Inicia juicio contra Rubén González.

El Ministerio Público presentó un testigo de Ferrominera Orinoco (FMO) y el secretario general de Sintraferrominera llevó 20 trabajadores para la audiencia.

El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, discute. Foto cortesía

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com

Dos años y dos meses después de la anulación del juicio y un agotador régimen de presentación cada 15 días en Caracas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, asiste a un nuevo proceso por los mismos delitos por los cuales se le encarceló en el 2009.

Acompañado de dirigentes sindicales del país y asistido por el Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y los abogados de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), comenzó este viernes la primera audiencia de juicio postergada en cinco oportunidades durante este año.

Recuento del caso 11 de agosto de 2009. Inicia en Ciudad Piar y en el área de Ferrocarril de Puerto Ordaz una paralización de 16 días, debido al incumplimiento en el pago de pasivos laborales, retroactivo y beneficios de la recién aprobada convención colectiva. La convención colectiva había sido homologada por el presidente de la República, Hugo Chávez, el 1 de junio de 2009. El contrato había sido firmado en el 2008. 24 de septiembre de 2009. El secretario general de Sintraferrominera es detenido en Ciudad Bolívar y trasladado al Cicpc de Ciudad Guayana. Estuvo en los calabozos de Guaiparo una semana y, posteriormente, se le dicta casa por cárcel. 26 de septiembre de 2009.González es recluido en la sede de Patrulleros de Caroní y allí permanece detenido 17 meses. 28 de febrero de 2011. La jueza Magda Hidalgo, a cargo del Tribunal Sexto de Juicio, condena a González a siete años, seis meses y 22 días de cárcel. 3 de marzo de 2011. González es dejado en libertad bajo régimen de presentación, tras la decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que consideró la existencia del vicio de inmotivación en la sentencia condenatoria.

González fue acusado el pasado10 de mayo por los delitos de instigación a delinquir, restricción al trabajo, agavillamiento y transgresión a las zonas de seguridad por la huelga de 16 días que los trabajadores de Ferrominera Orinoco (FMO) ejercieron en agosto de 2009 en Ciudad Piar.

En esta primera audiencia el Ministerio Público presentó como testigo un trabajador de FMO quien dijo desconocer del caso por encontrarse de vacaciones para el momento de la protesta.

González llevó al tribunal a 20 trabajadores, de los cuales sólo cinco pudieron rendir declaraciones este viernes.

El Tribunal Vigésimo Cuarto de Juicio en Caracas retomará la audiencia el próximo 21 de junio.

Dirigentes sindicales de Caracas y de Guayana asistieron a la sede de los tribunales para expresar su respaldo al dirigente y su rechazo a la criminalización de la protesta.

Demora injustificada
En la tarde de este viernes, el dirigente sindical se reunió con el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos.

El caso de Rubén González es considerado por Provea como el más emblemático de la criminalización de la protesta en Venezuela y ha sido denunciado ante la OIT a través de la queja 2.763 presentada por el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep-CVG) en el 2009.

En el organismo de las Naciones Unidas el gobierno ha justificado la detención atribuyéndolo a un proceso penal.

En su última reunión en marzo de este año la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, un órgano independiente constituido por juristas que examinan la aplicación de los convenios, lamentó una vez más la demora en los procedimientos penales relativos al dirigente sindical “y la falta de motivación adecuada en la sentencia de la jueza que conoció el caso”.

Los juristas observaron que el Gobierno no ha explicado las medidas que habría tenido para sancionar a la Fiscalía por haber presentado el cargo de “asociación ilícita” que, según la información disponible ante el Comité, no tiene justificación.

Para el gobierno el inicio de un nuevo juicio se da por “diversos vicios”, entre ellos el de la inmotivación, que contenía la decisión dictada en primera instancia por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.