Marino Alvarado reconoce reducción en niveles de pobreza y aumento de inclusión educativa en gobierno de Chávez
Caracas.- Un promedio de nueve manifestaciones al día se produjeron en Venezuela entre 2009 y 2010, de acuerdo con los registros del último informe anual de la Organización No Gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Unas 2 mil 500 se realizaron en reclamo por derechos económicos, sociales y culturales; mientras más de 600 fueron en demanda por reivindicaciones políticas y civiles.
Con estos indicadores Venezuela presentará en octubre un examen sobre derechos humanos, pues por primera vez la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluyó al país en su evaluación periódica sobre la materia. Aunque el Estado tiene hasta el 16 de julio para dar sus alegatos de defensa, Marino Alvarado, coordinador de Provea, consideró que la administración del presidente Hugo Chávez acude con “importantes” deficiencias que difícilmente le permitirán eximir la prueba.
Culpa ajena y propia
-¿En qué condiciones está el Estado venezolano?
-En general hay una situación muy preocupante. Hay problemas estructurales en DDHH que no se han podido superar en muchos años, que anteceden incluso al gobierno de Chávez: los altos niveles de violencia en las cárceles, el déficit importante en el derecho a la vivienda, la crisis en salud y las prácticas irregulares de los cuerpos policiales. Eso se suma a otros temas que están muy relacionados al actual gobierno.
-¿Cuáles derechos se han debilitado en este gobierno?
-En Venezuela hay un abierto proceso de violación a la libertad sindical, que arrancó muy firmemente con el gobierno del presidente Chávez. También hay violaciones a las contrataciones colectivas, porque prácticamente desde el gobierno se instauró la política de no discutir.
-También se acusa al Ejecutivo de violar el derecho a la libertad de expresión.
-Hasta 2006 decíamos que en Venezuela había una amplia libertad de expresión. Hoy hay un incremento progresivo de los riesgos: no sólo por Rctv, fue la amenaza abierta a medios impresos, la no renovación de concesiones de 34 emisoras de radio y un ataque constante, como política de Estado, con la idea de intimidar.
-¿Estaría en riesgo el derecho a la protesta?
-No podemos hablar de que no existe derecho a la manifestación pacífica, porque de tres mil 315 manifestaciones que hubo en 2010 solo fueron reprimidas 150. Sin embargo, a partir de 2005 el gobierno comenzó a perder la paciencia. Se ha impuesto una política de Estado de enjuiciar penalmente a personas por participar en protesta pacíficas. Calculamos que unas dos mil 500 personas están sometidas a juicios penales. Pensamos que es una política de Estado porque no participa sólo el Ejecutivo: hay una triangulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la complicidad de la Defensoría del Pueblo, que avala esta política de criminalización
-¿Dónde queda la separación de poderes?
-El problema es que en Venezuela no hay independencia de poderes. El Presidente prácticamente impone la agenda de los diputados, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
-¿Cómo han evolucionado las protestas en los últimos años?
-La protesta se ha ido radicalizando, ante un Estado que está de espalda a los reclamos de la gente, que actúa con desidia. Está generando como que la gente se desespere y está optando por salidas radicales.
-En el informe de Provea, sin embargo, se dice que los venezolanos prefieren manifestarse de forma pacífica.
-Hay una voluntad a la protesta pacífica. De las tres mil 300 protestas que hubo el año pasado de acuerdo con nuestras investigaciones, solo 48 se tornaron violentas. Sin embargo, el gobierno tiene que estar consciente de que su actitud hace que la gente se moleste.
-¿Cómo se evalúa el modelo de las huelgas de hambre?
-La huelga, que es una forma de protesta pacífica, se torna radical. En 2009 contabilizamos una sola protesta de este tipo, mientras que en todo 2010 ocurrieron 105. Ya en lo que va de 2011 tenemos unas 40 huelgas aproximadamente. Lo que esto nos dice es que hay una situación que el gobierno tiene que tomar en cuenta, que este método dejó de ser una forma de lucha tradicional de los presos.
