domingo, 27 de mayo de 2012
sábado, 19 de mayo de 2012
Hasta una inyectadora deben comprar pacientes del Hospital Central.
Imprimir Enviar Compartir Tamaño Tweet -------------------------------------------------------------------------------- Valencia, mayo 18 (Vanessa Guzmán Gamboa).- Inyectadoras, gasas, yodo, antibióticos, kit quirúrgicos, entre otros utensilios e insumos médicos, deben comprar los familiares de los pacientes de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), para proporcionarles una atención "a medias" al enfermo que llega al recinto de salud pública, en búsqueda de servicios de salud gratuitos. Es así como la falta de insumos se ha convertido en un problema continuo en la Chet, pues las denuncias de los afectados, no dejan de llegar a este diario. Los ciudadanos de escasos recursos "hacen milagros" para poder costear la lista de productos que deben comprar para conseguirle una cura a su ser querido. Marioxi Vargas, tiene a su bebé internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico del mencionado centro de salud del Gobierno Nacional, desde hace 10 días, ha tenido que comprar a diario tres tubos de ensayo para tomar las muestras de laboratorio que requiere el infante. "Todos los días compro tres tubos de ensayo, medicamentos, antibióticos; además mi esposo tiene que llevar las muestras que le toman a mi bebé fuera del hospital, puesto que aquí no le hacen los exámenes que requiere". Vargas señaló que ha gastado más de 6 mil bolívares desde que su hijo está internado en el centro de salud pública. Por su parte, Rosbella Contreras, abuela de un niño que también está recluido en pediatría, dijo que el hospital no tiene nada. "Uno llega de emergencia con un bebé enfermo a la Chet y no lo pueden atender bien, porque no tienen nada con que curarlo". Contreras dice que sumada a la preocupación que se genera por la enfermedad de su familiar, está la de buscar hasta debajo de las piedras los medicamentos que piden, pues muchas veces no se consiguen en las farmacias cercanas al hospital.
miércoles, 4 de abril de 2012
Tascón Vive
NITU PÉREZ OSUNA | EL UNIVERSAL
miércoles 4 de abril de 2012 04:25 PM
"Estimada amiga: Sabes bien, por comunicaciones anteriores, que soy un empleado público con posibilidades de conocer algunas de las barbaridades que se vienen cometiendo en la actual administración revolucionaria. Te he contado algunas cosas, pero la que te voy a relatar a continuación, pienso que es la mas cruel y ruin de todas, porque está relacionada con nuestra juventud, esa que debemos formar en principios y valores de honestidad, trabajo, constancia, defensa de la libertad de pensamiento y de los derechos humanos y sobre todo de la verdad que debemos defender a costa de lo que sea.
No se si estás al tanto de lo que sucede en la Unefa, allí aplican en la actualidad la infame Lista de Tascón por órdenes expresas de Miraflores. La Dra. Virma Cuberos, del vice rectorado académico, se ha encargado de convocar a todo el personal contratado para revisar sus documentos. Algunos de ellos tienen 10 años trabajando en la institución, así que no se entendía -en principio- qué era lo que se iba a revisar.
A los contratados los llaman al piso 13 y al 8 solicitándoles originales y copias de todos sus documentos profesionales. Tras largas colas que pueden tomar a veces hasta las 10 de la noche, lo primero que hacen es pedirles la cédula de identidad. De inmediato y sin el menor disimulo, revisan en la infame lista Tascón, delante de todo el mundo, si la persona aparece en ella como firmante. En caso de ser positivo, le mandan a hablar con su jefe inmediato quien - sin mediar palabras- hace entrega de una carta de retiro por falta de presupuesto.
A una buena amiga la botaron delante de todo el personal del departamento al cual estaba adscrita en la Unefa y su jefe, quien ostenta el rango de coronel, llamó a todos sus compañeros y en alta voz le dijo que estaba despedida por apátrida y traidora.
Te cuento que ella esperó ser recibida mas de 10 días, de manera que cuando ese soldado de la patria le entregó la carta, ésta tenía fecha de casi dos semanas antes, por lo tanto no le pagaron la quincena trabajada y mucho menos las prestaciones sociales, bonos o utilidades fraccionadas.
Estos trabajadores cuando han ido a reclamar a Recursos Humanos, les han dicho que lo que importa es la fecha que tiene la carta de retiro, no si se las entregaron con cierto retraso, violando así la Ley del Trabajo que estipula que solo cuando el empleado recibe la carta de despido ella se hace efectiva.
A nivel nacional van 300 personas despedidas sin ningún tipo de consideración, adjuntos a decanos, coordinadores, secretarias, docentes etc. Y continuarán más este mes.
Algunos de estos profesionales fueron a denunciar este atropello a la Fiscalía y otros, al Ministerio del Trabajo, en ambos organismos les dijeron: ¿Los botaron por firmar?... ¡Bien hecho! ¡Cálense sus despidos traidores!... y no armen mucho lío porque la lista se puede expandir a sus asquerosas familias.
Nitu, en este país la denuncia cae en saco roto, nuestra justicia está arrodillada.
El gobierno nacional se jacta de contar 30.000 milicianos rodilla en tierra con su comandante en jefe en la Unefa, la verdad es que no llegan a 500...pero él número de estudiantes no es lo sustantivo, lo que realmente importa es para que se creó esta institución que dice ser una excelencia educativa abierta al pueblo.
Tres elementos de interacción hacen que la Universidad sea Universidad: 1) Generación libre de conocimiento, 2) Expresión libre de conocimiento y 3) Difusión libre de conocimiento.
La Universidad debe ser un territorio libre, una variedad de posibles, una multiplicidad de conocimientos, pluralidad de ideologías, un centro de discusiones con respeto a la libertad de todos, un espacio para convivir con el que piensa distinto sin que esto signifique claudicar al propio pensamiento. La Universidad debe ser el encuentro de la unidad en la diversidad.
Lamentablemente la Unefa dista mucho de ese deber ser".
Al amigo que me escribe solo le digo que debemos seguir luchando. Vendrán nuevos tiempos, Venezuela tendrá pronto un nuevo amanecer.
pereznitu@gmail.com
No se si estás al tanto de lo que sucede en la Unefa, allí aplican en la actualidad la infame Lista de Tascón por órdenes expresas de Miraflores. La Dra. Virma Cuberos, del vice rectorado académico, se ha encargado de convocar a todo el personal contratado para revisar sus documentos. Algunos de ellos tienen 10 años trabajando en la institución, así que no se entendía -en principio- qué era lo que se iba a revisar.
A los contratados los llaman al piso 13 y al 8 solicitándoles originales y copias de todos sus documentos profesionales. Tras largas colas que pueden tomar a veces hasta las 10 de la noche, lo primero que hacen es pedirles la cédula de identidad. De inmediato y sin el menor disimulo, revisan en la infame lista Tascón, delante de todo el mundo, si la persona aparece en ella como firmante. En caso de ser positivo, le mandan a hablar con su jefe inmediato quien - sin mediar palabras- hace entrega de una carta de retiro por falta de presupuesto.
A una buena amiga la botaron delante de todo el personal del departamento al cual estaba adscrita en la Unefa y su jefe, quien ostenta el rango de coronel, llamó a todos sus compañeros y en alta voz le dijo que estaba despedida por apátrida y traidora.
Te cuento que ella esperó ser recibida mas de 10 días, de manera que cuando ese soldado de la patria le entregó la carta, ésta tenía fecha de casi dos semanas antes, por lo tanto no le pagaron la quincena trabajada y mucho menos las prestaciones sociales, bonos o utilidades fraccionadas.
Estos trabajadores cuando han ido a reclamar a Recursos Humanos, les han dicho que lo que importa es la fecha que tiene la carta de retiro, no si se las entregaron con cierto retraso, violando así la Ley del Trabajo que estipula que solo cuando el empleado recibe la carta de despido ella se hace efectiva.
A nivel nacional van 300 personas despedidas sin ningún tipo de consideración, adjuntos a decanos, coordinadores, secretarias, docentes etc. Y continuarán más este mes.
Algunos de estos profesionales fueron a denunciar este atropello a la Fiscalía y otros, al Ministerio del Trabajo, en ambos organismos les dijeron: ¿Los botaron por firmar?... ¡Bien hecho! ¡Cálense sus despidos traidores!... y no armen mucho lío porque la lista se puede expandir a sus asquerosas familias.
Nitu, en este país la denuncia cae en saco roto, nuestra justicia está arrodillada.
El gobierno nacional se jacta de contar 30.000 milicianos rodilla en tierra con su comandante en jefe en la Unefa, la verdad es que no llegan a 500...pero él número de estudiantes no es lo sustantivo, lo que realmente importa es para que se creó esta institución que dice ser una excelencia educativa abierta al pueblo.
Tres elementos de interacción hacen que la Universidad sea Universidad: 1) Generación libre de conocimiento, 2) Expresión libre de conocimiento y 3) Difusión libre de conocimiento.
La Universidad debe ser un territorio libre, una variedad de posibles, una multiplicidad de conocimientos, pluralidad de ideologías, un centro de discusiones con respeto a la libertad de todos, un espacio para convivir con el que piensa distinto sin que esto signifique claudicar al propio pensamiento. La Universidad debe ser el encuentro de la unidad en la diversidad.
Lamentablemente la Unefa dista mucho de ese deber ser".
Al amigo que me escribe solo le digo que debemos seguir luchando. Vendrán nuevos tiempos, Venezuela tendrá pronto un nuevo amanecer.
pereznitu@gmail.com
viernes, 30 de marzo de 2012
Daniel Santolo: Unidad tricolor de trabajadores aseguró que Capriles Radonski hará valer sus derechos.
