depósito de mobiliario y equipos inservibles. Algo similar sucede en la Unidad de Inmunosuprimidos, donde están arrumadas decenas de estructuras metálicas de camas. 
Muchas áreas del hospital han sido modificadas con una informalidad que tiende al caos. Por ejemplo, los teteros se preparan en un lugar originalmente destinado a faena sucia. Dos marmitas que alguna vez se usaron para hervir grandes cantidades de agua no funcionan, como tampoco el batidor industrial. Las usan para escurrir coletos y como depósitos de basura. “Aquí preparamos las fórmulas lácteas de manera manual, como si les estuviéramos haciendo la comida a los niños de la casa y no a los cientos de bebés que están hospitalizados. Solo contamos con una cocina eléctrica que nos donaron y a la que solo le sirven dos hornillas”. 
Si la inspección que hizo el ministro de Salud, Henry Ventura, el 26 de marzo al hospital de niños hubiese ido más allá del área quirúrgica, habría podido ver lo que el equipo de El Nacional registró ese mismo día en la noche.
 
Nueva directiva, vieja crisis


Desde febrero de 2015 el hospital tiene una nueva directiva, encabezada por Carmen Rosa Graterol. Ella y su equipo asumen el reto de alcanzar soluciones que sean mucho más que paliativos. Ante la prensa exhiben su disposición a trabajar sin descanso, incluidos fines de semanas y días feriados, y tratan de ocultar su temor a que los problemas los desborden. 
El subdirector Juan Félix García, con 34 años de servicio en el J. M. de los Ríos, expresa el sentimiento de muchos médicos sobre la crisis crónica en infraestructura: “La solución definitiva es construir otro hospital, porque estas instalaciones, que ya acumulan 76 años, fueron diseñadas para una escuela de enfermería y ya no aguantan más”.
Pero Graterol advierte: “Si Maduro me dice mañana: ‘Aprobamos la construcción de la nueva sede del hospital de niños’, yo le preguntaría: ¿cuánto tiempo demoró construir el Cardiológico Infantil? ¿Mientras se construye la nueva sede qué hacemos con los niños que atendemos? No es tan sencillo”. 
En procura de una intervención integral del Estado, en mayo de 2014 las ONG Centro Comunitario de Aprendizaje, Cecodap; Programa Venezolano de Eduacación-Acción en Derechos Humanos, y Luz y Vida emprendieron una acción de protección ante tribunales de niños, niñas y adolescentes. Diez meses después el esfuerzo se frustró por formalidades jurídicas. En el mismo lapso se ha profundizado el deterioro del principal centro de salud pediátrica de Venezuela, que reúne 34 especialidades médicas (algunas de las cuales solo se ofrecen allí) y que atiende a pacientes de todo el país. Los efectos en términos de morbilidad y mortalidad están por determinarse.
A pesar de que desde el principio estuvo claro que el demandado era el ministro de Salud, para ese momento Francisco Almada, la tercera jueza que intervino en el caso, Dagiely Palma, remitió el asunto a la Sala Constitucional del TSJ, con el argumento de que la competencia para determinar la responsabilidad de un ministro corresponde exclusivamente al máximo tribunal 
 
Pruebas oficiales


La acción de protección ejercida por Cecodap, Provea y Luz y Vida se fundamentó inicialmente en el Diagnóstico Situacional 2013, elaborado por la Sociedad Médica del hospital, que indica, entre otros datos, que en 2002 se disponía de 420 camas y en 2013 de apenas 178, una disminución de 42,38%.
La Sociedad Médica también precisó que por el déficit de anestesiólogos (en 2013 se requerían 35 y solo había 7, de los cuales apenas 4 prestaban servicios efectivamente, pues los otros 3 estaban de reposo o de vacaciones) la capacidad quirúrgica se redujo drásticamente. Se suspendieron las cirugías electivas y solo se hacían las de emergencia, de modo que la deuda quirúrgica ascendió a 5.000 pacientes en espera.
Pero la prueba más contundente en respaldo de la acción de protección la aportó el Estado venezolano a través de la Contraloría General de la República. En un informe sobre la situación del J. M. de los Ríos entre 2013 y agosto de 2014 (aunque algunos datos se recabaron hasta octubre del año pasado) se concluye que el hospital “no satisface la demanda de los servicios de atención médica y hospitalaria que requiere la comunidad, en vista de las carencias de personal, servicios médicos con fallas operativas, equipos médicos inoperativos y/o con desperfectos, insuficiencias de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico, así como de bienes indispensables para la prestación de un servicio pediátrico con la calidad y excelencia esperadas, y deterioro de la infraestructura física; lo cual incide en la expansión, la integración y la consolidación de los Servicios de la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud”.


