La Defensoría del Pueblo propone la instauración de un Protocolo de Atención en los centros de salud públicos y privados, de obligatoria observancia, mediante el cual se establezcan las condiciones mínimas de atención que deben recibir los ciudadanos que acuden a estos centros en casos de emergencia, a los fines de lograr la estabilización inmediata de los mismos.
Dicha propuesta fue planteada por la defensora del Pueblo Delegada del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Nahomí Figuera, en una reunión sostenida con el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), Rafael Ríos, reseñó la institución en su portal web.
Figuera señaló que en la propuesta se contempla que "el personal médico debe efectuar las gestiones internas y externas que se requieran para asegurar el ingreso de los pacientes a un centro de salud distinto al cual fue trasladado en primera instancia, en caso de que éste no disponga de las condiciones suficientes para garantizar la vida de las personas, con lo cual se evitaría el ruleteo".
La reunión se efectuó con el objeto de conocer los avances de las investigaciones sobre el caso del niño Oscar Daniel Valero, quien murió, el pasado 19 de octubre, luego de que no se le prestara la debida atención médica en centros privados de salud por no poder acceder a su clave de seguros.
En el encuentro la funcionaria expuso en detalle cada una de las actuaciones defensoriales respecto al caso, y luego de valorar comentó que "en efecto se presume la vulneración de derechos humanos, específicamente el derecho a la salud, a disponer de servicios de salud y a la seguridad social", luego de lo cual recomendó continuar el seguimiento del suceso ante el Ministerio Público (MP).
Por su parte, el presidente de la Comisión de la AN, Rafael Ríos, afirmó que "es necesario sentar un precedente para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse, que además se desvían de las políticas del Estado, y por consiguiente vulneran los derechos humanos".
En ese sentido, Ríos considera que en este caso debe imponerse la justicia social: "De aquí gran parte de nuestro interés por conocer los alcances de estas investigaciones".
El legislador celebró la propuesta de la Defensoría del Pueblo y subrayó que es necesario establecer protocolos de actuación en todas las emergencias, y al mismo tiempo articular a las mismas en todo el país, así como establecer una coordinación que impida el denominado ruleteo.
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