“Nuestra mayor preocupación es que pareciera que las políticas sociales del Gobierno se estancaron. Los efectos positivos que venían teniendo los sectores más pobres ya no tienen los mismos resultados que antes”, aseguró Marino Alvarado, coordinador general de Provea, durante la presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela que contempla el período de octubre 2009 a septiembre 2010.
Dicho estudio reveló que aumentó la pobreza en 14 estados de Venezuela, “en algunos hasta 4 ó 5 puntos, y en otros en un punto”.
Alvarado aseguró que “quien revise los datos del Instituto Nacional de Estadística se va a encontrar con que, hasta antes del golpe de Estado de 2002, el país venía reduciendo la pobreza. Después del paro petrolero, se incrementó significativamente y, desde hace tres años, se estancó. Ahora, con el nuevo aumento lo que nos preocupa es que pareciera que esta tendencia a bajar la pobreza empiece a revertirse en una situación de regresividad”.
La desaceleración de la lucha contra la pobreza y el estancamiento de varias misiones sociales han generado “un creciente descontento de la población que aumentó notablemente el número de protestas”.
Durante el año que cubre el informe, Provea registró 2.591 manifestaciones por derechos económicos, sociales y culturales, lo que representa 78,15% del total de las protestas, mientras que fueron 686 las que exigieron derechos civiles y políticos.
UNA DÉCADA DE PROTESTAS
“Si bien en Venezuela se garantiza constitucionalmente el derecho a la manifestación pacífica, durante los últimos cinco años las posibilidades de perder la libertad personal, e incluso la vida, se han incrementado progresivamente”, señaló Mariana Belalba, abogada de Espacio Público.
Desde el año 2005, se inició un proceso de criminalización de la protesta social “utilizando el sistema de administración de justicia” y, a la fecha, “más de 2.400 personas se encuentran procesadas en régimen de medidas cautelares, lo que implica que deben presentarse cada 15, 30 ó 45 días, en muchas casos fuera de sus lugares de trabajo, lo que les genera una carga económica”, añadió Belalba.
La abogada denunció que muchos de esos procesados tienen prohibición de hablar sobre su caso y de manifestar nuevamente. “También hay personas privadas de libertad, como el sindicalista Rubén González, a la espera de un juicio por participar en una huelga en el estado Bolívar”, ejemplificó.
A pesar de las represiones, la protesta pacífica se ha incrementado sustancialmente. Según el informe, en los últimos diez años se contabilizaron 19.250 manifestaciones y, solamente durante el período que evaluó este estudio, se presentaron 3.315, mientras que el año pasado fueron 2.857.
“No sólo se han incrementado, sino que se han ido radicalizando las manifestaciones públicas ante la ausencia de respuesta por parte de las instituciones del Estado. En el último período hubo siete tomas o quemas de establecimientos policiales. El año pasado, sólo hubo una huelga de hambre y este año se sumaron 105”, informó la representante de Espacio Público.
Belalba indicó que los sectores de menores recursos son los que más protestan y la mayoría de sus reclamos se orientan a las exigencias laborales. De todas las manifestaciones durante esta década, 71% (13.790) fueron por derechos económicos, sociales y culturales.
MÁS TORTURAS Y EJECUCIONES
Alvarado destacó que, entre octubre 2009 y septiembre 2010, se registraron 237 casos de violaciones a los Derechos Humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa un incremento de 15% respecto al lapso anterior.
En su mayoría, se presentaron casos de ejecuciones, con un total de 199 víctimas; uso indiscriminado de la fuerza, con 16 personas; torturas o tratos inhumanos, con 10 fallecidos; el uso excesivo de la fuerza, con nueve; y las muertes por negligencia, con tres personas.
Alvarado atribuye el incremento de los casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales al “progresivo deterioro de los cuerpos policiales, pues casi 25% de los delitos que se producen en Venezuela, son cometidos por funcionarios policiales”.
También detalla dos situaciones que contribuyen a que estas violaciones a los DDHH persistan: los altos niveles de impunidad y el hecho de que no se haya intervenido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Hago un llamado al presidente Chávez para que, así como ha hecho un esfuerzo con la creación de la Policía Nacional, profundice la reorganización del Cicpc, porque es el cuerpo más denunciado por torturas y ejecuciones. No se suficiente el mecanismo de investigación interno que tiene el Cicpc para contener las irregularidades que cometen los funcionarios de este organismo”, puntualizó.
CIFRAS
•50% han disminuido la cantidad de planteles bolivarianos, respecto al año pasado
•9,6% es la tasa de desempleo, mientras que en 2009 era de 6,6%
•232 casos de conflictos laborales se registraron durante 2010
•3 millones de viviendas es el déficit habitacional
•1.484% aumentaron las denuncias de casos respecto a la libertad personal con 12.837 víctimas, la cifra más alta desde 1989
•66,2% de privados de libertad están sin sentencia firme
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