El informe fue incluido íntegramente en el balance de la gestión correspondiente a 2014 que el contralor general, Manuel Galindo, presentó ante el Parlamento. 
El Nacional actualizó los datos recabados por la Contraloría hace siete meses con información aportada por personal de cada uno de los servicios y contrastada con la que suministraron los integrantes de la junta directiva. El resultado general es que la situación ha empeorado.
l Hospitalización: de las 300 camas que debería disponer un hospital Tipo IV, como el J. M. de los Ríos, al 6 de junio de 2014 solo había 172, es decir 57,33%, señala el informe. La directora Graterol precisó que en la actualidad hay 10 camas menos, es decir 162. El hospital atiende aproximadamente a 800 pacientes al día, se indicó oficialmente.


l Quirófanos: la Contraloría precisó que de 12 funcionan 8. El 26 de marzo de 2015 el ministro Henry Ventura verificó personalmente que de los 7 del área quirúrgica solo funcionan 3. La dirección del hospital asegura que otros 3 (Hematología, Hemodinamia y Cirugía Plástica) trabajan con relativa normalidad, pero que 2 más localizados en la planta baja están inoperativos desde hace más de 5 años.
l Cirugía Plástica: “No efectúa intervenciones electivas desde hace aproximadamente un año y de 12 camas existentes funcionan 8”, precisa la Contraloría. La dirección del hospital dijo que el servicio está incorporado al plan quirúrgico electivo y que todas las semanas se realizan operaciones. Por las remodelaciones del área, a cargo de Corpoelec y que deben concluir en aproximadamente 45 días, solo se dispone de 4 camas.
l Cardiología: la Contraloría determinó que en 2013 se hicieron en promedio 100 cateterismos mensuales y en el primer semestre de 2014, 20 al mes. Los médicos del área refutan: en todo 2012 se hicieron 350, en 2013, un total de 100; en los 12 meses de 2014, 15, y en lo que va de 2015, apenas 2. “El servicio no se puede evaluar exclusivamente por el número de cateterismos”, se queja la directora Graterol e incorpora otro problema: “Los insumos son cada vez más costosos y difíciles de obtener. Eso es lo que ha frenado la actividad”.
l Medicina II: cuenta con 3 salas de hospitalización, de las cuales 2 (66,67%) están clausuradas, precisó la Contraloría. En el servicio se informó que de 27 cupos solo se dispone de 10. La Sala Norte, cuya remodelación se encargó al Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército y debió terminarse en noviembre de 2014, sigue demolida. La dirección confirmó tales datos.
l Unidad de Cuidados Intensivos: “Concebida para atender a 15 pacientes, en la práctica atiende a 7 (46,67%) de cuidados intermedios”, indica el informe de la Contraloría. La directora del hospital admite que la atención se limita a 7 niños. Sin embargo, el personal precisó que solo se asiste a 4 pacientes. 
l Oncología: atiende 100% de sus consultas, precisó la Contraloría, pero los médicos advierten que no tiene hospitalización por déficit de personal. Las autoridades del J. M. de los Ríos precisaron que los pacientes con cáncer no están hospitalizados en un área específica, sino en todos los servicios. La directora Graterol ofreció mayores explicaciones sobre el colapso de Oncología, que dan cuenta de otro problema: las reubicaciones de los servicios. “Las aguas negras obligaron a una reubicación en los pisos 5 y 6, donde estaba cirugía cardiovascular, porque ese servicio ahora se presta en el Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa”, dijo la funcionaria.
l Radiología: trabaja a 30% de su capacidad, se determinó en agosto de 2014. Ahora el déficit se mantiene, pues solo sirven 2 equipos portátiles en todo el hospital: 1 en Emergencia y otro para todos los quirófanos. La dirección admite que, como mínimo, se requieren 6 equipos de radiología.
l Laboratorio: están cerrados los de emergencia, coproanálisis y uroanálisis, coagulación y hemoglobina anormales, asegura la Contraloría.