Primicias24.com (Prensa Comando Tricolor) – Este viernes, la Unidad de Trabajadores con Henrique Capriles Radonski, ofreció una rueda de prensa para anunciar el despliegue de 24 grupos que llevarán la propuesta de tranquilidad y progreso que lidera el candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, a millones de trabajadores en todos los estados del país. El coordinador general de la organización, Daniel Santolo, quien estuvo acompañado por Jhony Magdaleno y demás representantes sindicales, aseguró que es hora que un demócrata asuma las riendas del país. Estamos seguros que Capriles hará valer los derechos de todos los trabajadores venezolanos”. Afirmó que el objetivo fundamental de los recorridos, será conocer y defender las necesidades de los trabajadores en cada rincón del país. “El Gobierno de Henrique Capriles Radonski defenderá los derechos laborales y respetará las contrataciones colectivas que desde hace mucho tiempo, el Gobierno Central no respeta, un Gobierno que se ha encargado de enjuiciar a los trabajadores que han protestado por sus derechos y han manifestado su descontento ante la situación que vivimos cada día. Esta realidad va a cambiar en la Venezuela del Progreso, porque recorreremos casa por casa todo el país para decirle a los trabajadores que sí hay un camino hacia el progreso, un camino que nos convoca a todos a vivir tranquilos sin importar cómo pensemos”. Santolo no justifica que en Venezuela más de 250 dirigentes sindicales hayan caído en manos de la violencia. “Esta es una realidad que debe y va a cambiar a partir de próximo 7 de octubre, y por eso hoy reforzamos nuestro compromiso con esta lucha. Los trabajadores venezolanos tenemos demasiado tiempo esperando por un cambio, un cambio para mejor, porque merecemos tener todos una seguridad laboral que nos proporcione una mejor calidad de vida, ya basta de esperar hasta el mes de mayo para que el Presidente aumente los salarios, eso no va a ocurrir en el nuevo ciclo que está por venir”. El coordinador general de la Unidad de Trabajadores con Henrique Capriles Radonski, aseveró que la calidad del trabajo y el empleo han ido disminuyendo en los últimos 13 años. “Los trabajadores necesitamos tener beneficios, necesitamos que nuestras vidas mejoren y eso sólo se puede lograr con un cambio de Gobierno, un Gobierno que trabajará en defensa de las condiciones sindicales y de los salarios. Henrique Capriles Radonski lo ha hecho en Miranda al reunirse con los trabajadores y lo hará en toda Venezuela”.
sábado, 24 de marzo de 2012
| Sábado, 24 de Marzo de 2012 |
Clavel A. Rangel Jiménez Después de cinco meses de resultar electo, el comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) asistió en pleno al portón III de Sidor. Una única consigna, la asistencia masiva de los sidoristas y una carpeta con 7 mil 314 firmas obligaron al comité ejecutivo a presentarse en la tribuna siderúrgica para recibir un mandato de los trabajadores: la necesidad de que el sindicato asuma sin dilaciones una agenda por la discusión del contrato, vencido hace casi dos años. Los dirigentes fueron llegando uno a uno. Los sidoristas, quienes desde noviembre no eran convocados por Sutiss, coreaban al unísono: “¡contrato, contrato!”, mientras las corrientes llamaban a las suyos. Habló Nerio Fuentes, el dirigente de Tendencia Clasista Cruz Hernández, el delegado Dioneris Fuentes, el secretario de finanzas, José “Acarigua” Rodríguez y el coordinador de la Coalición Siderúrgica, Leonel Grisett, antes de que el presidente de Sutiss, José Luis Hernández, hiciera presencia en el portón. “Los trabajadores que producimos las cabillas queremos contrato, no más sacrificios”, expresó Fuentes y segundos después “Acarigua” se puso a la orden: “Me someto al movimiento”, dijo en asamblea, al tiempo que llamó a la unidad, a superar las diferencias e invitó a la redacción de un pliego de peticiones. Grisett, promotor de la recolección de firmas, hizo alusión al conflicto en CVG Venalum para describir la potencialidad de los trabajadores cuando se unen. “Compañeros, perdimos la brújula hace rato (…) El patrón siempre es poderoso, sea cual sea público o privado, pero los trabajadores organizados somos más poderosos”, reflexionó el vocal de Sutiss. Unidad El clima unitario se rompió cuando el secretario general, Julio López, tomó el micrófono para relatar que eran perseguidos por mafias, que debía esconderse de grupos que querían arremeter contra él y cuando responsabilizó al resto de las corrientes de la mora contractual. Pero el desvío fue rápidamente encausado por los trabajadores, quienes - de inmediato - comenzaron a chiflarle y a corear “¡contrato!”. Grisett retomó la conducción: “Señores, señores ¿A qué hemos venido?”, preguntó a la asamblea y la respuesta fue, nuevamente, contrato. Un dirigente del Movimiento 27 también interrumpió y reclamó a Alianza Sindical. “Si no se ponen los pantalones, vamos a hacer como los de Venalum: les pasamos por encima”, amenazó el ex tercerizado. Y así, el presidente de Sutiss subió a la asamblea. De las manos de Grisett recibió la carpeta contentiva de las firmas y se comprometió con liderar el reclamo, no sin antes colocar como condición algunos pasos administrativos como entregar la data digitalizada de los 12 mil sidoristas ante el Ministerio de Planificación y Finanzas. Objetivo común Hace dos semanas el movimiento Coalición Siderúrgica colocó la primera pancarta en el portón III: “¡Contrato ya!”. Dioneris Fuentes, dirigente del Militante Siderúrgico, Cruz Hernández de Tendencia Clasista y Despertar Sidorista se sumaron a la actividad. Este viernes los equipos celebraron el logro de un primer objetivo. Fuentes felicitó a los trabajadores quienes acudieron a la convocatoria y anunció que el martes saldrán a Caracas a consignar las firmas en la Presidencia de la República. Los sidoristas calientan motores por la discusión de la convención colectiva, vencida hace 681 días. Grisett desmintió que el anteproyecto de contrato haya sido retirado de la Inspectoría del Trabajo y que este siendo revisado en las áreas como aseveró el secretario de organización, José Meléndez. |
| Sábado, 24 de Marzo de 2012 |
Clavel A. Rangel Jiménez Después de cinco meses de resultar electo, el comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) asistió en pleno al portón III de Sidor. Una única consigna, la asistencia masiva de los sidoristas y una carpeta con 7 mil 314 firmas obligaron al comité ejecutivo a presentarse en la tribuna siderúrgica para recibir un mandato de los trabajadores: la necesidad de que el sindicato asuma sin dilaciones una agenda por la discusión del contrato, vencido hace casi dos años. Los dirigentes fueron llegando uno a uno. Los sidoristas, quienes desde noviembre no eran convocados por Sutiss, coreaban al unísono: “¡contrato, contrato!”, mientras las corrientes llamaban a las suyos. Habló Nerio Fuentes, el dirigente de Tendencia Clasista Cruz Hernández, el delegado Dioneris Fuentes, el secretario de finanzas, José “Acarigua” Rodríguez y el coordinador de la Coalición Siderúrgica, Leonel Grisett, antes de que el presidente de Sutiss, José Luis Hernández, hiciera presencia en el portón. “Los trabajadores que producimos las cabillas queremos contrato, no más sacrificios”, expresó Fuentes y segundos después “Acarigua” se puso a la orden: “Me someto al movimiento”, dijo en asamblea, al tiempo que llamó a la unidad, a superar las diferencias e invitó a la redacción de un pliego de peticiones. Grisett, promotor de la recolección de firmas, hizo alusión al conflicto en CVG Venalum para describir la potencialidad de los trabajadores cuando se unen. “Compañeros, perdimos la brújula hace rato (…) El patrón siempre es poderoso, sea cual sea público o privado, pero los trabajadores organizados somos más poderosos”, reflexionó el vocal de Sutiss. Unidad El clima unitario se rompió cuando el secretario general, Julio López, tomó el micrófono para relatar que eran perseguidos por mafias, que debía esconderse de grupos que querían arremeter contra él y cuando responsabilizó al resto de las corrientes de la mora contractual. Pero el desvío fue rápidamente encausado por los trabajadores, quienes - de inmediato - comenzaron a chiflarle y a corear “¡contrato!”. Grisett retomó la conducción: “Señores, señores ¿A qué hemos venido?”, preguntó a la asamblea y la respuesta fue, nuevamente, contrato. Un dirigente del Movimiento 27 también interrumpió y reclamó a Alianza Sindical. “Si no se ponen los pantalones, vamos a hacer como los de Venalum: les pasamos por encima”, amenazó el ex tercerizado. Y así, el presidente de Sutiss subió a la asamblea. De las manos de Grisett recibió la carpeta contentiva de las firmas y se comprometió con liderar el reclamo, no sin antes colocar como condición algunos pasos administrativos como entregar la data digitalizada de los 12 mil sidoristas ante el Ministerio de Planificación y Finanzas. Objetivo común Hace dos semanas el movimiento Coalición Siderúrgica colocó la primera pancarta en el portón III: “¡Contrato ya!”. Dioneris Fuentes, dirigente del Militante Siderúrgico, Cruz Hernández de Tendencia Clasista y Despertar Sidorista se sumaron a la actividad. Este viernes los equipos celebraron el logro de un primer objetivo. Fuentes felicitó a los trabajadores quienes acudieron a la convocatoria y anunció que el martes saldrán a Caracas a consignar las firmas en la Presidencia de la República. Los sidoristas calientan motores por la discusión de la convención colectiva, vencida hace 681 días. Grisett desmintió que el anteproyecto de contrato haya sido retirado de la Inspectoría del Trabajo y que este siendo revisado en las áreas como aseveró el secretario de organización, José Meléndez. |
viernes, 9 de marzo de 2012
ESPAÑA
Sindicatos españoles consideran que llamado a huelga es justo
Será la primera huelga general que afrontará el Gobierno de Rajoy, apenas tres meses después de su llegada al poder.
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EL UNIVERSAL
viernes 9 de marzo de 2012 09:25 AM
Madrid.- Los dos sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), afirmaron hoy que la reforma laboral aprobada por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy es "imprudente" y "regresiva" y por eso consideraron que la huelga general es "justa y necesaria".
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, afirmaron que la huelga general convocada hoy para el próximo 29 de marzo contra la reforma laboral la ha desencadenado el propio Gobierno por sus formas y por su imprudencia, al haberla aprobado sin discutirla con los sindicatos, reseñó Efe.
Será la primera huelga general que afrontará el Gobierno de Rajoy, apenas tres meses después de su llegada al poder.
Con la convocatoria, las centrales sindicales quieren expresar el rechazo a la reforma laboral aprobada el 10 de febrero porque creen que daña los derechos de los trabajadores y facilita el despido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de los órganos de dirección de ambos sindicatos, Méndez y Toxo confirmaron que la convocatoria será conjunta.
