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No basta con aplaudir los aumentos de salario mínimo decretados por el Presidente de la República, su discusión debe invitar a la revisión de todas las estructuras retomando el diálogo social.
Clavel A. Rangel Jiménezcrangel@correodelcaroni.com
El salario mínimo se ha convertido en el salario promedio del país. En vez de ser mínimo, como lo dice el concepto, es una referencia con el cual se fijan las remuneraciones”, plantea Froilan Barrios, profesor de la Cátedra de Relaciones Obrero Patronales de la Escuela de Relaciones Industriales de la UCAB y miembro del movimiento Solidaridad Laboral.
En la víspera del anuncio presidencial del aumento de salario por la cercanía del 1 de Mayo, la discusión sobre cuál debe ser el porcentaje de dicho incremento ha ocupado a las organizaciones patronales y movimientos político sindicales.
La tesis de Barrios es que el salario mínimo ha desvirtuado el tabulador por la discrecionalidad con que el Ejecutivo ha decretado los aumentos de salario, entre otras razones.
El Gobierno cuenta con varios mecanismos. La Comisión Tripartita Nacional (CTN) es la instancia encargada de la revisión de los salarios mínimos, al menos una vez al año y tomando como referencia el costo de la canasta alimentaria. También figura la “Mesa de Diálogo Social” (Gaceta Oficial N° 38.426 del 28 de abril de 2006) y los decretos presidenciales con los que puede decretar Salarios Mínimos Diferenciados por regiones, estados o áreas geográficas (Art. 170) y Tarifas Salariales Mínimas por industria o ramas de actividad.
El profesor dibuja el panorama con datos aportados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (Minpptrass), Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas): La población activa en Venezuela es de 13 millones. De esos 13, sólo 6 millones tienen un trabajo formal y 7 millones pertenecen al sector informal. Y casi el 45 por ciento de la población formal activa gana salario mínimo lo que constituye una “deformación” de la escala.
“En otros países como Uruguay, Colombia, Brasil, México, el salario mínimo lo devenga una parte minoritaria, apenas un 10 por ciento. Pero eso no es casual, en Venezuela hay una política del Ejecutivo de desmantelar el sistema de remuneraciones que está establecido en el tabulador de la escala salarial del sector público. Toda esa escala fue sustituida, barrida por unas denominaciones discrecionales”.
¿Quiénes están protegidos? Los trabajadores amparados por contrataciones colectivas. Empero, la discusión contractual -a grandes rasgos- también ha estado detenida a excepción de algunos casos.
Paradoja salarial
La esperanza de los trabajadores del sector público y privado es que se discutan los contratos.
En este último, sólo 500 mil personas tienen convención colectiva y están protegidas porque hay discusiones contractuales, sin embargo, la gran mayoría de esta población no tiene ni sindicato.
“Si el Presidente de la República no toma en cuenta en su Decreto al resto de los niveles laborales, evidentemente quien sale ganando de toda la política salarial es el sector privado y por supuesto el Presidente, porque no discute contratos ni nada por el estilo”.
Barrios denuncia que el Ejecutivo pretende mantener contenidos los salarios pues con ello mantiene a funcionarios públicos con salarios bajos, además mantiene una escala salarial igualitaria y al final, quien termina perjudicado es el trabajador.
Recuperar la institucionalidad
Para el analista laboral y gremialista lo correcto es que el Ejecutivo convoque a todos los sectores.
“Hay que pensar en la realidad laboral venezolana. La política con relación al salario tiene que estar ligada a varias cosas. Primero tanto al salario como al poder adquisitivo y en segundo lugar, ligada al empleo. Para que haya poder adquisitivo tiene que haber un aumento general de sueldos y salarios y, en tercer lugar, tiene que haber una definición de la seguridad social”.
¿Por qué hay países en donde no es necesario el decreto de aumento general de sueldos y salarios? Pues si hay movilidad en la discusión de los contratos colectivos y las tasas de desempleo son bajas, “eso permite que el resto de las escalas, aparte del salario mínimo, sean definidas por los patronos. Pero cuando no hay, sino la esperanza de que el salario se fije por la decisión presidencial, eso es condenar a la pobreza al resto de los trabajadores”.
Ambigüedad laboral
“Las decisiones del incremento de salario mínimo mueven los cimientos del mercado de trabajo, trastocando su dinámica y conformación”, señala Josué Bonilla García, director de Extensión del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB en su estudio El Salario Mínimo en Venezuela: Algunas consideraciones generales (2009).
De acuerdo al profesor, tanto en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 como en su reforma de 1997, “se ha mantenido cierta ambigüedad con respecto al concepto de salario mínimo vital en su forma más restringida o específica, al entremezclarlo con el concepto, un tanto más amplio, de salario mínimo obligatorio, que permite establecer diferenciaciones por ramos de industria, de profesiones, etc. No se trataba, al parecer, del salario mínimo vital, propiamente como tal, el cual se ha entendido siempre como ‘un mínimo salarial, de subsistencia que debería recibir toda persona que realiza un trabajo para terceros”.
Bonilla señala que en estos años se afectó toda la estructura y la lógica de la administración salarial, lo que generó “solapamientos entre las tasas salariales correspondientes a los grados y pasos contemplados en el Tabulador”.
Como resultado se produjo un fenómeno de “achatamiento” de la estructura. “Tal situación hizo frecuentes los casos de trabajadores que ocupaban cargos de niveles inferiores en cuanto a exigencias de educación formal o experiencia, pero igualaban salarialmente a trabajadores que ocupaban cargos de mayor valor relativo, atentando contra uno de los principios básicos de todo sistema de remuneración, la equidad interna”.
Advierte que un incremento no planificado y que no atienda a un crecimiento real podría hacer colapsar a este tipo de organizaciones privadas.
“Hemos querido alertar sobre la deformación de la utilización de la figura del salario mínimo como única medida formal orientada a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, la cual se ha transformado de un medio para proteger a los sectores más débiles a un privilegio de ciertos sectores de la sociedad, aislando la política Gubernamental de una política de Estado más incluyente que excluyente”.
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