“Tenemos una situación explosiva en términos sociales”

domingo, 17 de abril de 2011

El representante del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) identifica tres grandes problemas que a su juicio demuestran la carencia de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Los abusos de cuerpos policiales, asociado al tema seguridad; la salud pública, al no contar con un sistema que garantice este derecho, “no sólo en el ámbito curativo, sino que tampoco hay políticas preventivas”; y la vivienda, un problema que “se ha agudizado por la ineficacia e ineficiencia en la gestión pública gubernamental”. El análisis del conjunto es lo que conlleva a Marino Alvarado a afirmar que “todas esas situaciones hacen que en Venezuela tengamos una situación explosiva en términos sociales”. Marcos David Valverdemdvalverde@correodelcaroni.com Foto cortesía El Universal  Derechos humanos. A muchos, el significado de esas dos palabras juntas les suena, en Venezuela, a utopía, a imposible, a farsa. El abogado Marino Alvarado, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), no comparte esa idea, pero sí argumenta que en el país es poco lo que se hace para hacerlos valer. Y más: el aparataje estatal se utiliza como herramienta para tornarlos en flaquezas. Pero, en comparación con situaciones pasadas, existe una diferencia: la gente está reaccionando ante esa situación. Más de mil protestas durante el primer trimestre de 2011, sirven como base para su argumento. “Los policías generan un importante saldo de víctimas todos los años”  El artículo 2 de la Constitución señala que los organismos del Estado deben velar por la protección de los derechos humanos. - En dos platos, ¿eso se está cumpliendo en Venezuela?  - Yo lo ampliaría. La Constitución tiene una serie de derechos y garantías que establecen  obligaciones para los distintos órganos y entes del Estado, y eso debe tener, como resultado final, garantizar suficientes libertades como para tener una democracia sólida. Ahora, entre el texto de la Constitución y la realidad hay una gran distancia, porque funcionarios del Estado no han tenido la suficiente voluntad política para hacer cumplir esas normas. A pesar de que en Venezuela ha habido avances en materia de derechos humanos, sobre todo en la reducción de la pobreza, existen grandes carencias. Unas de esas son estructurales y vienen desde mucho antes del gobierno de Chávez. Hay una en concreto, los abusos de cuerpos policiales, que ha generado varias situaciones, como torturas y desapariciones forzadas, que en 2010 sumaron 39, además de las ejecuciones y los allanamientos. Esos policías generan un importante saldo de víctimas todos los años.  Hay otro problema estructural, el problema de salud pública. Venezuela no cuenta con un sistema de salud pública que garantice esa salud, no sólo en el ámbito curativo, sino que tampoco hay políticas preventivas. El otro grave problema tiene que ver con la vivienda, que se ha agudizado por la ineficacia e ineficiencia en la gestión pública gubernamental. Todas esas situaciones hacen que en Venezuela tengamos una situación explosiva en términos sociales, y en todo eso se ha reflejado que los cuerpos policiales se han convertido en parte del delito en Venezuela. De hecho, la propia Comisión Nacional de Reforma Judicial reveló que, aproximadamente, el 25 por ciento de los delitos que se cometen en Venezuela, tienen participación o de la policía o de la Guardia Nacional (Bolivariana). Entonces, la inseguridad, en los últimos dos años, se ha transformado en un motivo de protesta: la gente ha empezado a tomar las calles para reclamar seguridad. Todo este cuadro de no satisfacción de derechos y de descontento social, está generando en el país una situación muy explosiva. El registro que nosotros llevamos de protestas en lo que va de año, nos indica que muy posiblemente en el 2011 vamos a tener casi el doble de protestas de las que se desarrollaron en 2010, cuando hubo 3 mil. Lo que se puede probar estadísticamente es que en Venezuela hay un alto nivel de descontento social y la gente, cada día, toma la calle para reclamar derechos, y esa motivación se suma a la generación de expectativas en algunos derechos que el Ejecutivo no ha sido capaz de satisfacer, particularmente en el sector vivienda. Responsabilidad de muchos- “La responsabilidad por el respeto y garantía de los derechos humanos es exclusivamente del Estado”. Hoy en día, ¿qué se puede decir de esa premisa?  - Hay que hacer énfasis en qué es el Estado, porque a veces se tiende a identificar los problemas de derechos humanos con un problema del Ejecutivo nacional. Cuando hablamos de Estado, hablamos de los distintos poderes públicos, de los niveles como las gobernaciones y alcaldías. El problema no es de un gobierno chavista o no: es del Estado, porque no hay una política democrática de orden público, que respete el derecho a la manifestación pacífica, que los funcionarios no vayan armados a las manifestaciones y que el diálogo sea el primer elemento. Todo eso está prácticamente borrado de las autoridades de este país. La respuesta frente a una protesta es el uso de gases lacrimógenos y las armas de fuego. Si hablamos de otros poderes públicos, habría que preguntarse qué hacen la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y si contribuyen con que en Venezuela se respeten los derechos existentes en la Constitución. Temas delicados- ¿Cuál debe ser la actuación del Estado frente a los violadores de los derechos humanos? Más concretamente, ¿se justifica la violencia para frenar a quienes violan derechos humanos?  - El Estado es el responsable de garantizar la satisfacción de los derechos humanos. Eso implica que tiene la obligación de hacer y diseñar políticas públicas y destinar recursos para la ejecución de esas políticas. También tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos de cualquier naturaleza. Cuando el Estado no investiga y no sanciona esas violaciones, se genera una situación desfavorable para que eso se repita, y es lo que ha pasado. Por ejemplo, los cuerpos policiales se acostumbraron a que, frente al abuso de poder, no había ninguna respuesta institucional. Igual pasa en el campo de derechos sociales. Citemos como ejemplo el caso de Pdval, conocido también como Pudreval: hasta ahora, no se conoce la apertura de investigaciones para determinar responsabilidades, y posiblemente esas irregularidades se repitan. Ahora se descubre, por el informe del Contralor, que se perdieron toneladas de medicinas porque se cometieron los mismos errores. Desafortunadamente, en nuestro país tenemos un altísimo nivel de impunidad. - Pero, digamos: atentar contra la vida de un delincuente que tiene tantos homicidios encima, especialmente bajo la figura de enfrentamiento con autoridades policiales, para detener esas violaciones a los derechos humanos, ¿se justifica?  - Los falsos positivos venezolanos…  - Correcto: los falsos positivos.  - En primer lugar, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Como tal, está obligado a usar la fuerza con proporcionalidad, y ese uso debe causar el menor daño posible, incluso en la guerra. El Estado, además, debe usar la fuerza en el estado de la legalidad. Entonces, cuando las autoridades realizan un uso abusivo de la fuerza y traspasan el marco de la legalidad para cometer delitos, en este caso las ejecuciones, los policías crean historias falsas sobre el delincuente. Se le pone un arma que se va reciclando, porque el arma que se le coloca a una persona ejecutada muchas veces aparece en muchos escenarios del crimen. La Policía trata de mostrar efectividad frente al crimen inventando enfrentamientos que no existen, y sobre eso es importante señalar que se usan a los medios de comunicación para emitir boletines totalmente distorsionados, donde la persona asesinada aparece como delincuente. Ese patrón se ha repetido y ha llevado a niveles extremos esa práctica, al punto que se ejecutan policías contra policías.  Con esto se promueve una violencia ilegal y arbitraria, porque lo que se hace es hacer más complejas las soluciones a los problemas. Diría que estamos en una situación bastante grave en Venezuela porque la policía sigue realizando ejecuciones, y por eso es necesario tener conciencia del uso proporcional de la fuerza. - ¿Cuáles son las esperanzas?- ¿Existe, como dijo al comienzo, la voluntad política para garantizar el respeto de los derechos humanos en Venezuela?  - Falta mucha voluntad política. Esa falta de voluntad se refleja en el hecho de que actualmente Venezuela atraviesa por una situación: en octubre, la Organización de Naciones Unidas realizará un examen periódico sobre la situación de los derechos humanos en el país. La ONU recomienda la celebración de amplios debates sobre el tema con la sociedad civil y las organizaciones del Estado.  A pesar de que estamos en ese proceso, por parte del Ejecutivo nacional no se ha promovido el debate, y los gobernadores no tienen la más mínima idea de que en Venezuela se va a hacer esa evaluación. La única gobernación que, medianamente, ha tomado iniciativas, es la de Táchira, pero de resto, ni siquiera los gobernadores saben sobre la evaluación. Tampoco hay voluntad de escuchar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Organización Internacional del Trabajo. No hay, entonces, voluntad política.      Los ejemplos se multiplican  Marino Alvarado señala que, desde comienzos de 2011, la radicalización de la protesta se ha multiplicado en Venezuela. Ya no son sólo las huelgas de hambre, sino también las cosidas de labios y, en el caso de los presos, las huelgas de sangre.  “El descontento se refleja no sólo en el incremento de protestas, sino de las huelgas radicales. La gente ha asumido formas de protesta que, tradicionalmente, utilizaban los presos. Ojalá no lleguemos a las huelgas de sangre en el ámbito social. De hecho, el año pasado, presos y trabajadores protagonizaron la misma cantidad de huelgas de sangre: 35 y 35”, observa.