En Ferrominera quieren despedir a Rubén González y frenar elecciones. Reportaje de Damián Prat
Además de entorpecer las elecciones sindicales, se impone la política de reprimir, hostigar y sembrar temor Carbonorca está abandonada y enfrenta acosos laborales mediante 46 calificaciones de despido
Aunque parezca insólito, los carteles de citación de la Inspectoría del Trabajo, complaciendo la solicitud de Ferrominera para despedir y dejar desempleado al secretario general de Sintraferrominera, Ru-bén González, corresponden a una acción de 26 meses atrás.
¿Por qué intentar hoy el despido del dirigente sindical y de otros 10 trabajadores más por el paro masivo de trabajadores en Ciudad Piar durante el mes de agosto de 2009? ¿Por qué el Ministerio del Trabajo, es decir, el Gobierno, revive ese episodio en éste momento? Hay que recordar que por ese paro, el Gobierno nacional encarceló y sometió a juicio a Rubén González durante 17 meses e incluso lo mantiene con juicio abierto y en régimen de presentación.
Las preguntas se las hacían ayer, ante la sede del Cicpc, docenas de trabajadores ferromineros que acompañaban a González al igual que otros dirigentes sindicales de la región como Emilio Campos (SutraCarbonorca) y Henry Arias (SintraAlcasa) y nacionales como Orlando Chirinos (Fadess).
Para algunos, la respuesta está en el empeño de la empresa Ferrominera Orinoco y del grupo FBT-PSUV en torpedear el proceso de elecciones sindicales y por lo cual el CNE, sorpresivamente y a última hora, negó la aprobación del cronograma presentado por la comisión electoral.
POLÍTICA DE TERROR
¿Por qué intentar hoy el despido del dirigente sindical y de otros 10 trabajadores más por el paro masivo de trabajadores en Ciudad Piar durante el mes de agosto de 2009? ¿Por qué el Ministerio del Trabajo, es decir, el Gobierno, revive ese episodio en éste momento? Hay que recordar que por ese paro, el Gobierno nacional encarceló y sometió a juicio a Rubén González durante 17 meses e incluso lo mantiene con juicio abierto y en régimen de presentación.
Las preguntas se las hacían ayer, ante la sede del Cicpc, docenas de trabajadores ferromineros que acompañaban a González al igual que otros dirigentes sindicales de la región como Emilio Campos (SutraCarbonorca) y Henry Arias (SintraAlcasa) y nacionales como Orlando Chirinos (Fadess).
Para algunos, la respuesta está en el empeño de la empresa Ferrominera Orinoco y del grupo FBT-PSUV en torpedear el proceso de elecciones sindicales y por lo cual el CNE, sorpresivamente y a última hora, negó la aprobación del cronograma presentado por la comisión electoral.
POLÍTICA DE TERROR
Otros estiman que además de entorpecer las elecciones sindicales, en el Ejecutivo se impone la política de reprimir, hostigar y sembrar temor entre los trabajadores y en general en los luchadores sociales de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Henry Arias, por ejemplo, señala que dentro de Alcasa se impone un ambiente de anarquía e ingobernabilidad, auspiciado por el grupo FBT-PSUV que perdió las elecciones y ahora no sólo pretende desconocer el resultado, sino crear el caos dentro de la empresa porque el presidente de la factoría es de otro grupo interno del chavismo.
Emilio Campos, líder del sindicato de Carbonorca, aún reclama por el abandono que el Gobierno tiene con esa empresa que apenas sobrevive sin poder recuperar su capacidad productiva de otrora, pero ahora enfrenta además una fuerte ofensiva represiva con 46 calificaciones de despido que de acuerdo a sus denuncias buscan doblegar la lucha de los trabajadores, liquidar al sindicato y enterrar a la contratación colectiva.
ENSAÑAMIENTO MARCADO
Henry Arias, por ejemplo, señala que dentro de Alcasa se impone un ambiente de anarquía e ingobernabilidad, auspiciado por el grupo FBT-PSUV que perdió las elecciones y ahora no sólo pretende desconocer el resultado, sino crear el caos dentro de la empresa porque el presidente de la factoría es de otro grupo interno del chavismo.
Emilio Campos, líder del sindicato de Carbonorca, aún reclama por el abandono que el Gobierno tiene con esa empresa que apenas sobrevive sin poder recuperar su capacidad productiva de otrora, pero ahora enfrenta además una fuerte ofensiva represiva con 46 calificaciones de despido que de acuerdo a sus denuncias buscan doblegar la lucha de los trabajadores, liquidar al sindicato y enterrar a la contratación colectiva.
ENSAÑAMIENTO MARCADO
El caso mas duro, sin embargo, sigue siendo el de Ferrominera. “Aquí pretenden imponer el terrorismo laboral. Someter al trabajador por miedo”, dijo Rubén González al salir de la sede del Cicpc de San Félix tras declarar por casi tres horas antes una comisión especial de la División de Homicidios enviada desde Caracas.
“Se suponía que ya ese caso estaba cerrado desde el punto de vista de la investigación, pendientes del acto conclusivo de la Fiscalía y de la audiencia preliminar, pero los funcionarios me dijeron que los habían comisionado para una `extensión de la investigación’ y me hicieron infinidad de preguntas sobre llamadas telefónicas que yo hice y trabajadores a quienes conozco, pero ninguna sobre la persona a quien más de 400 trabajadores vimos disparando aquella mañana del 9 de junio”, relata.
“Yo no tengo temor alguno porque nada debo. Lo único que he hecho es cumplir mi deber de luchar por los trabajadores”.
González está convencido de que el hostigamiento de que es víctima tiene por objeto criminalizar las luchas e impedir que se hagan las elecciones sindicales.
“Quieren dejar indefensos s a los trabajadores.
Esta junta directiva tiene 7 meses vencida y legalmente no tiene calificación para defender los derechos laborales. El contrato colectivo se venció el 5 de enero pasado. Ya tiene 10 meses vencido. Nadie entiende que el CNE impida las elecciones sólo porque un grupito no quiere ir a medirse”.
“Se suponía que ya ese caso estaba cerrado desde el punto de vista de la investigación, pendientes del acto conclusivo de la Fiscalía y de la audiencia preliminar, pero los funcionarios me dijeron que los habían comisionado para una `extensión de la investigación’ y me hicieron infinidad de preguntas sobre llamadas telefónicas que yo hice y trabajadores a quienes conozco, pero ninguna sobre la persona a quien más de 400 trabajadores vimos disparando aquella mañana del 9 de junio”, relata.
“Yo no tengo temor alguno porque nada debo. Lo único que he hecho es cumplir mi deber de luchar por los trabajadores”.
González está convencido de que el hostigamiento de que es víctima tiene por objeto criminalizar las luchas e impedir que se hagan las elecciones sindicales.
“Quieren dejar indefensos s a los trabajadores.
Esta junta directiva tiene 7 meses vencida y legalmente no tiene calificación para defender los derechos laborales. El contrato colectivo se venció el 5 de enero pasado. Ya tiene 10 meses vencido. Nadie entiende que el CNE impida las elecciones sólo porque un grupito no quiere ir a medirse”.
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