Fuentes del servicio informaron que actualmente no se hacen los exámenes especiales que requieren los pacientes inmunosuprimidos, como los que padecen VIH y linfoma, y que no hay equipos adecuados ni reactivos suficientes, por lo cual han sido vitales las donaciones de la Sociedad de Amigos del Niño con VIH. La mitad de los bioanalistas se han ido por su inconformidad con el sueldo de aproximadamente 6.000 bolívares mensuales. La dirección del hospital asegura que “los exámenes de emergencia sí se hacen” y también identifica el déficit de personal como la principal debilidad de los servicios de laboratorio.
l Resonador magnético: la Contraloría detectó en agosto de 2014 que no funciona y la situación se mantiene. 
Las conclusiones de la Contraloría son demoledoras: “De 11 servicios, 10 (90,90%) presentan debilidades motivado, entre otros, a la carencia de personal médico, equipos e insumos médicos, así como el deterioro de la infraestructura”. De 2014 al presente el porcentaje de fallas se mantiene, sobre todo por las remodelaciones inconclusas: “El cambio de autoridades en la Fundación de Edificaciones Hospitalarias, que es el organismo encargado de la infraestructura, ha afectado negativamente el cumplimiento de las metas. Necesito que terminen las remodelaciones de Nefrología, Medicina II, Medicina I, Oncología y Farmacia”, indicó la directora Graterol. 
Sobre la deuda quirúrgica la Contraloría determinó: “Durante el primer semestre de 2014 se realizaron 532 electivas y de emergencia. A la fecha, 9 de octubre de 2014, de acuerdo con la información suministrada por el director del hospital, 4.428 pacientes se encuentran en lista de espera para operaciones”. Las nuevas autoridades del centro de salud no precisaron a cuánto asciende el número de personas que aguarda por una intervención.
Aunque la exhortación no provino de un tribunal, la Contraloría dio instrucciones muy precisas al Ministerio de Salud que no se han cumplido: “Gestionar lo pertinente para dotar al hospital de todo el personal, equipos, bienes, insumos y medicamentos que requiere, a los fines de que en la práctica sea el primer hospital pediátrico del país, con calidad y excelencia en la asistencia, docencia e investigación”. 
La administradora del J. M. de los Ríos, Jacqueline Soto, niega que haya deficiencia de insumos: “Nosotros tenemos los documentos probatorios de ello. Recibimos medicamentos e insumos del Ministerio de la Salud a través del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmaceúticas. También de la Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital. Hay un apoyo periódico. Y además se hacen adquisiciones de algunos rubros”.
 
Resistencia


Sobre la base de su afirmación, Soto dijo que está dispuesta a darle la cara a Zoraibys Ramírez, una mujer de 27 años de edad procedente de Caicara del Orinoco. Regresó al J. M. de los Ríos el 26 de enero, pues su hijo de 6 años de edad tuvo una recaída. Hidrocefalia congénita y un quiste en el cerebro son los 2 más graves diagnósticos de un total de 12 que afronta el niño.
“Necesitábamos una operación de emergencia, pero tuvimos que esperar 18 días hasta que se consiguió la válvula Cogma, de presión baja con conector Y. Lo operaron, pero se complicó porque rechazó el conector. El 16 de febrero el niño entró en estado convulsivo y al día siguiente le dieron 2 paros respiratorios. Los médicos decidieron sacarle la válvula y el conector. Ahora necesita otra operación. Cada vez es más difícil conseguir las válvulas, por eso las madres hemos trancado las calles y, si es preciso, lo volveremos a hacer. Mi niño está empeorando, apenas se sienta con dificultad. El hospital no me ofrece soluciones, y mi única esperanza es que alguien me done la válvula”. 
A Ramírez no le preocupa que la tilden de revoltosa: “A la propia directora del hospital se lo he dicho clarito: ni ella como médico ni yo como madre podemos resignarnos a esperar la muerte sin hacer nada, tenemos que pelear por la salud de nuestros niños. Porque no es una limosna, es un derecho”.