Es una decisión difícil, pero "intachable" desde el punto de vista democrático y constitucional, según Méndez, que dijo que se debe a las medidas injustas del Gobierno.
"Es la reforma más regresiva en la historia de la democracia en España", dijo Toxo, quien consideró que el Gobierno ha actuado de forma "imprudente" y "ha jugado con las legitimidades" al no contar con los sindicatos y romper "decenios de diálogo social" en España.
Ambos líderes sindicales lamentaron que no haya habido ningún tipo de negociación ni expectativas de ello.
Toxo precisó que la huelga "no es un fin, sino un medio para conseguir que el Gobierno se siente a negociar" y recordó que los sindicatos han enviado varios escritos a los conservadores reclamando la apertura de la negociación.
Cándido Méndez por su parte opinó que la huelga general se ha convertido en "inevitable" por las "decisiones y errores" del Gobierno de Rajoy, por lo que afirmó que es "justa y necesaria".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que la convocatoria de una huelga general "no es la solución" y pidió a los sindicatos que reflexionen sobre la inoportunidad de este paro en un momento de "graves dificultades para todos".
El Gobierno argumenta que es una medida para intentar generar empleo en un país con 5,2 millones de desempleados, el 23 % de la población activa, que en los menores de 25 años supera el 48 %.
La nueva legislación, además de introducir medidas para incentivar la contratación de jóvenes, abarata los despidos, al reducir la indemnización para trabajadores fijos.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, afirmaron que la huelga general convocada hoy para el próximo 29 de marzo contra la reforma laboral la ha desencadenado el propio Gobierno por sus formas y por su imprudencia, al haberla aprobado sin discutirla con los sindicatos, reseñó Efe.
Será la primera huelga general que afrontará el Gobierno de Rajoy, apenas tres meses después de su llegada al poder.
Con la convocatoria, las centrales sindicales quieren expresar el rechazo a la reforma laboral aprobada el 10 de febrero porque creen que daña los derechos de los trabajadores y facilita el despido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de los órganos de dirección de ambos sindicatos, Méndez y Toxo confirmaron que la convocatoria será conjunta.
Es una decisión difícil, pero "intachable" desde el punto de vista democrático y constitucional, según Méndez, que dijo que se debe a las medidas injustas del Gobierno.
"Es la reforma más regresiva en la historia de la democracia en España", dijo Toxo, quien consideró que el Gobierno ha actuado de forma "imprudente" y "ha jugado con las legitimidades" al no contar con los sindicatos y romper "decenios de diálogo social" en España.
Ambos líderes sindicales lamentaron que no haya habido ningún tipo de negociación ni expectativas de ello.
Toxo precisó que la huelga "no es un fin, sino un medio para conseguir que el Gobierno se siente a negociar" y recordó que los sindicatos han enviado varios escritos a los conservadores reclamando la apertura de la negociación.
Cándido Méndez por su parte opinó que la huelga general se ha convertido en "inevitable" por las "decisiones y errores" del Gobierno de Rajoy, por lo que afirmó que es "justa y necesaria".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que la convocatoria de una huelga general "no es la solución" y pidió a los sindicatos que reflexionen sobre la inoportunidad de este paro en un momento de "graves dificultades para todos".
El Gobierno argumenta que es una medida para intentar generar empleo en un país con 5,2 millones de desempleados, el 23 % de la población activa, que en los menores de 25 años supera el 48 %.
La nueva legislación, además de introducir medidas para incentivar la contratación de jóvenes, abarata los despidos, al reducir la indemnización para trabajadores fijos.
martes, 6 de marzo de 2012
Violaciones a la contratación colectiva son “sistemáticas” en Tavsa .
Tras 10 días de haber culminado el paro de los trabajadores de la empresa Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa), no han rendido frutos las conversaciones con el viceministro de Industrias y ahora directivo de Sidor, Ramón Ernesto Perdomo. El delegado departamental del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Saracual, expuso que Perdomo no ha logrado hacer enlace con el ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez, quien debe firmar el punto de cuenta para la aplicación del tabulador, el 10 por ciento de meritocracia, la incorporación de tercerizados y la garantía de insumos para la planta. Indicó que la fábrica ya no cuenta con la materia prima (tochos) para la fabricación de los tubos, toda vez que se consumió y no se han reanudado las negociaciones. A la par, Saracual denunció que la compañía continúa violando el contrato colectivo de manera “sistemática”. La última irregularidad fue la suspensión del servicio de comedor sin previo aviso, presuntamente por deudas de la gerencia de Tavsa con la empresa proveedora Corpobrica. Por esa razón los trabajadores se han quedado en las áreas sin la garantía de los alimentos, así como los fines de semana y los días feriados, a pesar de que el beneficio está previsto en la cláusula 34 de la convención colectiva. “No sabemos qué concesiones dieron los antiguos dirigentes a cambio de favores”, acotó. Además, la gerencia decidió cambiar el horario de trabajo intempestivamente a 15 empleados. El contrato establece dos turnos y no uno mixto como se pretende implementar. Saracual señaló que se les impuso a un grupo de trabajadores cumplir con 10 guardias hasta las 11:00 de la noche y once de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Transferencia a Sidor Con la incorporación del gerente general de planta, Owen Manrique, y el viceministro Perdomo a la junta directiva de Sidor, no ve ningún obstáculo para que Tavsa pase de nuevo a ser una dependencia de la acería, como siempre lo fue. “Pedimos la presencia de este señor en la planta (Manrique), que dé la cara. ¿Cómo se explica que será directivo de Sidor pero nunca está en el área?”, criticó. Saracual reiteró la urgencia de adecuaciones tecnológicas en la planta, así como el mantenimiento de rigor. Agradeció al presidente de Sidor, Carlos D’Oliveira, por las diligencias ante el ministerio y lo felicitó por la ratificación que le dio el presidente Hugo Chávez al frente de la acería.
Trasladan cruzada por las empresas básicas a Caracas .
Ya la ruta para la movilización del 17 de marzo está definida. Trabajadores de las empresas básicas marcharán junto con los dirigentes de Sutracarbonorca, Sintraferrominera, Sunep-CVG, Sutralum, Sutrapuval y Sutralúmina desde la plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional (AN) en Caracas. El secretario general de Sintralcasa, Henry Arias, expuso que la marcha tendrá como consignas el rescate del parque industrial de Guayana y la exigencia de una Ley Orgánica del Trabajo discutida en las bases. “La marcha tiene como objetivo llamar la atención de todo el país por la defensa de las empresas de Guayana. Es una marcha donde pretendemos que participen trabajadores de todo el país, así como estudiantes y consejos comunales”, explicó. Desde Guayana esperan movilizar a mil empleados hasta la capital y contar con la participación de 10 mil personas. En la AN entregarán un documento redactado por los trabajadores en la que exigirán que se concreten las inversiones, se discutan los contratos y se abra la discusión de un nuevo marco legal al país. “Todo aquel que quiera participar en esta marcha puede comunicarse con nosotros para que forme parte de la defensa de las empresas de Guayana”, invitó. Este miércoles y jueves los dirigentes sindicales participarán en un foro en la Universidad de Carabobo con estudiantes del centro occidente del país. El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, acotó que las elecciones en el sindicato están detenidas por la “manipulación política partidista” del Consejo Nacional Electoral.
domingo, 4 de marzo de 2012
Denuncian a gerentes de Venalum por “apropiación indebida calificada”
El presidente de Sutrapuval pide explicaciones por descuentos en los listines y dinero presuntamente desviado para financiar a la empresa. Natalie García Nueva comisión electoral es “imparcial” y organizará las elecciones en Sutrapuval con “transparencia” para evitar impugnaciones, asegura Díaz El presidente del Sindicato de Profesionales de CVG Venalum (Sutrapuval), Manuel Díaz, denunció en la Fiscalía del Ministerio Público a directivos de la reductora y miembros del gremio por presunta “apropiación indebida calificada”. Díaz explica que la acción judicial fue interpuesta para exigir que se aclare el destino de los descuentos salariales que les hacen a los trabajadores por concepto de seguro de vehículo, HCM y servicios funerarios, los cuales luego no son cancelados a las aseguradoras, acarreando con esto problemas a los beneficiarios. Los afectados de esta situación son más de 2 mil 400 profesionales, quienes padecen las consecuencias cuando requieren de estos servicios. Por ello Díaz asegura que debe haber una responsabilidad penal sobre este hecho y que sea aclarado el destino del dinero que es descontado a los empleados. Indicó que si bien el sindicato se encarga de algunos trámites y gestiones, la administración del dinero que es retenido de los listines la tiene la empresa, y es Venalum la que debe encargarse de cancelar los beneficios con ese dinero. “El sindicato no maneja recursos” aclaró el dirigente, sin embargo considera que de parte de algunos representantes del gremio podría haber complicidad en este hecho. Calificó de “delicada” la situación porque muchos de los servicios están suspendidos desde el año pasado por las deudas con las empresas aseguradoras, y cada vez es más recurrente que un trabajador acuda a una clínica, una farmacia o una funeraria y sea rechazado por estar “insolvente” aunque de su salario le es quitado el dinero para tales pagos. Entre los directivos denunciados por este caso están, el presidente de la estatal Rada Gamluch; Andrés Rengel, director; Germán Benavente, gerente de Sistemas y Organización; Pedro Reyes, gerente de Administración y Finanzas y Jesús García, gerente de Personal. Díaz también informó que fue electa la comisión electoral para preparar la renovación de la directiva sindical de profesionales. Los integrantes fueron escogidos por los trabajadores, y vienen a sustituir a los electos por los otros representantes del gremio por no haber sido avalados por el órgano electoral competente (CNE).
Movimiento sindical afronta embates internos.