-¿Qué concluyen de toda esta evaluación?
-Que en Venezuela hay déficit importante en materia de DDHH. Aspiramos que en la evaluación que se le haga al país en octubre en Naciones Unidas el gobierno tenga la suficiente apertura para escuchar.
-¿Algún indicador ha mejorado durante los 12 años de gobierno?
-Para nosotros un avance en materia de DDHH es el tema de pobreza, donde ha habido un desarrollo importante. En educación no hay dudas de que en términos cuantitativos todos los niveles han crecido, aunque queda una falta por parte del gobierno sobre la evaluación de la calidad de la formación que se está impartiendo. Además, con la reforma policial el gobierno está haciendo un esfuerzo en construir un modelo policial distinto.
-¿Qué pasó con el avance que se promocionó en 1999, tras la aprobación del capítulo de DDHH de la nueva Constitución?
-Jurídicamente Venezuela avanzó, pero eso no se ha traducido en voluntad política para transformar los derechos en garantías reales. Este no es un Estado que planifica en materia de DDHH. Avanzar en esta materia no puede depender de políticas espontáneas, requiere presupuesto, concertación de fuerza y voluntades. Si el gobierno hubiese tenido voluntad para dialogar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por ejemplo, se hubiese avanzado permitiendo, como hizo Brasil, el ingreso al país cuando quisieran.
-Con esta prohibición, ¿Cómo evalúan la relación de Venezuela con los organismos internacionales?
-Esta es una de las decisiones que seguramente va a salir en el informe y que el gobierno debería acatar. Venezuela ha tenido una actitud de Estado irreverente, porque no cumple con las sentencias. Ninguna de las 10 decisiones que ha dictado la Cidh a favor de víctimas en Venezuela las ha cumplido, sólo parcialmente la indemnización sobre El Caracazo. Tampoco acata las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni las del comité de Naciones Unidas contra la tortura. Hay una actitud de desconocimiento total.
-¿Qué consecuencias puede traer esta postura?
-Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con que Venezuela ingrese al Mercosur, pero el comportamiento del Estado y, particularmente, su actitud de desconocer las instancias internacionales los aleja. Si el Estado sigue manteniendo esas políticas, liderada por el presidente Chávez pero respaldada desafortunadamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se coloca obstáculos.
-¿En qué condiciones está el Estado venezolano?
-En general hay una situación muy preocupante. Hay problemas estructurales en DDHH que no se han podido superar en muchos años, que anteceden incluso al gobierno de Chávez: los altos niveles de violencia en las cárceles, el déficit importante en el derecho a la vivienda, la crisis en salud y las prácticas irregulares de los cuerpos policiales. Eso se suma a otros temas que están muy relacionados al actual gobierno.
-¿Cuáles derechos se han debilitado en este gobierno?
-En Venezuela hay un abierto proceso de violación a la libertad sindical, que arrancó muy firmemente con el gobierno del presidente Chávez. También hay violaciones a las contrataciones colectivas, porque prácticamente desde el gobierno se instauró la política de no discutir.
-También se acusa al Ejecutivo de violar el derecho a la libertad de expresión.
-Hasta 2006 decíamos que en Venezuela había una amplia libertad de expresión. Hoy hay un incremento progresivo de los riesgos: no sólo por Rctv, fue la amenaza abierta a medios impresos, la no renovación de concesiones de 34 emisoras de radio y un ataque constante, como política de Estado, con la idea de intimidar.
-¿Estaría en riesgo el derecho a la protesta?