viernes, 16 de enero de 2015

martes, 13 de enero de 2015

13 personas murieron a la espera de cirugías en el hospital Clínico

13 personas murieron a la espera de cirugías en el hospital Clínico

Hospital Clínico Universitario / Foto Archivo El Nacional- Williams Marrero
Hospital Clínico Universitario / Foto Archivo El Nacional- Williams Marrero
Los residentes del centro asistencial y algunos periodistas fueron agredidos por supuestos miembros del PSUV cuando ofrecían una rueda de prensa
El año 2015 no comenzó con buen pie en el Hospital Universitario de Caracas. El Servicio de Cirugía Cardiovascular fue cerrado el pasado lunes 5 de enero por falta de insumos y medicamentos. Todos los pacientes que estaban hospitalizados fueron enviados a sus casas por esa razón. Dos meses antes, 13 personas fallecieron porque no había materiales para curar sus dolencias.
Marcos Durán, residente de tercer año, dijo que las carencias de los últimos dos meses afectaron completamente la operatividad del centro de salud. Del grupo de fallecidos destaca la muerte por desangramiento de una mujer de 51 años de edad, cuyo deceso se produjo el 30 de diciembre. La paciente presentó un aneurisma toracoabdominal, es decir, un bulto de sangre en la aorta que se extendió por su abdomen.
“Se le rompió el aneurisma y no había sangre, anestesia, prótesis y tampoco compresas para tratarla. En diciembre también se dio de alta a un paciente porque aquí no había como atenderlo y murió dos días después en su casa porque no se pudo operar”, denunció el médico.
Durán aseguró que otros centros con atención en la especialidad de Cirugía Cardiovascular como el Hospital Miguel Pérez Carreño, el Hospital Militar y el Hospital Universitario de Maracaibo también paralizaron la atención de pacientes por falta de materiales.
El hospital ha ido reduciendo su capacidad para hacer intervenciones quirúrgicas para tratar enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte del venezolano. El médico residente precisó que en el servicio del HUC apenas fueron operadas 97 personas en el año 2014; en noviembre se hizo la última cirugía. Sin embargo, en 2007, por ejemplo, operaron a 450 personas en el mismo centro.
“El servicio está cerrado, en este momento no podemos tener a nadie hospitalizado allí. Hay 800 personas a la espera de cirugía. No tenemos catéteres, ni nada para atender emergencias como las de las personas que llegan heridas por arma de fuego o una trombosis”, advirtió.
El especialista refirió que otros cuatro residentes del servicio consideran que la paralización afecta además su formación como médicos. Las horas de práctica necesarias para culminar sus posgrados no pueden ser cumplidas por el cierre.
Amenazados 
Los residentes del Hospital Universitario de Caracas, pertenecientes a la red Médicos por la Salud, trataron de hacer una rueda de prensa para informar sobre la crisis que afecta al centro, pero fueron agredidos por personas identificadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela, motorizados y miembros del sindicato de trabajadores. 
En la acción, reporteros del canal colombiano NTN24 y de la página web Contrapunto fueron amenazados para que se retiraran del lugar. 
El médico José Manuel Olivares indicó que las personas alegaron que el hospital "es territorio chavista". 
“Ellos dijeron que queremos paralizar el hospital, pero la verdad es que nosotros somos los que damos la cara para que eso no suceda, estamos denunciando la situación de crisis que existe. No tenemos antibióticos, no funciona el laboratorio y están parados los rayos X. No hay atamel, tampoco salbutamol. Nosotros no estamos llamando a paro, el hospital ya está parado porque no hay nada”, dijo. 
La Cifra
800 niños están a la espera de atención en el Servicio de Pediatría y otros 30 pacientes requieren quimioterapia, denunció el oncólogo José Manuel Olivares, vocero de la red Médicos por la Salud