¿Se ha fortalecido el movimiento sindical desde la sentencia y liberación del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González? ¿Hay mayor cohesión de los trabajadores? ¿Hubo reconciliación en el movimiento? Las inquietudes se sirven a propósito de cumplirse un año de la libertad condicional otorgada a González, luego de ser condenado, anulado el juicio y colocado en régimen de presentación tras 17 meses de privativa. El episodio, el más emblemático de entre los casos de la criminalización de la protesta y del atropello a la libertad sindical en el país, mantiene deudas que, para el abogado y director de Fundatrabajo, Eleuterio Benítez, es una asignatura pendiente del movimiento sindical: organizarse, legitimarse y acudir ante los entes internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La condena a González es una de las cinco quejas activas sobre Venezuela y el único caso en el que la organización tripartita ha pedido de manera tajante su libertad. Un año después, la principal mora del movimiento sindical es consigo misma. Aunque el Ejecutivo ha ensayado otras formas de represión como la indeferencia y el paralelismo sindical, la principal ofensiva del movimiento de los trabajadores se vive a lo interno, opina Benítez. “En vez de plantearse como lucha la unidad del movimiento sindical, vemos cómo en el caso de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), la lucha se ha reducido a pelear por el patrimonio y los espacios de esa organización”, razona. El ejemplo le sirve para sentenciar que el movimiento de los trabajadores “está igual o más grave” que hace un año, cuando González hablaba de la reconciliación nacional y las organizaciones estaban desarticuladas. Desenfoque sindical En los propósitos de unidad, sostiene el dirigente de la corriente C-Cura Orlando Chirinos, se ha interpuesto la situación interna de los sindicatos y la dependencia a las cuotas de poder cedidas por el buró oficial. “Su encarcelamiento contribuyó enormemente para abrir una posibilidad de actuar juntos”, indicó, pero reconoce que -“lamentablemente”- el movimiento sindical está “igual o peor; incluso en los sectores chavistas, donde hay una lucha por privilegios y prebendas. Marcela Máspero ha comenzado a levantar las banderas que nosotros levantamos hace mucho tiempo, pero sus reclamos no se concretan, porque termina siendo sectario, es decir: hay que ser chavista”. Cree que -en este escenario- la CTV juega un “papel triste” con los forcejeos entre dos fracciones y la existencia otros dos movimientos que no fueron electos por las bases como la Unete y la Central Revolucionaria de Trabajadores. “Lo más grave no es sólo que estamos divididos sino que, por ejemplo, lo que está planteado en Guayana no es por lo ideológico, ni una política de clases, ni la participación de los trabajadores, es quitar a uno para poner a otros”. Resistencia obrera Para Chirinos, el ejemplo más expedito para comprender el carácter del Gobierno ante los trabajadores. Y aunque el reto presentado en aquel tiempo no se muestra en conquistas reivindicativas, en lo regional colaboró para que se mantengan los espacios de “resistencia”, como lo denomina el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Alúmina (Sutralúmina), José Luis Morocoima, de CVG Bauxilum. Aquel golpe -sostiene el dirigente– aceleró el nacimiento del Fadess y la reaparición de las organizaciones sindicales en la marcha del 5 de febrero de 2011; la primera en muchos años con consignas obreras. “No sólo se comprendió la necesidad de actuar juntos y se ha cultivado una mayor unidad, sino que se ha frenado la profundización de la política de este modelo: que no era otro que eliminar los sindicatos y los contratos colectivos”, agrega el secretario general de Sindicato Único de Trabajadores de CVG Carbonorca (Sutracarbonorca), Emilio Campos. Desde ese punto de vista, el dirigente de CVG Carbonorca cree que hay avances y que “estamos más fortalecidos que nunca”, asevera. El afán por fortalecer el movimiento de los trabajadores se medirá en el próximo trimestre, tiempo para el cual se ha prometido la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo. Indemnización pendiente Rubén González fue imputado por agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo por liderar una huelga de 16 días en Ferrominera Orinoco-Ciudad Piar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) respondió a la queja 2.763 interpuesta por el Sindicato Único de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG), que los hechos “no justifican su detención provisional o arresto domiciliario y pide que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos”. Además señaló que “la detención y procesamiento penal de un número considerable de sindicalistas -por parar la producción o atentar contra la libertad de trabajo se ven sometidos a tres o más cargos penales- no se comprende y que pueden tener un efecto perjudicial y disuasorio en el ejercicio de los derechos sindicales”. Emilio Campos, secretario general de Sutracarbonorca. “Yo creo que sí hemos avanzado (…) estamos más fortalecidos que nunca”. Orlando Chirinos, vocero de Fadess. “Lo más grave no es sólo que estamos divididos sino que lo que está planteado en Guayana (…) es quitar a uno para poner a otros”. Eleuterio Benítez, director de Fundatrabajo: “En vez de plantearse como lucha la unidad del movimiento sindical, vemos cómo en el caso de la CTV la lucha se ha reducido a pelear por el patrimonio”.
domingo, 19 de febrero de 2012
jueves, 24 de noviembre de 2011
lunes, 14 de noviembre de 2011
Este es el economato del Hospital Universitario de Caracas y estas imagenes son de las cavas donde se almacenan los insumos para su conservacion, para alimentar a los pacientes, las frutas que veran estan mordidas por las ratas y los pacientes por supuesto no saben que son alimentados con insumos guardados en lo que ustedes pueden ver en estas fotografias, lo mas triste de todo, es que el actual Director del Clinico tambien es el VICE MINISTRO de Salud, Dr Jose España, creemos que no hay escusa posible, para este maltrato tan atroz en contra de los enfermos o pacientes que buscan alivio a la salud en un ente tan importante. Esto merece una sancion y muy severa, veremos si este Gobierno investiga y sanciona a los responsables.
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sábado, 5 de noviembre de 2011
En Ferrominera quieren despedir a Rubén González y frenar elecciones. Reportaje de Damián Prat.
En Ferrominera quieren despedir a Rubén González y frenar elecciones. Reportaje de Damián Prat
Además de entorpecer las elecciones sindicales, se impone la política de reprimir, hostigar y sembrar temor Carbonorca está abandonada y enfrenta acosos laborales mediante 46 calificaciones de despido
Aunque parezca insólito, los carteles de citación de la Inspectoría del Trabajo, complaciendo la solicitud de Ferrominera para despedir y dejar desempleado al secretario general de Sintraferrominera, Ru-bén González, corresponden a una acción de 26 meses atrás.
¿Por qué intentar hoy el despido del dirigente sindical y de otros 10 trabajadores más por el paro masivo de trabajadores en Ciudad Piar durante el mes de agosto de 2009? ¿Por qué el Ministerio del Trabajo, es decir, el Gobierno, revive ese episodio en éste momento? Hay que recordar que por ese paro, el Gobierno nacional encarceló y sometió a juicio a Rubén González durante 17 meses e incluso lo mantiene con juicio abierto y en régimen de presentación.
Las preguntas se las hacían ayer, ante la sede del Cicpc, docenas de trabajadores ferromineros que acompañaban a González al igual que otros dirigentes sindicales de la región como Emilio Campos (SutraCarbonorca) y Henry Arias (SintraAlcasa) y nacionales como Orlando Chirinos (Fadess).
Para algunos, la respuesta está en el empeño de la empresa Ferrominera Orinoco y del grupo FBT-PSUV en torpedear el proceso de elecciones sindicales y por lo cual el CNE, sorpresivamente y a última hora, negó la aprobación del cronograma presentado por la comisión electoral.
POLÍTICA DE TERROR
¿Por qué intentar hoy el despido del dirigente sindical y de otros 10 trabajadores más por el paro masivo de trabajadores en Ciudad Piar durante el mes de agosto de 2009? ¿Por qué el Ministerio del Trabajo, es decir, el Gobierno, revive ese episodio en éste momento? Hay que recordar que por ese paro, el Gobierno nacional encarceló y sometió a juicio a Rubén González durante 17 meses e incluso lo mantiene con juicio abierto y en régimen de presentación.
Las preguntas se las hacían ayer, ante la sede del Cicpc, docenas de trabajadores ferromineros que acompañaban a González al igual que otros dirigentes sindicales de la región como Emilio Campos (SutraCarbonorca) y Henry Arias (SintraAlcasa) y nacionales como Orlando Chirinos (Fadess).
Para algunos, la respuesta está en el empeño de la empresa Ferrominera Orinoco y del grupo FBT-PSUV en torpedear el proceso de elecciones sindicales y por lo cual el CNE, sorpresivamente y a última hora, negó la aprobación del cronograma presentado por la comisión electoral.
POLÍTICA DE TERROR
Otros estiman que además de entorpecer las elecciones sindicales, en el Ejecutivo se impone la política de reprimir, hostigar y sembrar temor entre los trabajadores y en general en los luchadores sociales de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Henry Arias, por ejemplo, señala que dentro de Alcasa se impone un ambiente de anarquía e ingobernabilidad, auspiciado por el grupo FBT-PSUV que perdió las elecciones y ahora no sólo pretende desconocer el resultado, sino crear el caos dentro de la empresa porque el presidente de la factoría es de otro grupo interno del chavismo.
Emilio Campos, líder del sindicato de Carbonorca, aún reclama por el abandono que el Gobierno tiene con esa empresa que apenas sobrevive sin poder recuperar su capacidad productiva de otrora, pero ahora enfrenta además una fuerte ofensiva represiva con 46 calificaciones de despido que de acuerdo a sus denuncias buscan doblegar la lucha de los trabajadores, liquidar al sindicato y enterrar a la contratación colectiva.
ENSAÑAMIENTO MARCADO
Henry Arias, por ejemplo, señala que dentro de Alcasa se impone un ambiente de anarquía e ingobernabilidad, auspiciado por el grupo FBT-PSUV que perdió las elecciones y ahora no sólo pretende desconocer el resultado, sino crear el caos dentro de la empresa porque el presidente de la factoría es de otro grupo interno del chavismo.
Emilio Campos, líder del sindicato de Carbonorca, aún reclama por el abandono que el Gobierno tiene con esa empresa que apenas sobrevive sin poder recuperar su capacidad productiva de otrora, pero ahora enfrenta además una fuerte ofensiva represiva con 46 calificaciones de despido que de acuerdo a sus denuncias buscan doblegar la lucha de los trabajadores, liquidar al sindicato y enterrar a la contratación colectiva.
ENSAÑAMIENTO MARCADO
El caso mas duro, sin embargo, sigue siendo el de Ferrominera. “Aquí pretenden imponer el terrorismo laboral. Someter al trabajador por miedo”, dijo Rubén González al salir de la sede del Cicpc de San Félix tras declarar por casi tres horas antes una comisión especial de la División de Homicidios enviada desde Caracas.
“Se suponía que ya ese caso estaba cerrado desde el punto de vista de la investigación, pendientes del acto conclusivo de la Fiscalía y de la audiencia preliminar, pero los funcionarios me dijeron que los habían comisionado para una `extensión de la investigación’ y me hicieron infinidad de preguntas sobre llamadas telefónicas que yo hice y trabajadores a quienes conozco, pero ninguna sobre la persona a quien más de 400 trabajadores vimos disparando aquella mañana del 9 de junio”, relata.
“Yo no tengo temor alguno porque nada debo. Lo único que he hecho es cumplir mi deber de luchar por los trabajadores”.
González está convencido de que el hostigamiento de que es víctima tiene por objeto criminalizar las luchas e impedir que se hagan las elecciones sindicales.
“Quieren dejar indefensos s a los trabajadores.
Esta junta directiva tiene 7 meses vencida y legalmente no tiene calificación para defender los derechos laborales. El contrato colectivo se venció el 5 de enero pasado. Ya tiene 10 meses vencido. Nadie entiende que el CNE impida las elecciones sólo porque un grupito no quiere ir a medirse”.
“Se suponía que ya ese caso estaba cerrado desde el punto de vista de la investigación, pendientes del acto conclusivo de la Fiscalía y de la audiencia preliminar, pero los funcionarios me dijeron que los habían comisionado para una `extensión de la investigación’ y me hicieron infinidad de preguntas sobre llamadas telefónicas que yo hice y trabajadores a quienes conozco, pero ninguna sobre la persona a quien más de 400 trabajadores vimos disparando aquella mañana del 9 de junio”, relata.
“Yo no tengo temor alguno porque nada debo. Lo único que he hecho es cumplir mi deber de luchar por los trabajadores”.
González está convencido de que el hostigamiento de que es víctima tiene por objeto criminalizar las luchas e impedir que se hagan las elecciones sindicales.
“Quieren dejar indefensos s a los trabajadores.
Esta junta directiva tiene 7 meses vencida y legalmente no tiene calificación para defender los derechos laborales. El contrato colectivo se venció el 5 de enero pasado. Ya tiene 10 meses vencido. Nadie entiende que el CNE impida las elecciones sólo porque un grupito no quiere ir a medirse”.
sábado, 29 de octubre de 2011
Diálogo social. Artículo de León Arismendi,
El diálogo social es consustancial a la democracia y constituye un medio eficaz para construir consensos en las relaciones de trabajo, ayudar al progreso con equidad y afianzar la convivencia pacífica.
Para la OIT, “el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas e incluso el mero intercambio de información entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadoressobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Las condiciones indispensables para su práctica son:
a) La existencia de organizaciones sindicales, de trabajadores y de patronos, sólidas e independientes con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios.
b) Voluntad política y compromiso de los interesados.
c) Respeto a la Libertad Sindical y al Derecho de negociación Colectiva.
d) Un apoyo institucional adecuado.” La República Bolivariana de Venezuela se define como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como derechos fundamentales, lo cual daría pie para pensar en la existencia de una institucionalidad adecuada para que haya diálogo social. Además, de acuerdo con la Constitución, la democracia participativa y protagónica supone la activa intervención de los actores sociales en la determinación de las políticas públicas; en particular, en aquellos que afectan sus derechos e intereses. No obstante, las ejecutorias oficiales se han convertido en obstáculo insalvable para que haya diálogo social. En su obstinado empeño por imponer una ideología que encierra una presunta verdad única e incontrovertible, que nos hará felices así no queramos, el gobierno nacional no admite contradictores y exige aceptación incondicional. El reconocimiento del “otro”, que está en la base de todo diálogo, es inadmisible para la revolución. Por tal razón, los sindicatos autónomos e independientes, por el solo hecho de serlos, son escarnecidos desde el poder. Por eso, las prácticas antisindicales se convirtieron en políticas de Estado; el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público ha sido conculcado y las protestas de quienes lo exigen se criminalizan.
La excusa preferida del gobierno para negarse a negociar nada es la descalificación de los representantes de las organizaciones, de trabajadores y de empleadores, etiquetándolos de “cúpulas”. Desde su peculiar perspectiva, el verdadero diálogo es el que realiza el Presidente con el “pueblo” en sus cadenas, o el que tiene lugar en los órganos del denominado poder popular.
En fin, en nuestro país no se cumple ninguno de los cuatro requisitos arriba enunciados, ni el gobierno tiene el menor interés en cumplirlos. La ausencia de diálogo social y de instituciones que lo propicien no deja lugar a dudas de la responsabilidad oficial en el fomento de la conflictividad y la confrontación.
Menos mal que el 2012 está a la vuelta de la esquina.
a) La existencia de organizaciones sindicales, de trabajadores y de patronos, sólidas e independientes con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios.
b) Voluntad política y compromiso de los interesados.
c) Respeto a la Libertad Sindical y al Derecho de negociación Colectiva.
d) Un apoyo institucional adecuado.” La República Bolivariana de Venezuela se define como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como derechos fundamentales, lo cual daría pie para pensar en la existencia de una institucionalidad adecuada para que haya diálogo social. Además, de acuerdo con la Constitución, la democracia participativa y protagónica supone la activa intervención de los actores sociales en la determinación de las políticas públicas; en particular, en aquellos que afectan sus derechos e intereses. No obstante, las ejecutorias oficiales se han convertido en obstáculo insalvable para que haya diálogo social. En su obstinado empeño por imponer una ideología que encierra una presunta verdad única e incontrovertible, que nos hará felices así no queramos, el gobierno nacional no admite contradictores y exige aceptación incondicional. El reconocimiento del “otro”, que está en la base de todo diálogo, es inadmisible para la revolución. Por tal razón, los sindicatos autónomos e independientes, por el solo hecho de serlos, son escarnecidos desde el poder. Por eso, las prácticas antisindicales se convirtieron en políticas de Estado; el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público ha sido conculcado y las protestas de quienes lo exigen se criminalizan.
La excusa preferida del gobierno para negarse a negociar nada es la descalificación de los representantes de las organizaciones, de trabajadores y de empleadores, etiquetándolos de “cúpulas”. Desde su peculiar perspectiva, el verdadero diálogo es el que realiza el Presidente con el “pueblo” en sus cadenas, o el que tiene lugar en los órganos del denominado poder popular.
En fin, en nuestro país no se cumple ninguno de los cuatro requisitos arriba enunciados, ni el gobierno tiene el menor interés en cumplirlos. La ausencia de diálogo social y de instituciones que lo propicien no deja lugar a dudas de la responsabilidad oficial en el fomento de la conflictividad y la confrontación.
Menos mal que el 2012 está a la vuelta de la esquina.
Trabajo Decente, estrategia de la OIT para combatir la pobreza.Articulo de Jose Maria Fernandez.
El concepto promueve el diálogo social y el tripartismo que supone conjugar la competencia de los contrarios con la cooperación.
Trabajo Decente, estrategia de la OIT para combatir la pobreza
La Escuela de Relaciones Industriales de la universidad Católica Andrés Bello sede Guayana ha realizado una serie de eventos con motivo de celebrarse en octubre de cada año la “Jornada Mundial del Trabajo Decente” que han consistido en entrevistas publicadas por los medios escritos de la ciudad, programas de radio, entrevistas televisivas que han culminado con la celebración de un Foro el día 14 del mismo mes. El objetivo de tales actividades consiste en difundir la categoría del Trabajo Decente acuñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los habitantes de Ciudad Guayana y en promover lugares de encuentro entre los actores sociales (empleadores, trabajadores, universidades y gobierno) para activar acciones y acuerdos que nos impulsen a la creación de empleos dignos y productivos.
Pero ¿qué es el Trabajo Decente? A mucha gente le causa sorpresa el término pues asignan al adjetivo decente una connotación moral y les sugiere preguntas como ¿es que nuestro trabajo es indecente? Así mismo otros prefieren hablar de empleo en vez de trabajo pues este lo sufrimos siempre pero el empleo no. Sin embargo la Real Academia de la Lengua define también “trabajo” como ocupación retribuida, y “decente” como suficiente en cantidad y calidad. En todo caso la OIT acuñó esta categoría internacionalmente y le asignó el siguiente significado: “Trabajo Decente es trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT 1999).
Este concepto supone una concentración y síntesis de los derechos, avances, y logros alcanzados por los trabajadores y empleadores con respecto al mundo laboral y su relación con el desarrollo económico y social de los países.
Los países miembros de la OIT institucionalizaron el concepto de Trabajo Decente en la “Declaración conjunta de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” (2008) y se comprometieron a promover el Programa de Trabajo Decente como estrategia del Desarrollo y superación de la pobreza.
A este programa le asigna cuatro objetivos que son los componentes esenciales del mismo:
1. Promover el empleo creando un entorno económico sostenible. En medio de la crisis económica y social que sufre el mundo, la prioridad en la agenda del desarrollo será la creación de nuevos y mejores empleos productivos que aporten valor agregado a la economía y que la hagan sustentable en el tiempo. Para ello es necesario preparar a las personas para la empleabilidad en un mundo en que las demandas cambian rápidamente y donde el conocimiento es elemento esencial de las nuevas demandas de personal. La urgencia de crear un Sistema Nacional de cualificaciones de oficios por competencias y la necesidad de invertir fundamentalmente en formación de recursos humanos para nuevas profesiones que demanda la sociedad es tarea impostergable.
Simultáneamente se debe promover el emprendedurismo y se deben aplicar políticas para que las empresas sean sostenibles en el tiempo y puedan generar por medio de la investigación e innovación nuevas fuentes de trabajo decente.
2. Adoptar medidas de protección social: Este objetivo supone crear un sistema de seguridad social que garantice unas condiciones saludables y seguras en el trabajo, protección de los trabajadores y su familia frente a problemas de salud y educación, asistencia y jubilación digna para disfrutar la tercera edad, justa distribución de salarios y ganancias para llevar una vida digna.
3. Promover el diálogo social y el tripartismo: En un mundo posmoderno donde las visiones del mundo son tan diversas, y los intereses de grupo tienden a confrontar y dominar al adversario, es necesario crear espacios de encuentro y acuerdos básicos fundamentales para lograr objetivos superiores que a la larga beneficiarán a todas las organizaciones en conflicto. El tripartismo supone conjugar la competencia de los contrarios con la cooperación. Sólo logrando consensos en función de objetivos comunes un país podrá alcanzar niveles superiores de desarrollo. Por ello es fundamental para lograr un crecimiento sostenible que exista una mesa de diálogo y acuerdos entre empleadores, trabajadores y gobierno.
4. Respetar y promover los principios fundamentales en el trabajo: El derecho de los trabajadores y empleadores de asociarse libremente para defender sus intereses es un derecho humano fundamental. La libertad de asociación, libertad sindical, y el derecho a la negociación colectiva han sido conquistas logradas por trabajadores y empleadores. Es esencial a estas organizaciones su autonomía de funcionamiento sin ningún tipo de dependencia de gobierno o ideología. La agenda del trabajo decente promueve el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales autónomas y la facultad que tengan estas de forma independiente a suscribir convenciones colectivas de trabajo donde se fijen las normas de relación laboral empleador-empleado.
Estos cuatro objetivos constituyen el reto principal planteado en función de lograr trabajo decente para todos.
Pero ¿qué es el Trabajo Decente? A mucha gente le causa sorpresa el término pues asignan al adjetivo decente una connotación moral y les sugiere preguntas como ¿es que nuestro trabajo es indecente? Así mismo otros prefieren hablar de empleo en vez de trabajo pues este lo sufrimos siempre pero el empleo no. Sin embargo la Real Academia de la Lengua define también “trabajo” como ocupación retribuida, y “decente” como suficiente en cantidad y calidad. En todo caso la OIT acuñó esta categoría internacionalmente y le asignó el siguiente significado: “Trabajo Decente es trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT 1999).
Este concepto supone una concentración y síntesis de los derechos, avances, y logros alcanzados por los trabajadores y empleadores con respecto al mundo laboral y su relación con el desarrollo económico y social de los países.
Los países miembros de la OIT institucionalizaron el concepto de Trabajo Decente en la “Declaración conjunta de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” (2008) y se comprometieron a promover el Programa de Trabajo Decente como estrategia del Desarrollo y superación de la pobreza.
A este programa le asigna cuatro objetivos que son los componentes esenciales del mismo:
1. Promover el empleo creando un entorno económico sostenible. En medio de la crisis económica y social que sufre el mundo, la prioridad en la agenda del desarrollo será la creación de nuevos y mejores empleos productivos que aporten valor agregado a la economía y que la hagan sustentable en el tiempo. Para ello es necesario preparar a las personas para la empleabilidad en un mundo en que las demandas cambian rápidamente y donde el conocimiento es elemento esencial de las nuevas demandas de personal. La urgencia de crear un Sistema Nacional de cualificaciones de oficios por competencias y la necesidad de invertir fundamentalmente en formación de recursos humanos para nuevas profesiones que demanda la sociedad es tarea impostergable.
Simultáneamente se debe promover el emprendedurismo y se deben aplicar políticas para que las empresas sean sostenibles en el tiempo y puedan generar por medio de la investigación e innovación nuevas fuentes de trabajo decente.
2. Adoptar medidas de protección social: Este objetivo supone crear un sistema de seguridad social que garantice unas condiciones saludables y seguras en el trabajo, protección de los trabajadores y su familia frente a problemas de salud y educación, asistencia y jubilación digna para disfrutar la tercera edad, justa distribución de salarios y ganancias para llevar una vida digna.
3. Promover el diálogo social y el tripartismo: En un mundo posmoderno donde las visiones del mundo son tan diversas, y los intereses de grupo tienden a confrontar y dominar al adversario, es necesario crear espacios de encuentro y acuerdos básicos fundamentales para lograr objetivos superiores que a la larga beneficiarán a todas las organizaciones en conflicto. El tripartismo supone conjugar la competencia de los contrarios con la cooperación. Sólo logrando consensos en función de objetivos comunes un país podrá alcanzar niveles superiores de desarrollo. Por ello es fundamental para lograr un crecimiento sostenible que exista una mesa de diálogo y acuerdos entre empleadores, trabajadores y gobierno.
4. Respetar y promover los principios fundamentales en el trabajo: El derecho de los trabajadores y empleadores de asociarse libremente para defender sus intereses es un derecho humano fundamental. La libertad de asociación, libertad sindical, y el derecho a la negociación colectiva han sido conquistas logradas por trabajadores y empleadores. Es esencial a estas organizaciones su autonomía de funcionamiento sin ningún tipo de dependencia de gobierno o ideología. La agenda del trabajo decente promueve el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales autónomas y la facultad que tengan estas de forma independiente a suscribir convenciones colectivas de trabajo donde se fijen las normas de relación laboral empleador-empleado.
Estos cuatro objetivos constituyen el reto principal planteado en función de lograr trabajo decente para todos.
No puede dejarse ninguno de lado. Bien articulados y aplicados contribuyen al desarrollo de un círculo virtuoso de crecimiento económico que impulsa un desarrollo social y éste de nuevo induce a un crecimiento económico sostenible.
Es hora de que autoridades, sindicatos, cámaras de empleadores y universidades se sumen en Venezuela y Ciudad Guayana a la tarea de promover el trabajo decente como estrategia para superar la pobreza y lograr un desarrollo humano sostenible y calidad de vida para la población.jfernandar@cantv.net
Es hora de que autoridades, sindicatos, cámaras de empleadores y universidades se sumen en Venezuela y Ciudad Guayana a la tarea de promover el trabajo decente como estrategia para superar la pobreza y lograr un desarrollo humano sostenible y calidad de vida para la población.jfernandar@cantv.net
Informe sobre el derecho a la libertad sindical en Venezuela presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– Viernes, 28 de octubre de 2011Publicado en: Criminalización de la protesta, Informes y Documentos, Laboral
PROVEA, Espacio Público, FADESS y el Sindicato Carbonorca presentaron un informe sobre la libertad sindical en Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La judicialización de la Libertad Sindical en Venezuela y el asesinato de sindicalistas.
El Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos (Fades), el Sindicato Carbonorca, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), y la organización Espacio Público tenemos el honor de dirigirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Ilustre Comisión”, “la Comisión” “la Comisión Interamericana”), para exponer la preocupante situación del creciente proceso de restricciones a la libertad sindical incluyendo la apertura de juicios penales a a líderes sindicales y asociados de sindicatos por ejercer el derecho a la huelga y el derecho a la manifestación pacífica e igualmente aportar información sobre el asesinato de sindicalistas en Venezuela.
Como bien lo expresó la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, una de las preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos es el uso de figuras penales para detener a personas en el marco de manifestaciones contra políticas oficiales. Uso que se extiende a quienes participan en paros y huelgas.
El uso de tales figuras viene afectando a líderes campesinos, estudiantiles, comunitarios y sindicales.
Si bien no podemos afirmar que en nuestro país los sindicalistas no tienen la posibilidad de ejercer sus funciones, asociarse y realizar procesos de exigibilidad de derechos, si existe un progresivo proceso de restricción a la garantía del ejercicio de la libertad sindical y un incremento de los riesgos a la vida, la integridad persona y la libertad por desarrollar acciones de naturaleza sindical.
Se desarrollan por patrones públicos y privados y por funcionarios del Estado un conjunto de medidas antisindicales que se expresan entre otras formas a través de: descalificación pública por parte de funcionarios, amenazas públicas o privadas, apertura de juicios penales, medidas cautelares dictadas por jueces penales que prohíben a los sindicalistas acercarse a los centros de trabajo, amenaza de despido a trabajadores si participan en asambleas, prohibición de realización de asambleas en jornada laboral, despidos injustificados y asesinato de sindicalistas.
Uno de los aspectos más preocupantes es la política de Estado de judicialización del ejercicio de la libertad sindical. Se somete a sindicalistas a investigaciones penales, se les procesa y en algunos casos se les encarcela por convocar concentraciones, paros o huelgas en reclamos de derechos laborales. Esta política es un componente del proceso de criminalización de la protesta pacífica, que viene siendo denunciada desde 2009 por diversas organizaciones sociales en el país. (1)
A la fecha más de 2500 activistas sociales se encuentran sometidos a juicios de naturaleza penal por ejercer el derecho a la manifestación pacífica o participar en acciones sindicales.
Aproximadamente 150 sindicalistas están sometidos a procesos penales. Es una política que pretende intimidar a la dirigencia sindical del país y obstaculizar los procesos de exigibilidad que desarrollan trabajadores y trabajadoras de distintos sectores y regiones de Venezuela.
El sector laboral encabeza las protestas en el país. Las acciones de exigibilidad de derechos a través de paros, huelgas, tomas de establecimientos, cierre de calle, concentraciones y otras modalidades sumaron durante todo el 2010 la cantidad de 1121 de un total de 3114 equivalente al 36% (2). En el primer semestre de 2011 de un total de 2365 protestas, el sector laboral protagonizó 989, es decir, el 41,82%, lo cual evidencia una línea ascendente de descontento y disposición a exigir los derechos. (3)
Frente a esa incesante exigencias de derechos, la apertura de procesos penales pretender intimidar a los sindicalistas y a los afiliados de las organizaciones sindicales como una manera de generar desmovilización en el sector laboral.
Las acusaciones más frecuentes son delitos contra la seguridad de la nación, violación de zonas de seguridad, asociación para delinquir, obstrucción de vías y restricción a la libertad del trabajo.
Entre los dispositivos legales que se usan para iniciar procedimientos penales están: el artículo 139 del Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; el Código Penal Venezolano reformado el 13 de abril de 2005 y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Esta última Ley y el mencionado artículo 139 del Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes, prácticamente eliminan el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadores. Dicha normativa castiga con prisión a quienes paralicen servicios públicos o impidan el traslado de bienes esenciales para la población. Cualquier acción sindical que paralice parcial o totalmente un establecimiento que preste servicio público puede dar lugar a un proceso de naturaleza penal. De la misma manera una acción de calle que sea considerada la causa por la cual no fue posible el traslado de bienes esenciales (combustible, alimentos, medicinas, etc) puede ser usada por el Ministerio Público para imputar a cualquier persona que participe de la protesta.
Caso emblemático de judicialización del ejercicio de la libertad sindical lo constituye la sentencia mediante la cual se condenó al sindicalista Rubén González, Secretario General del Sindicato que agrupa a los trabajadores de la empresa del Estado Ferrominera del Orinoco, a la pena de siete (7) años, seis (6) meses, veintidós (22) días y doce (12) horas de prisión. (4)
Se le imputaron los delitos de Instigación a Delinquir, establecido en el artículo 283 del Código Penal, Restricción a la Libertad del Trabajo, establecido en el artículo 191 en concordancia con los artículos 192 y 193 del Código Penal (5), e Incumplimiento del Régimen Especial de la Zona de Seguridad, establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en concordancia con los artículos 83 y 80 del Código Penal. La sentencia se dictó cuando el sindicalista tenía más de 12 meses encarcelado.
