FRANCISCO DE MIRANDA.

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lunes, 11 de julio de 2011

Despidan a los que vieron.

 
Al menos 30 trabajadores, todos integrantes o activistas de la plancha 79, tanto de Ciudad Piar como de Puerto Ordaz, estarían bajo amenaza de despido por parte del patrono en Ferrominera Orinoco, siendo todos los amenazados activistas e integrantes de la plancha 79 que lidera Rubén González.
La medida estaría siendo adelantada por la directiva de Ferrominera desde hace una semana pero sin ofrecer información a los afectados, salvo cuatro de ellos a quienes se les aplica el despido directo por el artículo 102 de la Ley del Trabajo.
Rubén González, secretario general del sindicato y quien fue mantenido en prisión durante 17 meses, es de nuevo el objeto de la persecución implacable ya que él sería uno de los que tendría solicitud de calificación de despido y desde hace un mes la empresa le ha suspendido la ficha de ingreso a las instalaciones.
"En la dirección de asuntos laborales se han negado a darnos constancia escrita y oficial de la medida ni nos informan de la lista de quienes estamos siendo amenazados de despido, pero ya hay cuatro compañeros despedidos, dos de ellos de Ciudad Piar y dos de Puerto Ordaz", denuncia González.
Entre los despedidos se encuentran dos integrantes de la plancha 79 aunque González asegura que la parte patronal no sólo actúa contra luchadores sindicales que le hacen peso, sino que "todos los despedidos y amenazados son los testigos que han declarado acusando a Héctor Maican", dirigente del grupo M21-FBT de haber sido el autor de los disparos que mataron a Renny Rojas e hirieron a Luís Quilarque el pasado 9 de Junio en el portón de la empresa en Puerto Ordaz, poco antes de realizarse una asamblea en la que debió elegirse la comisión electoral para los comicios del sindicato.
Contra el resto habría calificaciones de despido ante la Inspectoría del Trabajo en una medida que dirigentes sindicales del sector aluminio calificaron como retaliación para imponer un sindicato patronal.
Señalaron que el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh y el dirigente del grupo FBT-21, Alfredo Spooner, ambos del grupo interno del Psuv que dirige el gobernador del estado Francisco Rangel Gómez, han desatado los hechos de violencia y luego han usado sus influencias políticas y control de las instituciones para tratar de liquidar sindicalmente a Rubén González.
Emilio Campos, principal líder de SutraCarbonorca, Eleazar Rojas del sindicato de Bauxilum, Henry Arias director laboral de Alcasa y Juan Gómez presidente de SunepCVG están convocando a una asamblea de dirigentes de todos los sindicatos para rechazar esos despidos en Ferrominera y en respaldo a Rubén González.
"Es aberrante lo que hacen", dice González, "ellos argumentan que los trabajadores despedidos o amenazados han faltado `al decoro’ por los hechos de violencia, pero aparte de que el único que disparó fue Maicán, solo se sanciona a los de la plancha 79. Tal parece que sólo ellos estaban en la asamblea. No hay nadie del grupo patronal sancionado".
LA OTRA CARA Una manifestación de trabajadores de Ferrominera, militantes del sector FBT del Psuv, encabezada por Spooner y Sabbagh se realizó la mañana del sábado "exigiendo justicia por la muerte de Ronny Rojas".
Spooner dijo que "hay uno que dispara pero existe otro que emana la orden y ese no es mas que Rubén González", reiterando lo que fue la línea argumental de ese sector desde la mañana de los hechos: acusar a Rubén González y pronosticó que "el próximo mes esperamos no necesitar estar aquí porque se habrá hecho justicia".
El presidente de la empresa siempre directamente involucrado en esos conflictos sindicales defendió a Héctor Maicán asegurando que "de no ser por su intervención, tendríamos muchos más muertos".
UN PISTOLERO CON SUERTELa mañana del 9 de junio tras los hechos de violencia y disparos con un fallecido y un herido, el Cicpc detuvo a Héctor Maicán. Dos días después los fiscales del Ministerio Público, incluyendo uno especial designado desde Caracas, tras analizar los videos de seguridad de la empresa, colectar evidencias y testimonios, imputaron al dirigente del grupo FBT por "homicidio calificado por motivos fútiles e innobles".
Sin embargo, el juez de control del caso desestimó el cargo por homicidio y le dictó medida de presentación cada 30 días por los cargos de "uso indebido de armas de fuego, lesiones leves y resistencia a la autoridad".
Dos semanas mas tarde el mismo Cicpc acusó por el delito de homicidio al trabajador Rodney Álvarez, partidario de la plancha de Rubén González, a quien detuvieron en Ciudad Piar y extraoficialmente se dijo que encontraron trazas de pólvora en su ropa. El juez le dictó privativa de libertad.

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