Arrecian presiones contra empleados públicos
Supervisores y jefes intermedios son acosados por el PSUV para que identifiquen y denuncien a los trabajadores no leales al gobierno, señalaron funcionarios
14 DE MARZO 2014 - 07:50 PM
"Nunca estuve tan presionada como en las últimas tres semanas para obligar al personal que depende de mí para que vaya a las actividades de calle convocadas a última hora", dijo una supervisora de un organismo público que solicitó no mencionar su nombre. Agregó: “Siempre he hecho mi trabajo sin meterme en política" y por ello anteriormente instaba a los trabajadores a asistir a las marchas firmando su asistencia.
“Ahora me exigen constantemente que pase lista en el lugar de trabajo y en los puntos de partida y llegada de cada actividad de calle", afirmó.
Un jefe de división de un ministerio y simpatizante del proceso, que también pidió no citar su nombre, contó: "A cada rato me preguntan si soy leal al presidente Nicolás Maduro porque hay que identificar y denunciar a los traidores sin importarles que esa gente cumple cabalmente sus obligaciones".
Funcionarios de base de varias instituciones del Estado afirmaron que, además del acoso político, militantes del PSUV les recuerdan que gracias al gobierno tienen empleo y cobran un sueldo por lo que deben responder con lealtad a la revolución. Indicaron que jefes y trabajadores son requeridos en cualquier momento para llevar a cabo una actividad por la paz y en apoyo al gobierno.
“Estoy contra la violencia venga de donde venga, pero es injusto que te obliguen a marchar o participar en concentraciones hasta sábado y domingo, días de descanso establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, para hacerle contrapeso e impedir el paso a actividades pacíficas planificadas con antelación por los estudiantes u otros grupos de la sociedad civil”, expresó uno de los empleados públicos consultados.
"La política de persecución y acoso se ha profundizado y extendido incluso a los trabajadores que están con el proceso revolucionario", informó Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, central de izquierda disidente. Refirió que la situación de los empleados es muy delicada porque los amenazan con despedirlos o desconocerles beneficios socioeconómicos cuando tienen una familia que mantener.
Carbone recordó que el 6 de enero Maduro prometió incorporar el aumento de 10% al salario mínimo, sueldo de partida del tabulador de la administración pública, al resto de los pasos y cargos de la escala de ese tabulador, pero a la fecha la medida no se ha concretado con lo que hay un solapamiento salarial en el que la mayoría de los funcionarios devengan el mínimo (3.270,3 bolívares mensuales) o un poquito más.
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