La decisión judicial produjo una reacción inmediata y contundente de las organizaciones sindicales del país. Dirigentes de casi todas las corrientes laborales y sindicales se pronunciaron en su contra y exhortaron a la realización de un paro nacional para exigir la libertad inmediata de Rubén González.
El repudio generalizado a dicho fallo judicial y la posibilidad que se produjera una situación de protesta a escala nacional, motivó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a utilizar el recurso previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (6) y con ello, avocarse a conocer la causa de Rubén González.
Expresó la Sala Penal lo siguiente:
“se procedió al examen de las actas que integran la presente; observándose que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia, en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, se encuentra inmersa en el vicio de inmotivación que infringe principios y garantías constitucionales, como lo son la Tutela Judicial Efectiva y el derecho al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo necesario el avocamiento y nulidad del referido fallo” (7)
Del texto se desprende que ademásdel injusto proceso y detención por más de un año, el tribunal dictó sentencia violando varias garantía el derecho humano a la justicia.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia decretó la libertad restringida de Rubén González quien quedó sometido a régimen de presentación en tribunales cada 45 días.
Como respuesta a su libertad Rubén González expresó: “aunque estoy en la calle la sentencia de la Sala Penal también es injusta pues se debió declarar mi libertad plena ya que lo único que he hecho y continuaré realizando es defender los intereses de los trabajadores en el marco de los derechos que me concede la Constitución”. (8)
Otro caso de judicialización del ejercicio de la libertad sindical es el de los trabajadores de Sintra Callao, en el estado Bolívar. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público en la población de Tumeremo, estado Bolívar imputó a cuatro trabajadores por participar en la paralización de la mina Isidora donde opera la empresa de capital mixto Venrus (9). Los trabajadores exigían se discutiera la convención colectiva que tiene más de seis años vencida. Se les imputó los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir e impedimento al trabajo. (10)
El 05.09.2011 cumplieron cuatro años bajo régimen de libertad restringida y presentación periódica en tribunales 3 dirigentes sindicales y 11 trabajadores de la empresa Transporte Camila, del estado Bolìvar. El juicio ha sido suspendido en varias oportunidades. (11)
Los sindicalistas y trabajadores de esta empresa al estar sometidos a régimen de presentación no pueden trasladarse fuera de la región donde habitan sin autorización del tribunal, no pueden participar en asambleas y acciones laborales y no pueden declarar públicamente sobre su caso.
Hay que resaltar que entre los años 2009 y 2011 sindicalistas de varias empresas e instituciones públicas antes de recibir libertad condicional bajo régimen de presentación estuvieron varios meses encarcelados. Es el caso por ejemplo de 11 trabajadores de Petróleos de Venezuela sección Anaco detenidos por realizar una toma pacífica del Ministerio del Trabajo y 10 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas detenidos por realizar una manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia.
El uso de los tribunales penales para perseguir a sindicalistas no se limita solo a someterlos a libertad restringida y controlada. Jueces dictan medidas cautelas mediante las cuales se impide a sindicalistas convocar asambleas o acercarse a las empresas. La consecuencia de desobedecer la medida es abrir un juicio penal al dirigente sindical.
Es el caso por ejemplo de sindicalistas de la empresa ALENTUY en el Estado Lara en el año 2009 sobre quienes se dictó una medida que les impedía acercarse a las instalaciones de la empresa y conversar con las trabajadoras y trabajadores (12). También ese mismo año se dictó medidas de igual naturaleza a sindicalistas del sector petrolero y de industrias básicas metalmecánicas.
Las amenazas de funcionarios del Estado es otra manera de actuación antisindical. Tales amenazas incluyen la de despedir al dirigente y a quienes acaten sus llamados a asamblea o paros y también amenazas de muerte. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Acosta, Presidente del Sindicato de Empleados del Municipio Sotillo, estado Anzoátegui, quien acusó al Alcalde Stalin Fuentes de amenazas a su persona y afiliados. (13)
Amenazas de despido acompañada de campaña de desprestigio sufre actualmente el sindicalista Carlos Patiño del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES). El dirigente es uno de los peticionarios de la presente audiencia. Esta Institución del Estado amenaza a los trabajadores y trabajadores de despido si participan en las asambleas o actividades que organiza el sindicato.
Amenazas también recibieron varios dirigentes sindicales de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas. Algunos de ellos además fueron objeto de despidos violándose el fuero sindical. Se les desalojó por la fuerza de las sedes sindicales requiriendo para ello la actuación de organismos policiales. (14)
El dirigente sindical Alexis Polanco, Coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores en el estado Carabobo denunció a principios del año 2011 amenazas de muerte por parte de funcionarios militares y civiles en cargos públicos, que lo obligaron a salir del país por varios meses (15). El sindicalista de amplia trayectoria en el estado Carabobo realizó denuncias sobre hechos de corrupción en los trámites que se realizan en el puerto de Puerto Cabello. Ante las amenazas y falta de garantías por parte de las instituciones del Estado para garantizar su vida, se vio obligado a salir del país.
Varios dirigentes sindicales fueron despedidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura violando el fuero sindical y no garantizando el debido proceso en instancias administrativas.
Hace una semana apenas 49 Trabajadores de la empresa básica Carbonorca, en Puerto Ordaz, estado Bolívar fueron sometidos a calificación de despido por participar en un paro que duró 50 días exigiendo cumplimiento a la contratación colectiva. La misma empresa anunció que se solicitará el despido de 100 trabajadores más. Esta situación impidió que su Secretario General el sindicalista Emilio Campos pudiera estar presente en la audiencia ante esta instancia internacional.
Ante toda esta situación de violación a la libertad sindical y convenciones colectivas un conjunto de sindicatos agrupados en el El Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos (Fades) convocaron el pasado 20 de octubre a una jornada nacional obrera de protesta. La convocatoria pretendió ser descalificada por funcionarios públicos acusando a la dirigencia sindical de ser parte de un plan de desestabilización. Aunque en esta oportunidad no se conoce se hayan iniciado acciones penales contra los sindicalistas que convocaron la protesta, advertimos que tal situación pudiese presentarse ya que la mencionada coalición sindical tiene previsto realizar otras convocatorias.
Violencia sindical
La violencia entre sindicalistas (16) o contra sindicalistas cometidas por terceras personas año tras año deja un saldo de víctimas tanto de muertos como heridos (17). De octubre 2010 a septiembre 2011 fueron asesinados presuntamente por hechos relacionados a asuntos sindicales un total de 37 sindicalistas. (18)
Esta situación de violencia que produce muertes de líderes sindicales y trabajadores asociados a los sindicatos se empezó a agravar a partir del año 2005. En un número significativo de los casos, el presunto motivo es la venta de puestos de trabajo por parte de sindicalistas, hecho en el que según denuncian se moviliza una importante cantidad de dinero que se le cobra al trabajador beneficiado.
Para diciembre de 2005 la cifra de personas asesinadas por conflictos relacionados a la venta de puestos de trabajo se elevaba a 45 la mayoría de ellas en el estado Bolívar. Al año siguiente la cifra aumentó a 48 en todo el país. Para septiembre de 2007 el monitoreo realizado por la organización Provea indicó que la cifra bajó a 29homicidios la mayoría bajo la modalidad de sicariato.
En 2008 se incrementó de nuevo hasta 46 trabajadores asesinados. Ante esta situación, la respuesta de las autoridades ha sido ambigua. Ese año, por primera vez, el Presidente de la República se refirió a la situación del asesinato de sindicalistas.
El propio Presidente ha emitido señales contradictorias. No fue la cifra total de homicidios de sindicalistas lo que motivó su pronunciamiento, sino el asesinato simultáneo de tres dirigentes sindicales de reconocida trayectoria en el estado Aragua. En aquella oportunidad (2008) ordenó se constituyera una Comisión de Alto Nivel que analizara el problema y adoptara medidas adecuadas. La Comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos continuó incrementándose.
Contradictoriamente, el 1 de agosto del 2010, en su columna “Las líneas de Chávez”, negaba la existencia de sindicalistas asesinados en el país: “Debe entender el pueblo colombiano, que en la Venezuela bolivariana no tenemos ni sindicalistas asesinados, ni desplazados, ni fuerzas insurgentes a lo largo y ancho del país; no tenemos grupos paramilitares, ni importantes extensiones de tierra al servicio de la producción de drogas, ni bases militares estadounidenses, ni fosas comunes ahítas de cadáveres. Nadie puede ignorar que éstos sí son elementos definitorios de la realidad colombiana”.
La Defensoría del Pueblo en su último Informe no dedica ni una sola línea al problema. La Fiscal General tampoco se refiere al asunto.
La Comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos se incrementó considerablemente.
De octubre de 2009 a septiembre 2010 se registraron 68 trabajadores asesinados incluyendo varios dirigentes sindicales.
En total desde 2005 hasta la fecha han sido asesinados 273 trabajadores entre líderes sindicales y asociados a sindicatos la mayoría afiliados al sindicato de la construcción.
Un caso emblemático de la violencia sindical durante el año 2011 lo constituyó el asesinato del trabajador de la empresa Ferrominera del Orinoco, ROJAS Renny ocurrido el 09.06.11, a las puertas de la empresa, en medio de una concentración de trabajadores que elegirían la comisión Electoral del Sindicato (19). Un enfrentamiento entre trabajadores de la empresa dejó como saldo el asesinato del trabajador y 2 personas heridas de bala, identificadas como GUILIARTE Luis y LEZAMA Agustín (20). Las investigaciones preliminares señalaron al sindicalista Héctor Maicán como culpable, razón por la cual fue detenido inmediatamente, pero posteriormente quedó en libertad (21). Días después fue detenido un trabajador de la empresa de nombre Rodney Álvarez Rodríguez (22) a quien el Ministerio Público imputó por el homicidio (23).
En un caso similar resultó herido de bala el sindicalista MOROCOIMA José Luis Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Alumina (Sutralumina) (24). En momentos en que se realizaba una asamblea de trabajadores de la empresa CVG Bauxilum personas ajenas a la empresa golpearon a varios trabajadores y dispararon contra el sindicalista. (25)
El estado Bolívar continúa concentrando los mayores hechos de violencia intrasindical y contra los sindicalistas. Sin embargo los asesinatos de sindicalistas en el 2011 se produjeron en el Distrito Capital y en los Estados Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Monagas, Zulia, Mérida y Falcón.
Según el diagnóstico realizado por diferentes organizaciones de derechos humanos esta posee varias causas. Una de ellas es el debilitamiento del sindicalismo como herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, acumulando vicios e irregularidades que condenan a buena parte de la masa laboral del país al desamparo.
Esta minusvalía ha sido profundizada por los consecutivos ataques a la libertad y autonomía sindical, realizados por algunos voceros del alto gobierno, y la promoción del llamado “paralelismo” sindical, mediante el cual de manera artificial y por decreto se ordena la creación de nuevas organizaciones obreras dentro de las empresas, las cuales rápidamente asumen y extienden las prácticas desviadas del ejercicio sindical .El Ministerio del Trabajo durante años se ha convertido en un ente promotor del paralelismo sindical en el país y a él se debe una cuota de responsabilidad en la creciente rivalidad intersincal.
Toda la situación de violencia en el campo sindical se ha caracterizado en los últimos años por una alta impunidad. Los asesinatos ocurren, las investigaciones no se realizan o tardan años y quienes ejecutan la violencia se ven favorecidos para repetir hechos violentos.
Según un estudio realizado por las organizaciones de derechos humanos Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y Provea, de 52 casos estudiados hasta el año 2007 apenas 3, es decir sólo el 5.7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esta impunidad es posible, como sugieren las denuncias, por la complicidad no sólo de funcionarios policiales sino también de encargados de los órganos de investigación y administración de justicia. La violencia contra sindicalistas, además, refleja la propia situación de orfandad del derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la vida en el país.
La Ilustre Comisión en sus informes ha realizado una serie de recomendaciones frente a toda esta situación. Igualmente lo ha expresado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Queremos transmitirle a la Comisión algunas de las preocupaciones manifestadas también por la OIT
En febrero de 2001 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo manifestó una vez más preocupación por los asesinatos de sindicalistas, la judicialización del ejercicio de la libertad sindical y la criminalización de las protestas de los y las trabajadoras.
“La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la totalidad de los casos de violencia antisindical en el país, sobre la apertura de investigaciones y procesos penales contra los responsables, las órdenes de detención emitidas y las sentencias dictadas
La Comisión deplora el elevado número de asesinatos de dirigentes sindicales y de sindicalistas y expresa su grave preocupación ante esta situación y ante el hecho de que las cifras sobre el número de asesinatos alegados por las organizaciones sindicales divergen notablemente con las que derivan de las informaciones suministradas por el Gobierno. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno señala que los autores provienen del «sicariato» y del crimen organizado; toma nota también de la identificación y detención de cierto número de autores, así como de la creación de una mesa de trabajo sobre la violencia en el sector de la construcción y de una comisión especial a petición de la UNT. Sin embargo, la Comisión debe subrayar que corresponde al Gobierno garantizar la vida y la seguridad de todos los dirigentes sindicales. El panorama descrito por las organizaciones sindicales incluye también alegatos de represión de manifestaciones, detenciones, amenazas de muerte y numerosos despidos antisindicales, así como restricciones al derecho de huelga y a la libertad de las personas derivadas de la aplicación de una serie de leyes, desde el Código Penal hasta otras leyes que persiguen garantizar el derecho de las personas en el acceso a bienes y servicios, la lucha contra el acaparamiento, la defensa de la soberanía agroalimentaria, o leyes relativas a productos de primera necesidad o sometidos al control de precios. La Comisión observa que los comentarios de las organizaciones sindicales se refieren también a un número muy elevado de medidas cautelares de presentación periódica ante los tribunales que tienen un efecto intimidatorio en el ejercicio de los derechos sindicales.
La Comisión urge al Gobierno a que cree una comisión tripartita nacional sobre las situaciones de violencia y de violación de derechos fundamentales de los sindicalistas y de las organizaciones de empleadores y sus dirigentes — incluido el examen de las disposiciones penales (y su aplicación) criticadas por las organizaciones sindicales — y que le informe al respecto.
La Comisión pide al Gobierno que se asegure que sean garantizados el derecho a la vida y a la seguridad de las personas, el derecho de manifestación y el de libre expresión, así como que se garantice que el «régimen de presentación» ante la autoridad judicial penal no se utilice con fines de control o de intimidación de los dirigentes sindicales o empleadores. La Comisión pide además al Gobierno que se asegure que los derechos sindicales como el derecho de huelga no sean restringidos en base a disposiciones legales penales ambiguas, invocando la defensa de otros derechos constitucionales. La Comisión pide al Gobierno que evalúe con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas el impacto de tales disposiciones en sus derechos y en los de sus dirigentes, así como que la informe al respecto (26)
Aún cuando el Estado de Venezuela continúa desacatando las distantas recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, reiteramos la importancia de continuar orientando y exhortando al Estado para que adopte políticas y medidas que permitan el ejercicio por parte de trabajadores y trabajadores de la libertad sindical sin riesgo a la vida, la integridad física y la libertad.
Peticiones:
1.-Se solicite al Estado de Venezuela una investigación pronta, transparente, imparcial y eficaz sobre los asesinatos de sindicalistas, se establezcan responsabilidades y se impongan sanciones.
2.-Se recomiende al Estado de Venezuela se abstenga de continuar usando tipos penales para procesar a sindicalistas y trabajadores por participar en protestas pacíficas, paros y huelgas.
3.-Se exhorte al Estado de Venezuela garantice el pleno ejercicio de la libertad sindical, cese la política de promover sindicatos paralelos y se respete el fuero sindical.
4.-Cese en las empresas e instituciones del Estado los despidos de dirigentes sindicales o de trabajadores y trabajadoras por participar en actividades convocadas por las organizaciones sindicales y se exhorte a las Inspectorías del Trabajo a impedir estas prácticas en el sector privado.
5. Se recomiende al Estado de Venezuela genere espacios para el diálogo con la dirigencia sindical para canalizar por mecanismos democráticos los reclamos del sector laboral.
Octubre 28 de 2011
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Notas:
1 En el año 2009 organizaciones sindicales, estudiantiles y organizaciones de derechos humanos promovieron una intensa campaña contra la criminalización de la protesta que obligó a pronunciamientos de altos funcionarios del Estado y coadyuvó para que el Ministerio del Interior y Justicia dictara una Resolución que regula la actuación de los organismos policiales en manifestaciones públicas
2 Informe de las organizaciones Espacio Público y Provea sobre manifestaciones en el país durante el año 2010. Disponible en: http://bit.ly/ezq9CF
3 Informe de las organizaciones Espacio Público y Provea sobre manifestaciones en el país durante el primer semestre de 2011. Disponible en: http://bit.ly/pk7JJU
4 La sentencia fue dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia, en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz
5 Idem
6 Artículo 106. Competencia. Cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si se avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Artículo 107. Procedencia. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.
7 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Penal. Sentencia de fecha 03.03.11. Exp Nro 11-88 (en línea) < HYPERLINK “http://bit.ly/hDRRZK” http://bit.ly/hDRRZK>. Consulta del 19.09.11
8 Entrevista concedida por Rubén González a Provea en fecha 07.07.11
9 Empresa de capital mixto desde 2008 con capitales venezolanos y de la República Federativa de Rusia
10 Los sindicalistas imputados fueron: Edwar López Secretario General, Ruby Chirinos Secretario de Actas, Alan Ortega Secretario de Organización y José Infante Secretario de Reclamos.
11 Se les imputan los delitos de violación a la zona de seguridad, apropiación indebida calificada, obstaculización al ejercicio del derecho laboral y hacerse justicia por sus propias manos
12 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Memoria y Cuenta 2010. Capítulo III. Logros institucionales. Versión digital.
13 El Tiempo. Sindicalista dijo que ha recibido amenazas. 09.04.11 pág. 3
14 testimonio presentado ante la organización Provea por los sindicalistas Lexis Vegas, Alexander García y Carlos Salazar en fecha 23.05.11
15 Testimonio de Alexis Polanco ante Provea el 15.06.11
16 Durante seis años organizaciones sindicales y de derechos humanos vienen denunciando enfrentamientos violentos entre sindicalistas por el control de la venta de puestos de trabajo y otras desviaciones de la actividad sindical.
17 Se presume que en muy pocos casos las muertes o heridos son resultado de la acción de funcionarios del Estado o por mandato de éstos.
18 Corresponde al Ministerio Público investigar las causas de los homicidios y determinar responsabilidades
19 Agencia venezolana de Noticias. CICPC y órganos de seguridad de Bolívar investigan muerte de trabajador de Ferrominera (en línea) Consulta del 16.08.11
20 Los sindicalistas del sindicato de Ferrominera Rubén González como Alfreddo Spooner se acusaron mutuamente de ser responsables de los hechos violentos
21 El sindicalista quedó bajo régimen de presentación cada quince días acusado de porte ilícito de arma de fuego.
22 MINISTERIO PÚBLICO. (en línea) http://www.ministeriopublico.gob.ve” www.ministeriopublico.gob.ve Ministerio Público acusó a hombre por muerte de trabajador de Ferrominera. Consulta del 16.08.11
23 El sindicalista Rubén González en entrevista concedida a Provea en fecha 08.07.09 afirmó que el trabajador Rodney Álvarez había sido torturado y se le había prometido libertad si lo acusaba de ser el autor intelectual del homicidio.
24 Agencia Venezolana de Noticias. (en línea) www.avn. info.ve Mibam rechaza acciones de violencia en portones de empresas básicas Consulta del 16.08.11
25 En entrevista concedida a Provea en fecha 10.07.11 el sindicalista acusó a integrantes del grupo Muralla Roja del sector construcción de ser los responsables de los hechos violentos. Por el caso están procesados dos personas uno de ellos Jorge Alejandro Martínez Escalona hijo del líder del sindicato Muralla Roja Andrés Escalona..
26 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. pág 208-223 (en línea) Consulta 12.08.11
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