-No podemos hablar de que no existe derecho a la manifestación pacífica, porque de tres mil 315 manifestaciones que hubo en 2010 solo fueron reprimidas 150. Sin embargo, a partir de 2005 el gobierno comenzó a perder la paciencia. Se ha impuesto una política de Estado de enjuiciar penalmente a personas por participar en protesta pacíficas. Calculamos que unas dos mil 500 personas están sometidas a juicios penales. Pensamos que es una política de Estado porque no participa sólo el Ejecutivo: hay una triangulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la complicidad de la Defensoría del Pueblo, que avala esta política de criminalización
-¿Dónde queda la separación de poderes?
-El problema es que en Venezuela no hay independencia de poderes. El Presidente prácticamente impone la agenda de los diputados, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
-¿Cómo han evolucionado las protestas en los últimos años?
-La protesta se ha ido radicalizando, ante un Estado que está de espalda a los reclamos de la gente, que actúa con desidia. Está generando como que la gente se desespere y está optando por salidas radicales.
-En el informe de Provea, sin embargo, se dice que los venezolanos prefieren manifestarse de forma pacífica.
-Hay una voluntad a la protesta pacífica. De las tres mil 300 protestas que hubo el año pasado de acuerdo con nuestras investigaciones, solo 48 se tornaron violentas. Sin embargo, el gobierno tiene que estar consciente de que su actitud hace que la gente se moleste.
-¿Cómo se evalúa el modelo de las huelgas de hambre?
-La huelga, que es una forma de protesta pacífica, se torna radical. En 2009 contabilizamos una sola protesta de este tipo, mientras que en todo 2010 ocurrieron 105. Ya en lo que va de 2011 tenemos unas 40 huelgas aproximadamente. Lo que esto nos dice es que hay una situación que el gobierno tiene que tomar en cuenta, que este método dejó de ser una forma de lucha tradicional de los presos.
-¿Qué concluyen de toda esta evaluación?
-Que en Venezuela hay déficit importante en materia de DDHH. Aspiramos que en la evaluación que se le haga al país en octubre en Naciones Unidas el gobierno tenga la suficiente apertura para escuchar.
-¿Algún indicador ha mejorado durante los 12 años de gobierno?
-Para nosotros un avance en materia de DDHH es el tema de pobreza, donde ha habido un desarrollo importante. En educación no hay dudas de que en términos cuantitativos todos los niveles han crecido, aunque queda una falta por parte del gobierno sobre la evaluación de la calidad de la formación que se está impartiendo. Además, con la reforma policial el gobierno está haciendo un esfuerzo en construir un modelo policial distinto.
-¿Qué pasó con el avance que se promocionó en 1999, tras la aprobación del capítulo de DDHH de la nueva Constitución?
-Jurídicamente Venezuela avanzó, pero eso no se ha traducido en voluntad política para transformar los derechos en garantías reales. Este no es un Estado que planifica en materia de DDHH. Avanzar en esta materia no puede depender de políticas espontáneas, requiere presupuesto, concertación de fuerza y voluntades. Si el gobierno hubiese tenido voluntad para dialogar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por ejemplo, se hubiese avanzado permitiendo, como hizo Brasil, el ingreso al país cuando quisieran.
-Con esta prohibición, ¿Cómo evalúan la relación de Venezuela con los organismos internacionales?
-Esta es una de las decisiones que seguramente va a salir en el informe y que el gobierno debería acatar. Venezuela ha tenido una actitud de Estado irreverente, porque no cumple con las sentencias. Ninguna de las 10 decisiones que ha dictado la Cidh a favor de víctimas en Venezuela las ha cumplido, sólo parcialmente la indemnización sobre El Caracazo. Tampoco acata las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni las del comité de Naciones Unidas contra la tortura. Hay una actitud de desconocimiento total.
-¿Qué consecuencias puede traer esta postura?
-Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con que Venezuela ingrese al Mercosur, pero el comportamiento del Estado y, particularmente, su actitud de desconocer las instancias internacionales los aleja. Si el Estado sigue manteniendo esas políticas, liderada por el presidente Chávez pero respaldada desafortunadamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se coloca obstáculos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario