El diálogo social es consustancial a la democracia y constituye un medio eficaz para construir consensos en las relaciones de trabajo, ayudar al progreso con equidad y afianzar la convivencia pacífica.
Para la OIT, “el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas e incluso el mero intercambio de información entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadoressobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Las condiciones indispensables para su práctica son:
a) La existencia de organizaciones sindicales, de trabajadores y de patronos, sólidas e independientes con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios.
b) Voluntad política y compromiso de los interesados.
c) Respeto a la Libertad Sindical y al Derecho de negociación Colectiva.
d) Un apoyo institucional adecuado.” La República Bolivariana de Venezuela se define como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como derechos fundamentales, lo cual daría pie para pensar en la existencia de una institucionalidad adecuada para que haya diálogo social. Además, de acuerdo con la Constitución, la democracia participativa y protagónica supone la activa intervención de los actores sociales en la determinación de las políticas públicas; en particular, en aquellos que afectan sus derechos e intereses. No obstante, las ejecutorias oficiales se han convertido en obstáculo insalvable para que haya diálogo social. En su obstinado empeño por imponer una ideología que encierra una presunta verdad única e incontrovertible, que nos hará felices así no queramos, el gobierno nacional no admite contradictores y exige aceptación incondicional. El reconocimiento del “otro”, que está en la base de todo diálogo, es inadmisible para la revolución. Por tal razón, los sindicatos autónomos e independientes, por el solo hecho de serlos, son escarnecidos desde el poder. Por eso, las prácticas antisindicales se convirtieron en políticas de Estado; el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público ha sido conculcado y las protestas de quienes lo exigen se criminalizan.
La excusa preferida del gobierno para negarse a negociar nada es la descalificación de los representantes de las organizaciones, de trabajadores y de empleadores, etiquetándolos de “cúpulas”. Desde su peculiar perspectiva, el verdadero diálogo es el que realiza el Presidente con el “pueblo” en sus cadenas, o el que tiene lugar en los órganos del denominado poder popular.
En fin, en nuestro país no se cumple ninguno de los cuatro requisitos arriba enunciados, ni el gobierno tiene el menor interés en cumplirlos. La ausencia de diálogo social y de instituciones que lo propicien no deja lugar a dudas de la responsabilidad oficial en el fomento de la conflictividad y la confrontación.
Menos mal que el 2012 está a la vuelta de la esquina.
a) La existencia de organizaciones sindicales, de trabajadores y de patronos, sólidas e independientes con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios.
b) Voluntad política y compromiso de los interesados.
c) Respeto a la Libertad Sindical y al Derecho de negociación Colectiva.
d) Un apoyo institucional adecuado.” La República Bolivariana de Venezuela se define como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como derechos fundamentales, lo cual daría pie para pensar en la existencia de una institucionalidad adecuada para que haya diálogo social. Además, de acuerdo con la Constitución, la democracia participativa y protagónica supone la activa intervención de los actores sociales en la determinación de las políticas públicas; en particular, en aquellos que afectan sus derechos e intereses. No obstante, las ejecutorias oficiales se han convertido en obstáculo insalvable para que haya diálogo social. En su obstinado empeño por imponer una ideología que encierra una presunta verdad única e incontrovertible, que nos hará felices así no queramos, el gobierno nacional no admite contradictores y exige aceptación incondicional. El reconocimiento del “otro”, que está en la base de todo diálogo, es inadmisible para la revolución. Por tal razón, los sindicatos autónomos e independientes, por el solo hecho de serlos, son escarnecidos desde el poder. Por eso, las prácticas antisindicales se convirtieron en políticas de Estado; el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público ha sido conculcado y las protestas de quienes lo exigen se criminalizan.
La excusa preferida del gobierno para negarse a negociar nada es la descalificación de los representantes de las organizaciones, de trabajadores y de empleadores, etiquetándolos de “cúpulas”. Desde su peculiar perspectiva, el verdadero diálogo es el que realiza el Presidente con el “pueblo” en sus cadenas, o el que tiene lugar en los órganos del denominado poder popular.
En fin, en nuestro país no se cumple ninguno de los cuatro requisitos arriba enunciados, ni el gobierno tiene el menor interés en cumplirlos. La ausencia de diálogo social y de instituciones que lo propicien no deja lugar a dudas de la responsabilidad oficial en el fomento de la conflictividad y la confrontación.
Menos mal que el 2012 está a la vuelta de la esquina.
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