Tenemos un salario de hambre”, afirmó el presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del estado Bolívar, José Gregorio Hernández, al advertir la situación que en materia reivindicativa confrontan estos profesionales de la salud, y que se ha convertido en agenda prioritaria de este gremio en los últimos días en todo el país.
Y es que de acuerdo al representante del grupo de profesionales de la enfermería en la entidad, el salario que devengan no alcanza siquiera para cubrir una quinta parte de la canasta alimentaria que está por el orden de los seis mil bolívares. Hernández destacó que el sueldo que percibe una enfermera y enfermero es de apenas Bs.F. 1.400.
“Nosotros estamos solicitando reivindicaciones justas, que nuestros jubilados que dieron la vida trabajando sean bien atendidos”, dijo Hernández, quien asistió este jueves a la consulta popular que promueve el Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), en el marco del proyecto de reforma de la Ley del Sistema de Salud del estado Bolívar.
“Tenemos en el estado alrededor de 400 enfermeras y enfermeros que están en condiciones de jubilación, pero aún no se le hace efectivo sus pagos”, señaló el dirigente gremial.
En Bolívar, dijo, de los 1.100 enfermeros y enfermeras adscritos al ISP, 600 están bajo la figura de contratados que perciben salarios “míseros”, y discriminados en cuanto a beneficios contractuales, agregó.
12 mil en deudas
Hernández realizó un exhortó a las autoridades del Instituto de Salud Pública a honrar los compromisos laborales que aún tienen pendiente con este sector, al indicar la deuda por el orden de los 12 mil bolívares.
Catalogó de lamentable como “todavía nos deben 15 días del bono de fin de año del año pasado y a los obreros 30 días”. Además, les adeudan el bono de productividad como lo establece el decreto 6.055 suscrito en el año 2008, donde se indica que a través de las evaluaciones de desempeño se compensa con una bonificación; sumado a un diferencial de cestaticket que le deben desde el 2008, becas escolares y otros beneficios.
Hernández comentó la discriminación que se presenta con el pago de vacaciones a 800 de 3.300 trabajadores, a quienes les cancelaron siete días en vez de 42 u 87 días, el primero en el caso de los empleados y el segundo en el de los obreros, de acuerdo a la convención colectiva de trabajo.
En contra y a favor
Hernández destacó la participación de este gremio, junto al resto del sector laboral de salud en la consulta popular a la reforma de la Ley de Salud en la región, en la que expresaron algunos desaciertos y aciertos en torno al proyecto legislativo que prevén sea promulgada antes de que finalice este año.
Ratificó su desacuerdo a la eliminación de la participación laboral como miembro de la junta directiva del organismo regulador de salud y que pretende sustituir por los consejos comunales.
“No estamos en desacuerdo con esa participación, pero creemos que deben permanecer los dos directores laborales”, dijo, y acotó que tampoco están de acuerdo con lo contenido en el artículo 27 en cuanto a la conversión colectiva de trabajo. Plantean que se profundice la descentralización en salud a través de la municipalidad del sector con orientación a las comunas, incluyendo a sectores indígenas.
Penalizar la salud privada
La consulta pública al proyecto de reforma a la Ley de Salud del estado Bolívar que impulsa el Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) avanza hacia todos los sectores.
Este jueves, se realizó el debate sobre este proyecto legislativo a consideración de los gremios laborales, instalándose cinco mesas de trabajo para aportar y evaluar el articulado, que desde ya sufrió algunas modificaciones, de acuerdo a lo señalado por el diputado y presidente de la comisión de desarrollo social del Parlamento Regional, Asdrúbal López.
El parlamentario destacó la participación de 22 organizaciones gremiales del sector salud en esta consulta popular, que llevarán a su segunda aprobación para antes que finalice el período legislativo. López explicó que el proyecto sufrirá algunas transformaciones señalando la inclusión indígena en la estructura directiva de salud.
Además, resaltó el capítulo especial a las personas con discapacidad, y la contraloría social del poder laboral y comunal. También, mencionó la propuesta de penalizar de manera tributaria a quienes ejercen la medicina privada, siempre que se violente este derecho y el de la vida.
“Esta propuesta está en la mesa, porque quienes gozan de HCM, en reiteradas ocasiones se le viola el derecho a la salud, al negarse las clínicas a prestar este servicio porque el paciente no está tampoco asegurado”, sentencio. Para la semana próxima se presentará a los organismos administradores de salud regional.
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